Las Américas continúa siendo el epicentro de la pandemia. Ni Chile ni ningún otro país de la región saldrá rápida ni satisfactoriamente de esta crisis si no se prestan todos los servicios sanitarios a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación
Reaccionando a la publicación el día de hoy de una resolución del Ministerio de Salud de Chile orientada a especificar la población objetivo del plan de vacunación contra el COVID-19, que en efecto excluiría a las personas que no cuenten con documento de residencia, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, dijo:
“En el marco de un plan de vacunación exitoso en términos generales y que no parecía estar dejando a nadie atrás, el gobierno de Chile cambia de rumbo y escoge el camino de la discriminación, la negación de los derechos de poblaciones vulnerables y deja de lado las mejores prácticas sanitarias en su esfuerzo por contener el COVID-19. Esta resolución no solo atenta contra los derechos que por ley el Estado debe proteger, sino que iría en contra de la eficacia misma del plan de vacunación”.
El mes pasado, Amnistía Internacional y más de 400 activistas y organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado urgente a los Estados en las Américas, la región del mundo más afectada por la pandemia del COVID-19, a desistir del llamado “nacionalismo de vacunas”, con el que algunos países pretenden vacunar únicamente a personas con estancia legal en su territorio, lo que iría en contra de las obligaciones establecidas en los estándares internacionales de derechos humanos adquiridas por los Estados y las mejores prácticas recomendadas por los organismos internacionales de salud y de derechos humanos.
“Las Américas continúa siendo el epicentro de la pandemia. Ni Chile ni ningún otro país de la región saldrá rápida ni satisfactoriamente de esta crisis si no se prestan todos los servicios sanitarios a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Las autoridades tienen la obligación de corregir inmediatamente este agravio para que todas las personas que viven en el país, independientemente de su estatus migratorio, puedan tener acceso a la vacuna, y se respete efectivamente su derecho a la salud”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
