Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela
De conformidad con la resolución 42/4 del Consejo de Derechos Humanos, este informe presenta un panorama general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, en el que se incluyen los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad de las personas
1 En la resolución 42/4 del Consejo de Derechos Humanos se solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en su 44º período de sesiones, que incluya los resultados de la investigación sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación”.
2 El tema del presente informe es la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, concretamente en lo referente a las cuestiones señaladas en la resolución 42/4. En este informe también se describe a grandes rasgos la cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el período de referencia.
3. El 20 de septiembre de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos firmaron una Carta de Entendimiento que establece los parámetros de cooperación durante un período de un año, renovable previo nuevo acuerdo entre ambas partes. En octubre de 2019, se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica. Sobre esta base, dos oficiales de derechos humanos del ACNUDH han estado trabajando en Venezuela desde octubre de 2019 bajo el mandato de la Alta Comisionada e integradas en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha contado con apoyo temporal de tres oficiales de derechos humanos en actividades contempladas en el plan de trabajo.
4. El presente informe se basa en los datos recopilados por el ACNUDH en entrevistas con múltiples fuentes y reuniones con un amplio abanico de funcionarios estatales y otros interesados. Se han tenido en cuenta la información oficial y los datos facilitados por el Gobierno, el Ministerio Público y el poder judicial, concretamente mediante un cuestionario enviado por el ACNUDH a los efectos del presente informe. También se reflejan en este informe el análisis de la información y los documentos proporcionados por las víctimas, la sociedad civil y otras fuentes.
5. Las conclusiones presentadas en este informe se han documentado y corroborado de acuerdo con la metodología del ACNUDH. El ACNUDH ejerció la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y cotejó la información recopilada para verificar su validez. El ACNUDH recabó el consentimiento informado de las fuentes entrevistadas, garantizando la confidencialidad cuando se le solicitó, y adoptó las medidas oportunas para proteger su identidad.
6. Durante el período que abarca el presente informe, la crisis política se ha agudizado debido a la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición. A pesar de los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional, los principales actores políticos no han podido encontrar una solución negociada y comprensiva que resuelva la prolongada crisis política. Los debates políticos se han centrado principalmente en el establecimiento de las condiciones para la celebración de elecciones parlamentarias, previstas para 2020, y en la exigencia de la oposición de que se celebren elecciones presidenciales anticipadas. El ACNUDH acoge los recientes esfuerzos desplegados por el Gobierno y la oposición política para aunar fuerzas con la Organización Panamericana de la Salud a fin de colaborar en la aplicación de políticas y la búsqueda de recursos financieros internacionales para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
7. El ACNUDH acoge con satisfacción el estrechamiento de la cooperación con las autoridades y la mejora del acceso al país. Algunas de las cuestiones de interés en materia de derechos humanos presentadas en este informe se están abordando en el marco de la asistencia técnica solicitada por el Gobierno al ACNUDH en ámbitos tales como la prevención de la tortura, el acceso a la justicia y las condiciones de detención. La presencia del ACNUDH en la República Bolivariana de Venezuela también ha permitido estrechar las relaciones con las víctimas y hacer llegar con prontitud sus reclamos a los garantes de estos derechos.
Los derechos económicos y sociales
8 La población de la República Bolivariana de Venezuela siguió padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 la economía se contrajo un 25,5%2 y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28% adicional debido a la bajada de los precios internacionales del petróleo, la reducción de la producción petrolífera, el estancamiento económico como consecuencia de la COVID-19 y la repercusión de las sanciones económicas.
9 El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos. En agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América promulgó un decreto presidencial por el que se bloqueaban los bienes y los intereses financieros del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en aquel país, se prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y se autorizaban sanciones financieras a personas de otras nacionalidades que asisten o apoyan al Gobierno de Venezuela o a la corporación estatal de petróleos PDVSA.4 En el primer semestre de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América adoptó sanciones secundarias contra la aerolínea estatal CONVIASA y las empresas extranjeras que compran y distribuyen petróleo venezolano en mercados no estadounidenses.
