Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México
Arturo Garza, estudiante de ingeniería y aficionado de beisbol de 19 años, salió de su casa para visitar a su novia la noche de sábado 27 de junio. Fue la última vez que su familia le vería con vida.
Al día siguiente le buscaron por todo Nuevo Laredo, ciudad fronteriza del estado norteño de Tamaulipas. Denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Especializada en Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad, pero no fue hasta el 3 de julio que se enteraron de un enfrentamiento entre el Ejército mexicano y un grupo de presuntos delincuentes, en cual murieron 12 hombres.
Un video publicado por El Universal esta semana revela cómo elementos del Ejército persiguieron a una camioneta pickup, dándole al menos 243 disparos. Al final un soldado se acerca a la parte trasera del auto y grita: “¡Está vivo!” Otro responde con la orden: “Mátalo a la verga”.
Tirado en la caja trasera estaba Arturo, al lado de Ángel Nuñez, mecánico de 27 años quien había desparecido el 27 de junio, y Damián Genovez Tercero, migrante de Chiapas de 18 años, a quien no se había visto desde el 24 de junio cuando salió a buscar trabajo con su primo Alejandro Tercero, quien sigue sin localizarse.
Los tres murieron por disparos, pero, a diferencia de las demás personas que fallecieron en el enfrentamiento, no portaban armas ni uniformes y estaban amarrados por los pies y las manos. La evidencia apunta a que habrían sido secuestrados por un grupo de delincuencia organizada, y que los militares les ejecutaron de manera extrajudicial.
“Mi hijo no merecía este tipo de muerte,” dijo Héctor Garza, el padre de Arturo. “No me gustaría que le pasara esto a ningún otro padre de familia, es demasiado el dolor, me desgarra el corazón y la verdad, me siento traicionado por México.”
Desgraciadamente, estos no son hechos aislados. Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan décadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en México y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.
La estrategia militarizada de seguridad pública de sucesivos gobiernos, combinada con la impunidad desenfrenada, ha generado un ámbito letal en cual el Ejército y la Marina siguen cometiendo crímenes de derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en Tamaulipas y en muchos partes del país.
Hemos observado cómo las autoridades suelen culpar a las víctimas, pintándoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias, en muchos casos, las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia. A los delincuentes hay que llevarlos ante la justicia de acuerdo con la ley, y a las víctimas hay que protegerlas, no criminalizarlas y no poner en riesgo sus vidas.
La impunidad es un factor clave. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado decenas de casos de probables ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, pero el Ministerio Público Federal no ha judicializado ni uno. Parece que ninguna prueba es suficiente para que se haga justicia.
En este caso, como en todos, las autoridades deben realizar una investigación independiente, imparcial, expedita y exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia ordinaria a cualquier miembro de las fuerzas armadas sospechoso de responsabilidad penal por un crimen. No pueden seguir negando los derechos de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar. Están haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo y además actuando con mucha responsabilidad y también les diría por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos.”
Los hechos demuestran lo contrario. Este doloroso incidente tiene que ser un parteaguas para que el gobierno y las fuerzas armadas hagan una reflexión profunda y acepten sus errores. México está harto de violencia y a estas alturas las palabras no bastan. Es hora de actuar.
Para acabar con los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, el gobierno debe repensar su papel y el del nuevo cuerpo militar de facto, la Guardia Nacional, y poner los derechos humanos como eje central de su estrategia de seguridad pública. No solo hace falta una renovación profunda de los protocolos de actuación y uso de la fuerza de las fuerzas armadas, sino también la atención a víctimas y la impartición de justicia en México.
Asimismo, debemos considerar la salud mental de los militares y la deshumanización y los traumas mentales que sufren. Están desgastados después de años de enfrentamientos violentos, años de llevar a cabo tareas de seguridad pública para las cuales no fueron apropiadamente entrenados. Este entorno es propicio para que se cometen estas graves violaciones de derechos humanos.
No podemos seguir por este camino, repitiendo las mismas historias de terror como la de Arturo, Ángel y Damián. Necesitamos un México donde las autoridades rescaten a las víctimas, protejan a la población y respeten los derechos humanos.
Raymundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Duncan Tucker es jefe de medios para las Américas de Amnistía Internacional