Nicaragua: El gobierno aumenta el riesgo de contagio del COVID-19 en un país ya devastado por dos años de crisis

Mientras el mundo se enfrenta a un desafío histórico, el gobierno del presidente Daniel Ortega ignora flagrantemente las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en relación con la pandemia del COVID-19, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas en Nicaragua, dijo Amnistía Internacional hoy. Esto se aúna a la grave crisis de derechos humanos que azota al país desde hace dos años, con un saldo de al menos 328 personas muertas, unas 2,000 heridas y más de 100 mil personas forzadas a huir del país.

“La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el COVID-19 pone en evidencia una vez más que el gobierno del presidente Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de las y los nicaragüenses, dejándolos en total desprotección”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Desde el 18 de abril de 2018, el gobierno del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento, la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que, después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a la población ante la pandemia”.

Organizaciones locales han denunciado que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones emitidas por organismos internacionales sobre el COVID-19 y que, por el contrario, ha tomado acciones que podrían poner en peligro a miles de personas. Así, en plena pandemia, el 5 de abril, instituciones estatales organizaron una misa pública para dar inicio al periodo de celebraciones religiosas. El 6 de abril, entidades estatales impulsaron un evento público para elegir la Reina Verano 2020 del departamento de Managua y, el 12 de abril, el Instituto Nicaragüense de Turismo organizó el Summer Music Fest 2020 en varias localidades.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado que las autoridades han promovido otros actos masivos durante marzo y abril, como desfiles y actividades turísticas. Además, previo al receso escolar que inició el 5 de abril por las celebraciones religiosas de Pascua, medios de comunicación reportaron que algunos padres y madres fueron presionados por personal de las escuelas para llevar a sus hijos e hijas a los centros educativos.

La Organización Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación por la respuesta del gobierno de Nicaragua ante el COVID-19, al no incluir medidas de distanciamiento social, pero si la convocatoria de aglomeraciones masivas. Además, calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados por las autoridades.

Grupos locales continúan denunciando la falta de información proporcionada por el gobierno sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención. Por ello, han organizado sus propios mecanismos de recopilación y procesamiento de información sobre casos sospechosos de COVID-19 y difunden públicamente información sobre las medidas para prevenir el contagio.

Las autoridades nicaragüenses deben garantizar que la población tenga acceso inmediato a información veraz, exacta y científica sobre la pandemia, a medida que ésta se desarrolla, y sobre las medidas de prevención de contagios.

Personas privadas de su libertad entre las más vulnerables ante el COVID-19

En el contexto del COVID-19, la situación de las personas detenidas en comisarías o en el sistema penitenciario nicaragüense es especialmente preocupante. Centenares de personas han sido encarceladas desde abril de 2018 por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Al 26 de marzo de 2020, y a pesar del compromiso previo del gobierno, organizaciones locales reportaron que al menos 70 de estas personas permanecen aún en prisión.

Amnistía Internacional ha corroborado las precarias condiciones en las cárceles nicaragüenses con personas que estuvieron detenidas por razones políticas. Amaya Coppens, quien fue detenida en dos ocasiones y estuvo privada de libertad en tres centros de detención diferentes, describió como el hacinamiento, la falta de acceso a agua potable, las condiciones insalubres y la falta de atención médica son parte de la cotidianeidad en los centros de detención. Relató que, pese a que desarrolló hipertensión en la cárcel, las autoridades penitenciarias nunca le suministraron medicinas.

“El gobierno ha demostrado una negligencia generalizada en el manejo de la pandemia. Por eso, tenemos miedo de un brote de COVID-19 en las cárceles, donde las condiciones son infrahumanas. Las personas detenidas por razones políticas han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, pero ahora, con la crisis sanitaria están en una situación aún más vulnerable, por ello debemos seguir insistiendo en su libertad y en una mejora sustancial de las condiciones en las cárceles”, dijo Amaya Coppens.

Adicionalmente, grupos locales denuncian que en algunos centros de detención a las familias que visitan a personas detenidas se les ha negado el ingreso de productos de higiene y limpieza en los paquetes semanales que preparan para sus familiares, así como la falta de información y de medidas de seguridad y protocolos de actuación del sistema penitenciario para responder al COVID-19.

Un familiar de María Esperanza Sánchez García, la única mujer del grupo de 70 personas detenidas por motivos políticos, y quien su familia señaló que padece de asma e hipertensión, dijo a Amnistía Internacional que estaba “preocupada por su estado de salud, ya que está claramente expuesta a contagiarse del virus. Las medidas de higiene no son suficientes, ya que hay poco espacio en las celdas. Hay 70 detenidas juntas en el mismo pabellón donde se encuentra ella”.

Asimismo, un abogado que representa a personas detenidas por motivos políticos expresó a Amnistía Internacional sus preocupaciones por uno de sus defendidos que sufre graves padecimientos de salud y está a mayor riesgo de contagio del COVID-19 ante la falta de medidas preventivas que deben ser promovidas por el Estado. El abogado dijo que, debido al hacinamiento carcelario, la deficiente o nula atención médica y el limitado acceso al agua potable, solicitó a las autoridades judiciales autorización para ingresarle a sus defendidos productos de limpieza, protección y aseo personal y requirió que uno de sus representados, que tiene enfermedades respiratorias, espere el juicio con detención domiciliaria. Tres semanas después, las autoridades aún no emiten respuesta sobre sus requerimientos.

El 8 de abril, el gobierno nicaragüense anunció, en el marco de las celebraciones religiosas de Pascua, la excarcelación de 1,700 personas bajo el régimen de convivencia familiar. Sin embargo, organizaciones locales señalaron que en ese grupo no fue incluida ninguna persona detenida por razones políticas.

“El gobierno de Ortega no sólo ha privado arbitrariamente de la libertad a decenas de personas, sino que además pone en riesgo su salud al mantenerlos encarcelados y en condiciones precarias. Reiteramos una vez más nuestro llamado a las autoridades de liberar inmediatamente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”, dijo Erika Guevara Rosas.

Asimismo, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de Nicaragua a garantizar agua, saneamiento, productos de higiene y acceso a atención de salud para toda la población carcelaria, así como una política integral de salud pública que contribuya a paliar la propagación del COVID-19 y que responda a los requerimientos establecidos por los organismos internacionales expertos en la materia.