10 Desde agosto de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha expedido 25 licencias que autorizan las transacciones relacionadas con la entrega de alimentos, suministros agrícolas, medicamentos y transferencias bancarias. A pesar de estas excepciones, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha afirmado que el exceso de cumplimiento (over-compliance), especialmente en el sector financiero, se ha traducido en controles más estrictos, retrasos administrativos y costos de transacción para las importaciones.
11 Aunque la reducción de la capacidad de producción de petróleo de PDVSA puede atribuirse a varios factores, entre ellos la mala gestión y la corrupción, las sanciones contra el sector petrolero han contribuido a la fuerte disminución de la producción petrolífera y a la consiguiente merma de ingresos que, de otro modo, podrían haberse destinado a programas sociales y servicios públicos.8 Estas sanciones sectoriales han afectado a la economía de la República Bolivariana de Venezuela en su punto más débil, ya que el 88,5%, aproximadamente, de sus exportaciones totales son productos petrolíferos. Sin embargo, la falta de acceso a los datos oficiales sobre presupuestos y gastos ha limitado la capacidad del ACNUDH de evaluar a fondo hasta qué punto estas sanciones han afectado directamente a la capacidad del Gobierno para adoptar medidas que, hasta el máximo de los recursos disponibles, proporcionen la mayor protección posible de los derechos económicos y sociales.
12 En el segundo semestre de 2019, el Gobierno adoptó reformas económicas y fiscales que consiguieron contener ligeramente la hiperinflación y aumentar la disponibilidad de bienes. Sin embargo, dichas reformas provocaron una dolarización de facto de los bienes y servicios, lo que aumentó la desigualdad entre la minoría con acceso a divisas y el resto de la población.
13 Aunque el Gobierno ha aumentado el salario mínimo un 1.200% desde julio de 2019, en mayo de 2020 su valor se estimó en 2,33 USD mensuales, lo que cubre el 1,1% de la canasta básica de alimentos.10 Según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en octubre de 2019, el 59% de los hogares declararon no disponer de ingresos suficientes para comprar alimentos.
14 En enero de 2020, el Gobierno informó de que el gasto social representaba el 76% del presupuesto nacional y que había mantenido la distribución de alimentos subvencionados a unos 6,2 millones de hogares.12 También informó de que seguía transfiriendo dinero periódicamente a unos 17 millones de personas, titulares del "Carnet de la Patria", y manteniendo un alto nivel de subvención de los servicios públicos.
15 El 13 de marzo de 2020, el Presidente Maduro decretó el "estado de alarma" para hacer frente a la pandemia de COVID-19, adoptando medidas tales como la cuarentena, la suspensión de las actividades laborales y académicas no esenciales y la restricción de movimientos.14 Solicitó el apoyo de las Naciones Unidas, designó 46 hospitales y 573 centros de salud para derivar a los afectados por la COVID-19 y adoptó medidas económicas para mitigar la repercusión del confinamiento social. Según cifras oficiales, la República Bolivariana de Venezuela ha registrado algunas de las cifras más bajas de casos confirmados en América gracias a la cuarentena temprana, la identificación anticipativa de casos positivos y las campañas de información.15 El Gobierno también solicitó la asistencia de las Naciones Unidas para abordar la cuestión del retorno de los más de 50.210 emigrantes afectados por las medidas adoptadas para combatir la COVID-19 en los países de acogida.
16 Siguieron deteriorándose la calidad y el acceso a los servicios básicos, tales como el transporte, la electricidad, el agua y el saneamiento, y el gas, lo que ha afectado negativamente al derecho a un nivel de vida adecuado. Los médicos y el personal de enfermería informaron de las malas condiciones de los hospitales públicos, entre ellas la falta de medicamentos y suministros médicos, la escasez de agua y los cortes de electricidad.17 Las sanciones han obstaculizado la importación de combustibles y disolventes lo cual ha agravado la escasez de combustible, lo que a su vez ha perturbado la producción y distribución de alimentos y restringido el acceso a los servicios de transporte y de salud, complicando aún más la respuesta a la COVID-19.
