El gobierno de Malta, decidido a impedir más desembarcos en el país, también ha recurrido a utilizar embarcaciones privadas para mantener bajo su coordinación a las personas rescatadas en el mar. A fecha de 28 de mayo, aproximadamente 425 personas rescatadas en el mar en incidentes distintos los días 29 de abril y 7, 22, 25 y 27 de mayo están a bordo de cuatro embarcaciones privadas.

Desde abril, las autoridades de Malta han trasladado a personas solicitantes de asilo rescatadas en el Mediterráneo central a embarcaciones privadas utilizadas para turismo costero y, con el pretexto de la COVID-19, las han estado reteniendo durante días en esos transbordadores fuera de las aguas territoriales maltesas. La situación a bordo se está volviendo insostenible, ya que dichas embarcaciones no son adecuadas para estancias prolongadas. Las autoridades maltesas deben poner fin a la detención arbitraria de estas personas y desembarcarlas inmediatamente en Malta, garantizando que puedan solicitar asilo y acceder a una recepción adecuada.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Primer Ministro
Dr Robert Abela MP, Prime Minister

Office of the Prime Minister

Auberge de Castille

Valletta VLT 1061

Correo-e: robert.abela@gov.mt

Twitter: @RobertAbela_MT

Señor Primer Ministro:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la situación de las personas solicitantes de asilo que actualmente se hallan retenidas por las autoridades maltesas en embarcaciones privadas cerca de Malta.

Desde abril, su gobierno ha trasladado a personas rescatadas en el mar a embarcaciones privadas fletadas por Malta, y las ha mantenido justo al otro lado de las aguas maltesas. El gobierno de Malta ha retenido a estas personas solicitantes de asilo en el mar, sin indicar cuándo las desembarcaría y, en vez de ello, ha utilizado su sufrimiento para coaccionar a otros gobiernos europeos a fin de que les brinden ayuda y las reubiquen.

Nada justifica retener durante días a personas sin fundamento jurídico y en condiciones inadecuadas. Los transbordadores no son adecuados para estancias prolongadas ni pueden cubrir las necesidades de las personas rescatadas en el mar. La necesidad de evitar la propagación de la COVID-19 no es excusa para imponer medidas innecesarias, inhumanas y discriminatorias, como negarles el desembarco, a personas traumatizadas. La falta de solidaridad de otros Estados miembros de la UE no puede justificar tampoco la detención arbitraria de estas personas.

Por tanto, le pido que ponga fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que está cometiendo contra las personas detenidas a bordo de transbordadores, y ordene su desembarco inmediato y su traslado a estructuras abiertas en las que puedan recibir asistencia adecuada y, si lo desean, presentar solicitudes de asilo.

Atentamente,

[NOMBRE] 

Información complementaria

Desde abril de 2020, Malta ha empleado la COVID-19 para justificar su decisión de no autorizar el desembarco en Malta de personas rescatadas en el mar. Este hecho ha ido seguido de incidentes en los que embarcaciones en apuros han quedado en el mar a su suerte durante días, y de un incidente en el que Malta presuntamente ordenó a embarcaciones privadas que rescataran a personas en el mar y las desembarcaran en Libia, situación que está siendo objeto de investigación penal en Malta y que implica al propio primer ministro. Las devoluciones sumarias a Libia constituyen una vulneración del derecho europeo e internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados.

El gobierno de Malta, decidido a impedir más desembarcos en el país, también ha recurrido a utilizar embarcaciones privadas —propiedad de las empresas Captain Morgan y Supreme Cruises, y normalmente empleadas para trayectos diarios por las costas de Malta— para mantener bajo su coordinación a las personas rescatadas en el mar. A fecha de 28 de mayo, aproximadamente 425 personas rescatadas en el mar en incidentes distintos los días 29 de abril y 7, 22, 25 y 27 de mayo están a bordo de cuatro embarcaciones privadas.

