Mozambique: Suspendan la campaña de desprestigio contra el obispo Lisboa

Monseñor Luiz Fernando Lisboa, obispo de la ciudad de Pemba, en el norte de Mozambique, sufre una campaña de desprestigio que tiene como fin socavar y deslegitimar su esencial labor de derechos humanos en la provincia de Cabo Delgado. Tanto el presidente Nyusi como personas afines al gobierno han señalado directa e indirectamente al obispo Lisboa en sus críticas a disidentes. Las autoridades deben garantizar un entorno seguro y propicio para que el obispo Lisboa continúe su labor de defensa de los derechos humanos sin temor a sufrir intimidación, acoso y represalias.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Filipe Jacinto Nyusi

Presidente de la República de Mozambique / President of the Republic of Mozambique

Avenida Julius Nyerere, PABX 2000

Maputo, Mozambique

Señor presidente:

Le escribo en relación con la campaña de desprestigio en curso contra un defensor de los derechos humanos, monseñor Luiz Fernando Lisboa, obispo de Pemba.

El 14 de agosto, en una conferencia de prensa que ofreció en Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, usted deploró que personas “extranjeras”, que han decidido libremente vivir en Mozambique, utilicen los derechos humanos para vilipendiar el sacrificio de quienes mantienen esta joven patria. Su afirmación desencadenó una avalancha de ataques en redes sociales contra el obispo Lisboa y su trabajo de derechos humanos, en la que muchos usuarios lo acusaron de asociarse con terroristas e insurgentes. Además, el 16 de agosto, Egidio Vaz, célebre figura afín al gobierno, se refirió al obispo Lisboa en sus redes sociales como “un delincuente [que] debería ser expulsado de Mozambique”.

La campaña dirigida a menoscabar y deslegitimar el trabajo de monseñor Lisboa no es nueva. En noviembre de 2019 apareció en Publico, un diario local progubernamental, un artículo titulado “El obispo siembra semillas de violencia”. El 22 de junio de 2020, el mismo periódico publicó otro artículo en el que se acusaba al obispo Lisboa de rebelión contra el gobierno y alteración del orden público.

En Mozambique, otras campañas de difamación similares ya han dado lugar al asesinato de periodistas, docentes, personas críticas con el gobierno y defensores/as de los derechos humanos. Las personas que investigan o ejercen el periodismo para poner al descubierto abusos y violaciones de derechos humanos en Cabo Delgado son objeto de hostigamiento, intimidación, detención y tortura con impunidad. Monseñor Lisboa ofrece apoyo y ayuda humanitaria esenciales a la población de la provincia de Cabo Delgado, que ha huido de sus pueblos debido al conflicto armado en la provincia. Necesita protección frente a posibles ataques, amenazas y actos de intimidación u hostigamiento.

En vista de lo anterior, le pido que:

• Ponga fin a la campaña de desprestigio contra el obispo Lisboa y se abstenga de utilizar lenguaje que estigmatice, insulte, menosprecie o discrimine a quienes defienden los derechos humanos, lo que incluye tachar a estas personas de delincuentes, “extranjeras”, terroristas, antipatriotas o moralmente corruptas;
• Garantice a monseñor Lisboa y demás defensores y defensoras de derechos humanos un entorno seguro y propicio para que puedan desempeñar su labor esencial de derechos humanos sin temor a sufrir hostigamiento, intimidación y ataques;
• Se abstenga de acosar e intimidar a miembros de instituciones religiosas, personal de ONG y periodistas, y a cualquier otra persona;
• Garantice que el derecho a la libertad de expresión se respeta, protege, promueve y realiza plenamente, y que defensores y defensoras de los derechos humanos pueden desempeñar libremente su trabajo sin temor a sufrir ataques, intimidación, hostigamiento y censura.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

La situación es muy preocupante en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Desde octubre de 2017, los distritos del norte de la provincia han sufrido ataques armados a manos de presuntos miembros de un grupo extremista, conocido localmente como Al Shabaab, que invade pueblos, destruye infraestructuras, incendia casas, mata a machetazos a la población y saquea sus víveres. Esta provincia es importante para el gobierno central por su riqueza en recursos minerales, como gas y rubíes. Al comenzar los ataques, el gobierno incrementó la presencia militar en la región. Desde entonces, las autoridades han intimidado, hostigado e impedido informar sobre la situación a periodistas, personal investigador y voces disidentes.