17 De acuerdo a la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, desde julio de 2019 hasta mayo de 2020, se registraron 10.026 protestas en toda la República Bolivariana de Venezuela.19 El 73% de éstas se debieron a los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de las cajas de asistencia alimentaria y la falta de servicios básicos, entre ellos la atención sanitaria. Desde abril de 2020, el ACNUDH viene observando un aumento de las protestas provocadas por la falta de agua, los altos precios de los alimentos y la escasez de combustible. En abril y mayo, 44 de estas protestas dieron lugar a saqueos. El ACNUDH documentó la muerte violenta de un hombre en el contexto de un saqueo en el Estado de Bolívar el 23 de abril de 2020, por la cual se inició un proceso penal en contra de cuatro elementos de la policía municipal por homicidio intencionado y uso indebido de arma orgánica. El 24 de abril, como respuesta a los altos precios de los alimentos, el Gobierno anunció que tomaría el control de varias empresas alimentarias durante un plazo de 180 días y que establecería controles de precios para 27 artículos de alimentación básicos. El 4 de mayo, el Presidente renovó el decreto del estado de emergencia económica que estaba en vigor desde mayo de 2016.
18 Las comunidades indígenas también han denunciado la falta de acceso a la atención médica. La escasez de combustible ha impedido el acceso al tratamiento médico fuera de sus territorios, a menudo aislados, y ha exacerbado el problema del acceso a los alimentos. Varios grupos indígenas, entre ellos los waraos, han denunciado la grave escasez de alimentos, que se ha agudizado desde la implantación de las medidas contra la COVID-19. El acceso al agua potable también es motivo de creciente preocupación, en particular para los wayuu. Estos últimos han organizado siete protestas contra el aumento de la escasez de agua, alimentos y medicinas desde la imposición de las medidas contra la COVID-19. Tres de estas protestas fueron respondidas con el uso excesivo de la fuerza, en particular una que tuvo lugar el 12 de abril en Estado Zulia en la que una mujer indígena resultó herida por perdigones.
19 En el marco de su respuesta a la grave situación humanitaria, en 2019 las Naciones Unidas prestaron asistencia humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela a más de 2,4 millones de los 7 millones de personas que se consideran necesitadas. Ésta se ha materializado en medicinas y equipo médico; apoyo al suministro de agua potable, el saneamiento y la higiene; equipos escolares; distribución de alimentos, vales en efectivo y apoyo para la agricultura, entre otros.
El espacio democrático y cívico
20. El ACNUDH siguió documentando restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos, que han continuado restringiendo el espacio cívico y democrático en el período previo al proceso electoral.
21. Desde el 5 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad han bloqueado, incluso por la fuerza, el acceso a la Asamblea Nacional de un grupo de parlamentarios que apoyan la renovación del nombramiento de Juan Guaidó como presidente de ésta. A junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia había retirado la inmunidad parlamentaria a 28 asambleístas de la oposición; cuatro estaban detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario; mientras que 36 asambleístas habían abandonado la República Bolivariana de Venezuela o se habían escondido, muchos de ellos acusados de traición, conspiración, incitación a la insurrección, rebelión civil y asociación para delinquir, entre otros delitos. Fueron detenidos un tío de Juan Guaidó, tres de sus ayudantes y una mujer relacionada con uno de los ayudantes. El 25 de mayo, el Fiscal General solicitó al Tribunal Supremo que dictaminara si el partido político Voluntad Popular podía considerarse una organización terrorista según la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 26 de mayo, el Tribunal Supremo validó la elección del 5 de enero de 2020 de Luis Parra como Presidente de la Asamblea Nacional. Además, el Tribunal Supremo declaró "en desacato" la Presidencia de Juan Guaidó.
22. Durante el período al que se refiere el presente informe, el Gobierno declaró que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia habían frustrado varios intentos de insurrección, rebelión y asalto a bases militares, entre ellos una incursión de antiguos miembros de las fuerzas armadas venezolanas y dos antiguos miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en el Estado Vargas, los días 3 y 4 de mayo de 2020.
