FILIPINAS: TEMOR DE QUE “LOS CINCO DE TACLOBAN” SEAN JUZGADOS SIN GARANTÍAS

Martes, 30 de junio, 2020

La periodista comunitaria Frenchie Mae Cumpio, Mariel Domequil, de los Misioneros Rurales de Filipinas, Marissa Cabaljao, portavoz de la red People Surge, Mira Legion de la alianza Bagong Alyansang Makabayan-Visayas Orientales, y Alexander Philip Abinguna, miembro del Consejo Nacional de la organización Karapatan, fueron detenidos el 7 de febrero de 2020 en redadas que se llevaron a cabo simultáneamente en la ciudad de Tacloban


El 7 de febrero de 2020, cinco activistas fueron arrestados tras una redada ilegal en sus oficinas. A pesar de que las autoridades no realizaron una investigación sólida sobre las denuncias de los activistas, el 23 de junio el tribunal denegó su petición de que la orden de registro utilizada se considerase no válida. Amnistía Internacional pide al Departamento de Justicia de Filipinas que investigue estas acusaciones sin demora y de forma minuciosa, efectiva e imparcial, y que, si se demuestra que son ciertas, retire todos los cargos contra los activistas y garantice su puesta en libertad.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Secretario de Justicia / Secretary
Menardo I. Guevarra

Department of Justice, Philippines

Padre Faura Street

Ermita, Manila 1000
Filipinas

Fax: (632) 8526-2618

Correo-e: communications@doj.gov.ph y osecmig@gmail.com

Señor Secretario Guevarra:

Le escribo para expresarle mi preocupación por el procesamiento de cinco activistas arrestados en la ciudad de Tacloban a comienzos de este año –Frenchie Mae Cumpio, Mariel Domequil, Marissa Cabaljao, Mira Legion y Alexander Philip Abinguna–, miembros activos de organizaciones que se dedican al periodismo independiente, los derechos humanos y los problemas ambientales.

Las circunstancias en que se produjo el registro de sus oficinas y que tuvieron como consecuencia su arresto el 7 de febrero de 2020 siguen siendo cuestionables, y hay denuncias de que se colocaron pruebas y no hubo testigos. Por tanto, me parece preocupante saber que el 23 de junio de 2020 un tribunal denegara su petición de considerar no válida la orden de registro, a pesar de que no se ha realizado ninguna investigación sólida sobre estas denuncias.

Agentes de la policía y el ejército irrumpieron en sus oficinas aproximadamente a la 1 de la madrugada del 7 de febrero. Según los informes, el equipo que llevó a cabo la operación apuntó a los cinco activistas con sus armas y luego les dijo que abandonaran las dependencias para, a continuación, llevar a cabo el registro sin testigos. Como sabe, de ser ciertas estas estas denuncias, se violó lo que dispone la ley filipina para la realización de registros.

Los activistas afirman también que el equipo que llevó a cabo la operación colocó pruebas contra ellos, incluidos unos explosivos y unas armas de fuego que supuestamente encontraron en sus camas. Lamentablemente, la colocación de explosivos y armas de fuego como prueba falsa es un método ampliamente documentado en Filipinas para detener a activistas por cargos que no admiten libertad bajo fianza e impedir sus actividades.

En este contexto, me preocupa que la desestimación de la solicitud de los activistas de considerar no válida la orden de registro, sin investigar adecuadamente las denuncias efectuadas, impide que los cinco activistas sean juzgados con garantías.

Pedimos a su departamento que investigue estas acusaciones sin demora y de forma minuciosa, efectiva e imparcial, y que, si se demuestra que son ciertas, retire todos los cargos contra los activistas y garantice su puesta en libertad. De resultar probada la veracidad de estas denuncias, deben retirarse todos los cargos contra los activistas, garantizar la puesta en libertad de los que sigan detenidos y hacer rendir cuentas ante la justicia, en juicios con las debidas garantías, a todas las personas razonablemente sospechosas de ser responsables de las violaciones.

Muchas gracIas por su atención.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

La periodista comunitaria Frenchie Mae Cumpio, Mariel Domequil, de los Misioneros Rurales de Filipinas, Marissa Cabaljao, portavoz de la red People Surge, Mira Legion de la alianza Bagong Alyansang Makabayan-Visayas Orientales, y Alexander Philip Abinguna, miembro del Consejo Nacional de la organización Karapatan, fueron detenidos el 7 de febrero de 2020 en redadas que se llevaron a cabo simultáneamente en la ciudad de Tacloban.

Legion y Cabaljao se enfrentan a cargos de posesión ilegal de armas de fuego, y ahora están en libertad bajo fianza. Cumpio, Domequil y Abinguna se enfrentan a cargos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, sin posibilidad de libertad bajo fianza, y están detenidos en las celdas de la comisaría de la ciudad de Palo.

La vista incoatoria en la que Domequil y Cumpio fueron informadas de los cargos contra ellas se celebró el 18 de febrero de 2020, mientras que la de Cabaljao, Legion y Abinguna se celebrará el 2 de junio de 2020. El 23 de junio de 2020, el tribunal regional de la ciudad de Tacloban denegó la solicitud de los activistas de considerar no válida la orden de registro utilizada durante la operación, que calificaron como “defectuosa”, así como la información presentada contra ellos, además de rechazar las pruebas incautadas durante el registro y devolver los artículos incautados no incluidos en la orden de registro. Las vistas continúan.

Desde que el presidente Rodrigo Duterte tomó posesión del cargo en 2016, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos han estado cada vez más sometidos a reiterados acosos, amenazas y agresiones, incluidos homicidios. Muchos de estos activistas y defensores y defensoras pertenecen a organizaciones que el gobierno o individuos desconocidos han etiquetado como “rojas”, o han acusado —sin pruebas creíbles— de ser la fachada de grupos comunistas, acusación que han negado reiteradamente.

En medio del deterioro del expediente de derechos humanos del país, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó su informe sobre Filipinas el 4 de junio de 2020, en el que afirma que “los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas y acoso legal durante casi 20 años”,  y que la acción de “etiquetar como rojos” –señalar a individuos o grupos (incluyendo a defensores de los derechos humanos y a ONG) como comunistas o terroristas– “ha supuesto una seria amenaza para la sociedad civil y la libertad de expresión”.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 10 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Frenchie Mae Cumpio (femenino), Mariel Domequil (femenino), Marissa Cabaljao (femenino), Mira Legion (femenino) y Alexander Philip Abinguna (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa35/1810/2020/es/


Tags: FILIPINAS, JUICIO, CENSURA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

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