El gobierno de Sudán del Sur debe cumplir plenamente la legislación nacional y el derecho internacional, que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Las autoridades deben abolir esta pena cruel, inhumana y degradante
Tras la decisión del Tribunal de Apelación de Sudán del Sur del 14 de julio de anular la condena a muerte impuesta a Magai Matiop Ngong por ser un niño en el momento del delito y remitir su causa al Tribunal Supremo para que dictase una condena apropiada, y la retirada de Magai de entre los presos en espera de ejecución el 29 de julio, Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, manifestó:
“Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelación de anular la condena a muerte de Magai Matiop Ngong, porque en virtud de la legislación de Sudán del Sur y el derecho internacional no se puede condenar a muerte a un niño. Magai es uno de los afortunados. Al menos otras dos personas que eran menores de edad en el momento del delito han sido ejecutadas en el país desde mayo de 2018; su vida se extinguió y, con ella, se apagó también la esperanza de sus familias.”
“El gobierno de Sudán del Sur debe cumplir plenamente la legislación nacional y el derecho internacional, que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito. Las autoridades deben abolir esta pena cruel, inhumana y degradante.”
Información complementaria
En su campaña anual de envío de cartas, Escribe por los Derechos, Amnistía Internacional dio prioridad al caso de Magai y movilizó a su membresía global para que escribiese al presidente Salva Kiir y pidiese la conmutación de su condena a muerte. Más de 765.000 personas de todo el mundo se solidarizaron con Magai y actuaron.
Sudán del Sur es uno de los cuatro países de África subsahariana que llevaron a cabo ejecuciones en 2018 y 2019.
Amnistía Internacional se opone en todos los casos sin excepción a la pena de muerte, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.