23. Entre julio de 2019 y abril de 2020, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró 2.689 protestas que reclamaban derechos civiles y políticos. A pesar de que se constataron algunas restricciones al derecho de reunión pacífica, los oficiales de seguridad actuaron por lo general de manera contenida y, en la mayoría de los casos, respetaron las normas y estándares internacionales en materia de control de multitudes. El Gobierno organizó programas y actividades de capacitación para las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y las normas de derechos humanos.
24. Cuando se desplegaron las fuerzas de seguridad con ocasión de protestas convocadas por la oposición y por los estudiantes, se recibieron denuncias de intimidación de los manifestantes para impedirles llegar al destino que tenían proyectado o reunirse antes de comenzar la protesta. Esto es lo que ocurrió en las protestas nacionales organizadas por estudiantes y miembros de la oposición los días 16 y 21 de noviembre de 2019. Se reportaron más de 20 detenciones, entre ellas la de seis defensores de los derechos humanos que estaban vigilando las manifestaciones en el Estado Cojedes. En el Estado Lara, cinco personas permanecieron detenidas durante dos meses.
25. El ACNUDH también documentó ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas. Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques. El 11 de febrero, partidarios del Gobierno y, al parecer, colectivos armados atacaron a 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto de Maiquetía. El 29 de febrero, en el Estado Lara, miembros de los colectivos armados atacaron a los manifestantes y periodistas que se habían reunido en un mitin político convocado por Juan Guaidó. Después de estos ataques, los funcionarios de alto nivel solían desacreditar a las víctimas. Las manifestaciones organizadas por la oposición el mes de noviembre de 2019 vinieron precedidas y seguidas de actos de intimidación en las redes sociales contra algunos periodistas por parte de presuntos simpatizantes del Gobierno y funcionarios públicos. También se recibieron denuncias de bloqueo del acceso a las redes sociales en torno a las fechas más señaladas de las manifestaciones.
26. Además de la limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias, los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso.
27. Las organizaciones no gubernamentales, especialmente las críticas con el Gobierno, siguen encontrando obstáculos para ejercer su labor. El ACNUDH observó retrasos importantes en la inscripción de nuevas organizaciones y en la inscripción de nueva información jurídica de carácter obligatorio debido a la duración del proceso de examen de la documentación. Los funcionarios de alto nivel también hicieron declaraciones negativas para desacreditar a diversos defensores de los derechos humanos y ONG y reiteraron declaraciones sobre planes de adopción de una ley que tipifique como delito las actividades de las organizaciones que reciban fondos del extranjero.
28. El ACNUDH registró cinco desalojos forzosos en las sedes sindicales del Estado Bolívar y cinco allanamientos de sedes de partidos políticos, ONG y oficinas de medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad. También continuaron las amenazas a la autonomía de las universidades, en particular mediante el acoso a algunas de las autoridades universitarias y la apertura de procedimientos judiciales contra éstas. El ACNUDH acoge favorablemente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de febrero de 2020, de suspender la medida de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria, con la esperanza de que allane el camino para una solución negociada y sostenible coherente con la autonomía universitaria.
29. En noviembre de 2019, el Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad nacional que incluía el empleo de las milicias bolivarianas para "asegurar la paz" y la distribución de más de 300.000 fusiles a éstas. El 30 de enero de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una ley por la que se incorporan la Milicia Bolivariana a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
30. El decreto de "estado de alarma" promulgado el 13 de marzo de 2020 en respuesta a la COVID-19 no fue aprobado por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución. Al cierre del presente informe, el Gobierno ya ha prorrogado el "estado de alarma" en tres ocasiones (por 120 días), sobrepasando el límite de 60 días establecido por la Constitución.
31. El ACNUDH observó la aplicación discrecional del "estado de alarma" por parte de los militares, las fuerzas del orden y las autoridades locales. También observó la participación de los colectivos armados en la aplicación de las medidas de confinamiento en los barrios pobres, y constató restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se tradujeron en la detención por parte de las fuerzas de seguridad de manifestantes, periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos.
Informe completo: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf