Prisiones afectadas por el virus continúan llenas de defensores y defensoras de los derechos humanos mientras los ataques continúan
Gobiernos a los que se alabó por dejar en libertad a personas presas en respuesta a los brotes de COVID-19 han excluido a los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas y continúan practicando detenciones de activistas, periodistas y personas críticas, manifestó hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, “Atreverse a salir en defensa de los derechos humanos durante una pandemia”, en el que se documentan ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos cometidos durante la pandemia, la organización pone de manifiesto la hipocresía de los gobiernos que, como en el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación.
“La COVID-19 ha sido un castigo añadido para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están injustamente encarcelados, y también se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio”, afirmó Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.
“La exclusión de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas de libertad subraya el carácter político de su encarcelamiento. En Turquía, por ejemplo, periodistas, profesionales de la abogacía, activistas y opositores políticos detenidos en espera de juicio por cargos infundados continúan entre rejas pese a las medidas del gobierno, en virtud de las cuales más de 100.000 personas quedaron en libertad en abril. Es evidente que el gobierno turco le teme a la crítica aún más que a la pandemia.”
El nuevo informe documenta ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos perpetrados durante el periodo de la COVID-19 en 46 países, y muestra cómo la legislación sobre “noticias falsas”, las restricciones de la circulación, la menor protección policial y la mayor intolerancia a la crítica han dado lugar a una nueva oleada de represión en todo el mundo contra quienes han denunciado irregularidades en el sector sanitario y quienes han señalado respuestas inadecuadas a la pandemia.
Amnistía Internacional ha identificado a 131 personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo que han sido víctima de hostigamiento, enjuiciamiento, homicidio o encarcelamiento bajo pretextos relacionados con la COVID-19, aunque es probable que esta cifra represente sólo la punta del iceberg.
“En lugar de hacer sitio a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que apoyen sus esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los Estados están tomando medidas contraproducentes para silenciar a las personas consideradas opositoras”, manifestó Lisa Maracani.
Exclusión de las medidas de libertad
El 25 de marzo de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos instó a todos los Estados a poner en libertad “a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas las presas y presos políticos y las que están detenidas por sus opiniones críticas y disidentes”, en respuesta a la pandemia de COVID-19.
No obstante, varios países excluyeron a los defensores y defensoras de los derechos humanos de las medidas para descongestionar las prisiones y otros lugares de detención.
En India, por ejemplo, muchos estudiantes y activistas que habían participado en protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía, que es discriminatoria, continúan detenidas injustamente.
En Egipto, el gobierno no puso en libertad a defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos únicamente por expresar su opinión, ni a miles de otros presos y presas preventivos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos de “terrorismo” excesivamente imprecisos entre motivos de preocupación por el incumplimiento de las garantías procesales.
En Turquía, las medidas de descongestión han excluido expresamente a las personas detenidas en espera de juicio y a las que se encuentran en prisión preventiva o han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista turca, excesivamente general. Entre ellas hay activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, personas del mundo académico y otras personas que se han pronunciado en contra del gobierno.
En Irán, las autoridades anunciaron que habían puesto en libertad temporalmente a 85.000 personas presas, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos continúan recluidos por cargos de motivación política en condiciones atroces.
Entre ellos se encuentra Narges Mohammadi, defensora de los derechos humanos que padece graves problemas de salud preexistentes y presenta síntomas de enfermedad que parecen ser de COVID-19. Las autoridades continúan negando a Narges Mohammadi atención médica en prisión, y rechazan informarla de los resultados de una prueba de COVID-19 que se le realizó el 8 de julio.
Durante la crisis, las autoridades iraníes también han seguido deteniendo arbitrariamente y encarcelando a personas que defienden los derechos humanos.
En otros países en que el hacinamiento en las prisiones ya es grave, los gobiernos han seguido deteniendo a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos falsos, agravando el problema y poniendo en peligro a más personas.
En Azerbaiyán, por ejemplo, el gobierno ha desatado una nueva oleada de detenciones y procesamientos judiciales contra decenas de activistas políticos, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, con frecuencia en respuesta a críticas con respecto a su gestión de la pandemia. Entre las personas detenidas se encuentra el activista de oposición Tofig Yagublu, acusado falsamente de vandalismo, y el defensor de los derechos humanos Elchin Mammad, detenido por cargos de robo días después de haber publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
También se han denunciado nuevas detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos en Túnez, Marruecos, Níger, Zimbabue y Angola, entre otros países.
“Ahora que una gran parte de Europa ha superado el pico de COVID-19, es vital que la comunidad internacional no dé la espalda a las situaciones terribles que se viven en países en los que el número de infectados está aumentando”, afirmó Lisa Maracani.
“La cooperación internacional también debe presionar a los gobiernos para que dejen en libertad a las personas que están en prisión por el mero hecho de ejercer de forma pacífica sus derechos humanos y ahora corren grave peligro de contraer la COVID-19.”
“Blanco fácil”
Amnistía Internacional también advirtió de que las medidas de confinamiento que restringen la circulación han puesto en peligro a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, convirtiéndolos en blanco fácil de quienes quieren silenciarlos. En Colombia y México, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial.
En Honduras, el incidente reciente más grave es la posible desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de los cuales son activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Unos hombres vestidos con uniforme policial se los llevaron el 18 de julio de sus hogares y desde entonces no se les ha visto.
En Colombia, la organización de la sociedad civil INDEPAZ denunció 166 homicidios durante el primer semestre de 2020. Entre las víctimas se encuentra Carlota Isabel Salinas Pérez, activistas de los derechos de las mujeres a la que mataron a la puerta de su casa en marzo. Carlota era una lideresa comunitaria, y el día en que la mataron había estado colectando alimentos para familias necesitadas.
“Ahora más que nunca, el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos es esencial para luchar por la igualdad en el acceso a atención médica, alimentos y alojamiento, e informar a la ciudadanía sobre el virus y las formas de protegerse. Los gobiernos que explotan esta crisis para atacar a quienes defienden los derechos humanos deben saber que se les está vigilando de cerca”, manifestó Lisa Maracani.
“Es esencial que los gobiernos brinden protección efectiva a las personas que defienden los derechos humanos y garanticen su seguridad frente a quienes intentan utilizar la pandemia para silenciarlas.”