Venezuela: Deben retirarse los cargos contra un detenido

Unos agentes no identificados detuvieron arbitrariamente a Nicmer Evans, politólogo y comunicador venezolano, el 13 de julio de 2020 en Caracas, Venezuela. Según los informes, los agentes pertenecían a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Nicmer Evans se encuentra bajo custodia de la DGCIM y está acusado de “apología del odio” por publicar en las redes sociales mensajes que presuntamente desafían las políticas de Nicolás Maduro. El fiscal general tiene hasta el 31 de agosto para acusarlo formalmente o abandonar el caso. Le pedimos que retire los cargos contra Nicmer Evans y lo ponga en libertad.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal general Tarek William Saab

Av. México cruce con Manduca A Pelelojo,

Edificio Fiscalía General de la República

Caracas, Venezuela

Twitter: @TarekWiliamSaab

Fiscal general Tarek William Saab:

Deseo expresarle mi preocupación por el uso continuado de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, en particular mientras su gobierno utiliza la pandemia de COVID-19 para abusar más de su poder.

El 13 de julio de 2020, unos agentes no identificados detuvieron a Nicmer Evans en su casa de Caracas. Desde entonces, Nicmer ha permanecido detenido arbitrariamente en las instalaciones de la DGCIM. Ha sido acusado de publicar en las redes sociales mensajes que supuestamente desafían las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. La libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por ejercerlo.

Pido que la causa contra Nicmer Evans sea retirada y que se ponga fin a su detención. Hasta entonces, le pido que la DGCIM garantice la integridad personal de Nicmer Evans.

Atentamente

[NOMBRE]

Información complementaria

Mientras el mundo hace frente a la pandemia de COVID-19, el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado esta crisis para ampliar su poder y abusar más de él. El gobierno ha aumentado significativamente las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición y personas consideradas como tales, así como de otras personas que critican sus políticas. Además, hay indicios de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el gobierno de Maduro.

El 13 de julio de 2020, unos agentes no identificados se presentaron en la casa de Nicmer Evans y, tras acosar a su esposa y su familia, lo detuvieron arbitrariamente. Nicmer permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta el 17 de julio, cuando compareció ante un tribunal sin que se informara a sus abogados y familiares, con lo que le negaron el derecho a un juicio justo. Durante esta vista, Nicmer fue acusado de “apología del odio”, delito tipificado en virtud de la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida también simplemente como Ley contra el Odio, de 2017. La acusación se basaba en mensajes suyos publicados en las redes sociales, en los que presuntamente expresaba opiniones contrarias a la ideología de Nicolás Maduro. Según sus abogados, las pruebas presentadas contra él por la fiscalía ni identificaban ni señalaban específicamente los tuits o expresiones públicas en los que se había materializado presuntamente la “apología del odio”. En el expediente del caso ni siquiera se incluyeron copias de capturas de pantalla de los mensajes presuntamente incriminatorios.

La “Ley contra el Odio” ha sido denunciada por varias organizaciones locales e internacionales desde que fue propuesta y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecida en 2017 en unas elecciones igualmente controvertidas. Aunque la ANC no tiene atribución legal para redactar y adoptar leyes, ha aprobado varias normas jurídicas en forma de ley que el poder judicial ha estado aplicando desde entonces.

La detención de Nicmer Evans es un ejemplo más de la política de represión del gobierno de Maduro. La intimidación, el hostigamiento, la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas son prácticas habituales de la DGCIM y del gobierno de Maduro. Durante los últimos años, decenas de políticos de la oposición se han visto obligados a huir del país y solicitar asilo a consecuencia de las amenazas que habían recibido por parte del gobierno de Maduro; otras personas han sido detenidas arbitrariamente por estar relacionadas con líderes de la oposición o activistas. Las personas corrientes de Venezuela que se atreven a criticar a su gobierno o participan en protestas también hacen frente a la amenaza de ser detenidas, y algunas de ellas han sido objeto de desaparición forzada o han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, se ha detenido a personal médico, periodistas y otras personas por llamar la atención sobre los casos de COVID-19 o la escasez de suministros médicos y productos básicos.

En su informe del año pasado Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y heridas debidas al empleo de fuerza excesiva por el gobierno de Nicolás Maduro, que formaron parte de una política de represión sistemática y generalizada desde al menos 2017, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde 2014 se ha producido una huida sin precedentes de personas venezolanas en busca de seguridad y de un futuro digno en el extranjero. Hasta marzo de 2020, más de 5,2 millones de personas habían huido del país. A consecuencia de la crisis de COVID-19, muchas personas venezolanas que previamente se habían ido del país se han visto obligadas a regresar debido al derrumbe de las economías y a la falta de apoyo específico para las personas refugiadas afectadas por la pandemia y sus efectos secundarios. También están expuestas a sufrir represalias por parte del gobierno.

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 31 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Nicmer Evans (masculino)