Un grupo de 57 hombres, rescatados el 29 de abril por un barco de pesca, fue trasladado al día siguiente al Europa II. Otros dos grupos, de 45 y 78 personas respectivamente, fueron rescatados el 7 de mayo por una lancha de las Fuerzas Armadas de Malta y por un barco de pesca. Aunque a las familias (entre las que había 18 mujeres y niños) que formaban parte de estos grupos se les permitió desembarcar en Malta, las 105 personas restantes fueron trasladadas primero al transbordador Bahari y posteriormente, el 15 de mayo, al transbordador Atlantis. Desde entonces, se ha dejado a estas personas a bordo de estos dos barcos de crucero, que son embarcaciones de recreo que no están diseñadas para cubrir las necesidades de estancias prolongadas. Las autoridades de Malta les han provisto de colchones y alimentos, y se ha tenido noticia de que se han realizado pruebas de COVID-19. Sin embargo, informaciones proporcionadas por medios de comunicación y ONG indican que la situación de las personas que se hallan a bordo es inadecuada y está dando lugar a un estado de creciente angustia, depresión y ansiedad; según la información recibida, algunas personas se han declarado en huelga de hambre y otras han intentado suicidarse.

Más recientemente, el 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Malta rescataron a 140 personas en dos operaciones diferentes. El gobierno maltés volvió a fletar la embarcación Bahari, y trasladó a las personas rescatadas al transbordador, salvo a 19 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, a quienes llevaron a tierra por razones humanitarias. El 25 de mayo, otro grupo de 90 personas fue rescatado por un barco patrulla de las Fuerzas Armadas de Malta y al día siguiente fue trasladado a los transbordadores. El 26 de mayo se permitió a ocho niños y 18 mujeres desembarcar en Malta. Tras el rescate de otro grupo de 75 personas por parte de las Fuerzas Armadas de Malta el 27 de mayo, el gobierno maltés decidió fletar una cuarta embarcación, Jade, propiedad de la empresa Supreme Cruises.

A fecha de 28 de mayo, unas 425 personas permanecen retenidas fuera de aguas maltesas en cuatro transbordadores. Aunque las personas a bordo tienen derecho a solicitar asilo en Malta si así lo desean, las autoridades maltesas no han permitido al ACNUR visitarlas. La Agencia para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo (AWAS, por sus siglas en inglés) de Malta tampoco ha tenido acceso a estas personas, según los informes. Las personas que están en estos barcos no tienen acceso al mundo exterior, a personal médico ni a asistencia letrada de su elección. Ello hace imposible contar con información precisa sobre su número e identidad. A pesar de que las autoridades maltesas han empleado la pandemia de COVID-19 para justificar su decisión de cerrar los puertos del país, es evidente que no están utilizando la detención de personas refugiadas y migrantes en embarcaciones privadas fuera de aguas jurisdiccionales de Malta como medida de cuarentena. No se ha informado de una fecha de finalización de su detención y, en vez de ello, Malta ha iniciado con la Comisión Europea unas tensas negociaciones sobre la reubicación de estas personas.

El gobierno de Malta no ha aclarado las razones concretas ni la base jurídica de dichas medidas, más allá de referirse de manera genérica a la supuesta incapacidad del país de asistir a las personas refugiadas y migrantes durante la crisis de COVID-19. En vez de ello, ha amenazado con no permitir el desembarco de personas hasta que otros Estados miembros de la UE se ofrezcan a brindarles su ayuda. Tales acciones parecen vulnerar el derecho a solicitar asilo y el derecho a la libertad de las personas refugiadas y migrantes afectadas. Las medidas que restringen determinados derechos humanos —por ejemplo para proteger la salud pública— pueden en ocasiones ser necesarias; no obstante, deben dictarse con arreglo a la ley y ser proporcionadas y necesarias para lograr un objetivo legítimo. Además, deben respetar el principio de no devolución y otras obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional, incluido el derecho de asilo.

Malta tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que tratan de llegar al país en barco desde el norte de África, incluida la detención arbitraria de personas que logran llegar a Malta. Asimismo, Malta ha eludido la responsabilidad de rescatar a personas en peligro de ahogarse en el Mediterráneo central. Durante los últimos años, Malta ha respaldado activamente las políticas de la UE de externalizar a Libia la responsabilidad de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central, aunque ello haya dado lugar a que personas interceptadas por las autoridades libias sean desembarcadas en Libia y detenidas arbitrariamente en centros en los que afrontan condiciones terribles y riesgo de sufrir tortura. Aunque dichas acciones han reducido drásticamente el número de personas que cruzan el Mediterráneo central y llegan a Europa en barco, más de 3.400 personas llegaron a Malta por mar en 2019, y más de 1.200 han llegado hasta ahora en 2020.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés o maltés.

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 9 de julio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/eur33/2394/2020/es/