Miércoles, 21 de febrero, 2024

“Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad inmediatamente a Manahel al Otaibi, instructora de educación física, defensora de los derechos humanos y bloguera de 29 años que es víctima de desaparición forzada desde noviembre de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las autoridades penitenciarias y de otra índole han cortado todo contacto de Manahel con su familia y el mundo exterior y se niegan a facilitar a su familia información sobre su paradero y su bienestar a pesar de las reiteradas peticiones de ésta.

Manahel al Otaibi lleva año y medio detenida, y ha pasado el último año esperando su juicio ante el tristemente célebre tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, el Tribunal Penal Especializado, por cargos formulados en aplicación de la ley de delitos Informáticos. Se la juzga por publicar en Snapchat fotos de ella misma en un centro comercial sin la abaya (vestido largo tradicional) y por publicaciones en las redes sociales en las que apoyaba los derechos de las mujeres y pedía la retirada de las leyes represivas de Arabia Saudí sobre tutela masculina. 

Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad a Manahel al Otaibi y retirar los absurdos cargos formulados contra ella. Mientras tanto, deben revelar inmediatamente su paradero y permitirle que contacte con su familia.

Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí

“Es indignante que las autoridades saudíes estén castigando a Manahel al Otaibi por expresar en Internet su apoyo a los derechos de las mujeres y por desobedecer los códigos indumentarios tradicionales. Nunca debió haber sido detenida, mucho menos sometida a desaparición forzada y enjuiciada. Su caso echa por tierra cualquier ilusión de que las autoridades de Arabia Saudí hablan en serio sobre una reforma auténtica de los derechos humanos”, afirmó Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí. 

“Lo que es aún más indignante es que su causa haya sido remitida al tribunal antiterrorista, tristemente famoso por castigar a valientes disidentes saudíes por expresarse o reunirse pacíficamente. Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad a Manahel al Otaibi y retirar los absurdos cargos formulados contra ella. Mientras tanto, deben revelar inmediatamente su paradero y permitirle que contacte con su familia.”

Según documentos judiciales que ha estudiado Amnistía Internacional, el Tribunal Penal de Riad examinó su causa en enero de 2023 y luego la remitió al Tribunal Penal Especializado porque sus acciones “violan principios religiosos y valores sociales, y perturban el orden público y menoscaban la seguridad de la sociedad”. El tribunal antiterrorista de Arabia Saudí es conocido por celebrar juicios manifiestamente injustos e imponer condenas duras, incluida la pena de muerte, a personas que se expresan pacíficamente en Internet. 

Fawzia, hermana de Manahel al Otaibi, declaró a Amnistía Internacional: 

“Poco antes de perder el contacto con ella, Manahel nos dijo que otra presa le había dado una paliza brutal… Me preocupa la suerte de mi hermana ante un tribunal tan injusto. Esta es la realidad de cómo se trata a las mujeres saudíes que las autoridades intentan ocultar tras su lavado de imagen en los medios de comunicación. Cualquier actividad que promueva el feminismo y los derechos de las mujeres está criminalizada”. 

Los cargos formulados contra Manahel al Otaibi incluyen “publicar y difundir contenido que incluye cometer pecados públicos e incitar a las personas y a las niñas en la sociedad a renunciar a principios religiosos”, lo que contrasta enormemente con el discurso del príncipe heredero Mohamed bin Salman, que declaró en una entrevista televisada en marzo de 2018 que “depende totalmente de las mujeres decidir qué tipo de atuendo decente y respetuoso eligen vestir” y que, aunque la ley establece “ropas decentes, respetuosas”, “no especifica en concreto un abaya negro o un velo negro”. 

Esta es la realidad de cómo se trata a las mujeres saudíes que las autoridades intentan ocultar tras su lavado de imagen en los medios de comunicación. Cualquier actividad que promueva el feminismo y los derechos de las mujeres está criminalizada.

Fawzia, hermana de Manahel al Otaibi

El documento del Tribunal Penal de Riad también enumera otros cargos que se formulan contra Manahel al Otaibi basados en contenido publicado en las redes sociales que los fiscales consideraron “contrario a las normas y leyes relativas a las mujeres”, refiriéndose a publicaciones en las que Manahel usó la etiqueta “EndMaleGuardianship”. 

En marzo de 2022, se dictó la primera Ley del Estatuto Personal de Arabia Saudí. Aunque el príncipe heredero Mohammed bin Salman presentó esta novedad legislativa como un importante “salto” hacia el “empoderamiento de las mujeres”, Amnistía Internacional publicó un análisis de la ley que concluía que perpetúa el sistema de tutela masculina y codifica la discriminación de las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida familiar.

Las dos hermanas de Manahel al Otaibi han sido investigadas acusadas de cargos penales por hacer campaña en favor de los derechos de las mujeres. 

En la vista judicial de Manahel al Otaibi, el fiscal señaló que su hermana Fawzia al Otaibi “dirige una campaña de propaganda para incitar a las niñas saudíes a denunciar principios religiosos y a rebelarse contra costumbres y tradiciones de la cultura saudí” por usar la etiqueta #society_is_ready que “promueve la liberación y la caída de la tutela masculina”. Según el documento judicial que ha examinado Amnistía Internacional, se iba a dictar una orden de detención específica para Fawzia al Otaibi, que está actualmente en Reino Unido y no puede volver a Arabia Saudí por temor a ser detenida y enjuiciada. 

Su otra hermana, Mariam al Otaibi, es una destacada activista contra la tutela masculina en el reino. En 2017 fue acusada y estuvo detenida 104 días por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y actualmente está sometida a una prohibición de viajar y a restricciones a su libertad de expresión. 

“Las autoridades han presentado sus reformas de los derechos de las mujeres, incluidas las relativas al sistema de tutela masculina y la relajación de los códigos indumentarios para las mujeres, como un signo de progreso en el reino. Pero este juicio demuestra que estas reformas no son auténticas y que las autoridades harán todo lo posible para castigar y silenciar a las mujeres más activas con la detención arbitraria prolongada, la desaparición forzada y juicios manifiestamente injustos”, concluyó Bissan Fakih.

Información complementaria

Desde 2018, las autoridades saudíes vienen deteniendo arbitrariamente a activistas saudíes defensoras de los derechos de las mujeres que han hecho campaña en favor del fin del sistema de tutela masculina y del derecho a conducir en Arabia Saudí. Activistas de los derechos de las mujeres han denunciado acoso sexual, tortura y otras formas de malos tratos durante los interrogatorios. Las que han sido excarceladas están sometidas a prohibiciones de viajar y a restricciones de su libertad de expresión.

Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres, periodistas independientes, escritores y escritoras, activistas y clérigos del país han sido detenidos arbitrariamente, y sometidos a juicios prolongados e injustos, a menudo por el Tribunal Penal Especializado. Amnistía Internacional ha documentado hasta ahora los casos de 69 personas enjuiciadas en los últimos 10 años en virtud de la ley antiterrorista y la ley de delitos informáticos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. De ellas, al menos 32 han sido procesadas por expresar pacíficamente sus opiniones en las redes sociales. Es probable que el número real sea muy superior.

El 25 de enero de 2023, el Tribunal Penal Especializado volvió a condenar a Salma al Shehab, alumna de doctorado de la Universidad de Leeds, a 27 años de prisión  seguidos de 27 años prohibición de viajar tras la apelación. Había sido condenada inicialmente a 34 años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto por publicar tuits de apoyo a los derechos de las mujeres.