Nicaragua: Las tácticas del gobierno para silenciar la crítica y la demanda social profundizan la crisis de derechos humanos

Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos, afirma Amnistía Internacional, en un nuevo informe publicado el día de hoy. En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, Amnistía Internacional denuncia las estrategias utilizadas por las autoridades nicaragüenses que han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida.

“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas, que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa.”

Organizaciones locales continúan denunciando cómo el gobierno utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.

Al interior de las cárceles, las personas detenidas por su activismo siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo. La pandemia de COVID-19 agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua y ha generado alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos preocupadas por las condiciones de las personas detenidas.

Organizaciones locales entrevistadas por Amnistía Internacional relataron que decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19. De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía Internacional, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios.

Al salir de las prisiones, la situación no mejora sustancialmente. Activistas excarcelados y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad.

Las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.

En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas y eran mantenidas privadas de su libertad por ejercer sus derechos.

Las personas periodistas y defensoras de derechos humanos viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades. Para muchas, esto incluye la cancelación de sus registros legales, la incautación de sus bienes y, recientemente, la destrucción de sus instalaciones. Adicionalmente, desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión.

“Lo que están aprobando son instrumentos de represión para dar la forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo en contra de los derechos humanos”, dijo Vilma Nuñez, defensora de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional.

Las constantes amenazas y hostigamiento han provocado que cientos de miles de personas, incluyendo periodistas y quienes defienden los derechos humanos, tengan que huir a otros países para resguardar su libertad y su vida. “Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio”, explicó a Amnistía Internacional el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien ahora vive fuera de Nicaragua.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre de 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica.

“Conseguir justicia en Nicaragua parece imposible. La comunidad internacional debe dar pasos contundentes para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a todas las personas que mantienen su lucha por una Nicaragua libre de represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia hasta que el gobierno nicaragüense rinda cuentas por sus acciones y ponga un alto a las violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.