Irán: Riesgo de ejecución de kurdo iraní torturado

Arsalan Khodkam, miembro de la minoría kurda de Irán, corre riesgo de ejecución en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Fue condenado a muerte por “espiar” tras un juicio manifiestamente injusto, que duró alrededor de 30 minutos y estuvo basado en “confesiones” que, según afirma, hizo bajo tortura. Jamás se le ha permitido el acceso a un abogado de su elección. La aplicación de la pena de muerte por “espionaje” constituye una violación del derecho internacional.

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Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary

Ebrahim Raisi

c/o Permanent Mission of Iran to the UN

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Suiza

Señor Raisi:

Arsalan Khodkam, de 47 años, miembro de la minoría kurda de Irán, corre riesgo de ejecución en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental. Fue condenado a muerte el 14 de julio de 2018 por “espiar” para el Partido Democrático Kurdo de Irán, grupo armado kurdo de oposición, cuando era miembro de baja graduación de la Guardia Revolucionaria. Ha negado constantemente el cargo y afirmado que las autoridades lo acusaron de espionaje al enterarse de que estaba en contacto, a través de Instagram, con un familiar de su esposa perteneciente al Partido Democrático Kurdo de Irán. Fue condenado a muerte menos de tres meses después de su detención, en un juicio manifiestamente injusto, que duró 30 minutos y estuvo basado en “confesiones” que, según afirma, hizo bajo tortura y otros malos tratos. Jamás se le ha permitido el acceso a un abogado de su elección. En febrero de 2020, su abogado intentó consultar el sumario de la causa y presentar una solicitud de indulto. La fiscalía dijo al letrado que no podía representar a Arsalan Khodkam y que se había rechazado una solicitud de indulto presentada anteriormente desde la prisión. En mayo de 2020 se comunicó a sus familiares que Arsalan podría ser ejecutado en cualquier momento.

Tras su detención el 23 de abril de 2018, Arsalan Khodkam fue trasladado a un centro de detención de la Guardia Revolucionaria instalado en el cuartel militar de Almahdi, en Urmía, donde pasó 36 días recluido en régimen de aislamiento, sin acceso a su familia ni a su abogado. Ha afirmado que, durante ese periodo, los interrogadores lo sometieron reiteradamente a tortura para hacerle “confesar”. La presunta tortura consistió, entre otras cosas, en reiterados episodios de flagelación y puñetazos y patadas, incluso en la espalda, donde tenía un implante quirúrgico. Debido a ello, se desmayó varias veces. Al parecer, los interrogadores lo tenían esposado de manera dolorosa durante largos periodos, en los que le negaban el acceso al aseo, por lo que tenía que orinarse encima o contenerse, con el consiguiente dolor de vejiga y riñón. Ha dicho que también le impedían dormir.

La Sección 1 del Tribunal Militar de Azerbaiyán Occidental lo declaró culpable de “enemistad con Dios” (moharebehmoharebeh) por “espionaje”. Fue en el juicio cuando se reunió por primera vez con su abogado de oficio, quien, según afirma, no hizo ninguna defensa. Interpuso un recurso, pero la Sección 32 del Tribunal Supremo lo desestimó, sin tener en cuenta la presentación de “confesiones” empañadas por la tortura como prueba. El 3 de octubre de 2018 se rechazó también una solicitud de revisión judicial que presentó posteriormente. Jamás se le ha proporcionado una copia de las sentencias dictadas por escrito contra él. La aplicación de la pena de muerte por “espionaje” constituye una violación del derecho internacional, que limita su uso a los “más graves delitos” que comporten homicidio intencional.

Lo insto a anular la sentencia y la condena de muerte de Arsalan Khodkam y a concederle un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena capital ni se admitan “confesiones” obtenidas por medio de tortura y otros malos tratos. Asimismo, lo insto a garantizar que tiene acceso a un abogado de su elección y a que ordene realizar una investigación independiente e imparcial sobre sus denuncias de tortura y otros malos tatos para que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Desde 2018, la familia de Arsalan Khodkam se ha dirigido a varios organismos del Estado, incluidas la Oficina del Líder Supremo y la Presidencia de la Magistratura, así como a varios miembros del Parlamento, para poner de manifiesto la injusticia de su sentencia condenatoria e instarlos a intervenir para salvarle la vida. Sin embargo, las autoridades han dicho constantemente a la familia que su caso comporta “cuestiones de seguridad” y no pueden hacer nada.

Arsalan Khodkam era miembro de baja graduación de la Guardia Revolucionaria, destinado en una base militar de Urmía, cuando fue detenido, el 23 de abril de 2018. La Guardia Revolucionaria lo acusó de “espiar” para el Partido Democrático Kurdo de Irán, al que aseguraban que había proporcionado información de inteligencia sobre los asuntos militares de la Guardia Revolucionaria y ayudado en sus operaciones armadas contra ella. El Partido Democrático Kurdo de Irán es un grupo armado kurdo iraní, radicado en la región del Kurdistán de Irak y que reanudó su oposición armada contra las autoridades iraníes en 2016, tras haberla suspendido a principios de la década de 1990. Arsalan Khodkam negó las acusaciones formuladas contra él y dijo que no tenía ninguna vinculación con el grupo desde que se salió de él a principios de la década de 1980. De acuerdo con información conseguida por Amnistía Internacional, en una ocasión, Arsalan Khodkam había informado a un familiar suyo, miembro del grupo, de que la Guardia Revolucionaria se disponía a enviar fuerzas para sofocar una serie de huelgas y protestas pacíficas contra el sistema que habían estallado en abril de 2018 en Baneh, provincia de Kurdistán. Él dijo que en sus otras comunicaciones no había compartido información sensible y que sólo había mencionado los nombres y cargos de varios miembros de la Guardia Revolucionaria a quienes conocía por su pertenencia a ella.

Según la información conseguida por Amnistía Internacional, tras la detención de Arsalan en Urmía, éste soportó torturas físicas durante días, pero firmó las declaraciones autoincriminatorias que los interrogadores habían preparado tras someterlo a torturas psicológicas como detener a su esposa el 28 de abril de 2018 y mantenerla dos días privada de libertad y amenazar con dañar tanto a ella como a su hijo. Según la información disponible, durante los 36 días que estuvo sometido a régimen de aislamiento perdió mucho peso. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Urmía.

Arsalan Khodkam ha dicho que viene sufriendo graves problemas de vista en el ojo izquierdo como consecuencia de los reiterados golpes que recibió en la cara durante los interrogatorios. También tiene dolorosos problemas de espalda. Las autoridades han ignorado sus reiteradas solicitudes de traslado a un centro médico fuera de la prisión para que le den un diagnóstico y lo atiendan. En el centro médico de la prisión se han limitado a administrarle inyecciones para calmarle el dolor de espalda.

La tortura constituye una violación del derecho internacional y su uso está prohibido en todas las circunstancias. Las declaraciones obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse como prueba en los procedimientos penales, excepto cuando se presenten contra los presuntos autores de tales abusos. El derecho a un juicio justo es jurídicamente vinculante para los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario. Las personas sometidas a procedimientos penales deben tener derecho a contar con asistencia letrada desde el momento de su detención, no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a declararse culpables, no estar detenidas por cargos imprecisos, comparecer en una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial y recibir una sentencia pública y razonada. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los casos de pena capital deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La organización considera la pena de muerte una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a Irán que declare una suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.

Pueden escribir llamamientos en: Persa. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 28 de septiembre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Arsalan Khodkam (masculino).