Un número desconocido de miembros de estas comunidades han sido secuestrados y sometidos a desaparición forzada. Algunos han aparecido muertos después de que las fuerzas de seguridad los secuestraran. Estas, además, han emprendido una campaña de ataques contra el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Las personas que investigan o ejercen el periodismo para poner al descubierto la violencia y los abusos son acosadas, intimidadas, detenidas y torturadas. El 23 de enero de 2019, un empresario sudafricano llamado Andre Hanekom murió bajo custodia policial en circunstancias misteriosas después de haber recibido disparos en el brazo y el abdomen. Había sido secuestrado por cuatro hombres enmascarados y armados con fusiles AK-47 en el distrito de Palma (provincia de Cabo Delgado) el 1 de agosto de 2018. Una serie de incidentes entre las fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios de salud culminaron con su muerte. Al parecer, Andre Hanekom fue sometido a tortura y otros malos tratos cuando estaba bajo custodia militar para que confesara su presunta relación con los insurgentes. Las autoridades mozambiqueñas no han llevado a cabo ninguna investigación sobre las denuncias de tortura y su muerte.

La noche del 11 de marzo de 2020, las fuerzas de seguridad arrestaron a Roberto Mussa Ambasse y Muemede Suleimane Jumbe, líderes comunitarios y activistas locales, en su domicilio del distrito de Palma, en el norte de Cabo Delgado. El 23 de abril, el principal partido de oposición, Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), acusó a las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) de asesinar a Roberto Mussa, Muemede Suleimane y 12 civiles más.

El 7 de abril de 2020 se denunció la desaparición de Ibraimo Abú Mbaruco, joven periodista de la emisora Rádio Comunitária de Palma. Fue víctima de desaparición forzada poco después de salir del trabajo, hacia las 6 de la tarde. Envió un mensaje de texto a un compañero en el que decía que estaba “rodeado de soldados”. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada más de él. Su desaparición es idéntica a la del periodista mozambiqueño Amade Abubacar, arrestado por soldados en enero de 2019 y recluido arbitrariamente en régimen de incomunicación durante tres meses. El 17 de diciembre de 2018, el periodista de investigación Estacio Valoi, el investigador de Amnistía Internacional David Matsinhe y el chófer de ambos fueron detenidos arbitrariamente por fuerzas militares cuando estaban investigando sobre las comunidades atacadas por el grupo extremista.

En Mozambique, campañas de difamación similares en el pasado ya dieron lugar al asesinato de periodistas, docentes, personas críticas con el gobierno y defensores/as de los derechos humanos. Todos esos crímenes han quedado impunes. El más reciente ha sido la ejecución extrajudicial de Anastácio Matavel —defensor de los derechos humanos y jefe del grupo de observadores electorales de la sociedad civil en la provincia de Gaza— por cinco agentes del Estado en Xai-Xai, provincia de Gaza. El 2 de marzo de 2015, unos hombres sin identificar mataron a tiros al profesor Gilles Cistac, quien había hecho declaraciones de apoyo a una mayor autonomía para las provincias de Mozambique. Cinco años después, no ha habido ningún avance en la investigación de este crimen.

Gustavo Mavie, recientemente propuesto por el presidente para integrar el Comité Central de Ética de Mozambique, estuvo entre quienes difamaron a monseñor Lisboa. El 16 de agosto señaló al obispo como una de las personas que criticaban injustamente al gobierno de Nyusi y las fuerzas de seguridad.

Según la ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), a fecha de 1 de agosto de 2020, el conflicto armado en Cabo Delgado se había cobrado la vida de 967 civiles y había causado el desplazamiento de más de 250.000.

Pueden escribir llamamientos en: Portugués, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 7 de octubre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Monseñor Luiz Fernando Lisboa (masculino)