Sudán: El acuerdo de paz debe dar respuesta a la búsqueda de dignidad y justicia de la población

La firma, hoy, del acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y el Frente Revolucionario de Sudán —alianza de nueve grupos políticos y armados de distintas partes del país, incluidos los estados de Nilo Azul, Darfur y Kordofán del Sur, asolados por el conflicto— debe dar respuesta a la búsqueda de dignidad y justicia de la población; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. El acuerdo se ha firmado tras 10 meses de negociaciones en Yuba (Sudán del Sur).

“El acuerdo de paz representa un rayo de esperanza para los millones de personas sudanesas en Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul que han sufrido violaciones de derechos humanos sistemáticas a manos del gobierno del expresidente Omar al Bashir, así como terribles actos de violencia cometidos por todas las partes del conflicto”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Todas las partes deben garantizar que el acuerdo de paz pone fin a casi dos décadas de sufrimiento infligido a la población civil. La gente debe poder volver a su hogar y empezar a rehacer su vida con dignidad.”

Algunos grupos armados no han firmado el acuerdo, y eso podría ser un obstáculo para su éxito. El Movimiento de Liberación de Sudán/Abdul Wahid Al Nur (SLM/AW), uno de los principales grupos armados en Darfur, se negó desde el principio a participar en las conversaciones de paz. Tampoco se ha alcanzado un acuerdo con el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por Abdel Aziz al Hilu y que controla algunas zonas de Kordofán del Sur y Nilo Azul.

“Las partes en el acuerdo de paz deben hacer todo lo posible para alcanzar una paz sostenible que garantice justicia y estabilidad al país”, ha afirmado Deprose Muchena.

“Además, el gobierno de Sudán debe esforzarse en incluir e involucrar a otros grupos de interés, como son las personas internamente desplazadas y la sociedad civil, para que también puedan aportar soluciones a los múltiples desafíos que afronta el país.”

En los primeros puestos de la lista de prioridades está la de subsanar la tradicional ausencia de justicia y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en los letales conflictos que han asolado el país desde su independencia y, más recientemente, durante el gobierno de Omar al Bashir, quien fomentó una impunidad generalizada en el país.

“Ahora que la mayoría de las partes enfrentadas suscriben el acuerdo, el gobierno de Sudán debe garantizar investigaciones exhaustivas, eficaces e imparciales sobre las denuncias de graves violaciones del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidas tanto por miembros de las fuerzas armadas del país y sus milicias aliadas como por grupos armados de oposición”, ha dicho Deprose Muchena.

 “El gobierno de Sudán debe garantizar estabilidad, justicia y rendición de cuentas para situar al país en una trayectoria firme de recuperación.”

Información complementaria

Sudán es un país socioculturalmente diverso que, desde su independencia en 1956, se ha caracterizado por conflictos internos complejos, crónicos e interrelacionados. El expresidente Omar Al Bashir llegó al poder en 1989 y su gobierno agravó la situación al reprimir brutalmente los derechos humanos mediante milicias armadas, algunas de las cuales se han convertido en partidos políticos militarizados que luchan en favor de comunidades étnicas marginadas de los estados de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul.

El conflicto estalló en Darfur en febrero de 2003, cuando el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A), entonces unido, y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) declararon la guerra al gobierno. Las fuerzas armadas gubernamentales respondieron junto a sus milicias yanyawid aliadas con despiadada brutalidad, matando a unas 300.000 personas y causando el desplazamiento de más de dos millones a lo largo de un periodo de 17 años.

En 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la crisis de Darfur a la Corte Penal Internacional tras una investigación de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Darfur, cuyas conclusiones fueron que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en ese estado. La Corte dictó órdenes de detención contra cuatro miembros del gobierno sudanés, entre ellos el ex presidente Omar al Bashir.

Sobre Al Bashir pesan cinco cargos por crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación), dos cargos por crímenes de guerra (dirigir intencionadamente ataques contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades, y pillaje) y tres cargos por genocidio (causar la muerte o lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo perseguido, y someter a un grupo deliberadamente a unas condiciones de existencia calculadas para causar su destrucción física. Estos crímenes se cometieron presuntamente entre 2003 y 2008.

El reciente conflicto en Kordofán del Sur comenzó en junio de 2011 y se extendió a Nilo Azul en septiembre de ese año, cuando las fuerzas gubernamentales lucharon contra el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán-Norte (SPLM-N) y forzaron la huida de al menos 200.000 civiles a Sudán del Sur buscando refugio; en los últimos nueve años, alrededor de 1,5 millones de personas han sufrido desplazamientos internos en ambos estados.

El acuerdo sobre la hoja de ruta firmado por las partes enfrentadas en marzo de 2016 aplacó los combates y permitió que el Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana presidido por el expresidente sudafricano Thabo Mbeki tratara de impulsar negociaciones de paz, sin ningún éxito tras varios intentos. Los esfuerzos del grupo se vieron eclipsados por las protestas populares de diciembre de 2018 que llevaron a la destitución del presidente Al Bashir en abril de 2019.