"Cuando me detuvieron por primera vez en 2018, quedé devastado al darme cuenta de que estaba en prisión simplemente por tratar de ayudar a personas en peligro. Sin embargo, lo que realmente asusta es que, si pueden procesarme por hacer únicamente lo normal, entonces pueden procesar a cualquiera"

El 4 de diciembre de 2025, Seán Binder será juzgado ante el Tribunal de Apelación de Lesbos (Grecia) por su trabajo como voluntario de salvamento que ayuda a personas en apuros y en peligro de ahogarse en el mar. Junto con otras 23 personas acusadas, se enfrenta a cargos penales que incluyen pertenencia a una organización criminal, blanqueo de dinero y tráfico de personas (facilitar la entrada irregular en el país) y, si es declarado culpable, puede ser condenado a hasta 20 años de prisión.

El juicio es el final de un largo proceso judicial que comenzó en 2018 con la detención de Seán y que desde entonces mantiene a este rescatista en un limbo. El caso ha contribuido a generar un clima de hostilidad e intimidación contra organizaciones de la sociedad civil y gente que ayuda a personas —muchas de las cuales huyen de la persecución y otras situaciones terribles— que llegan a Grecia por rutas inseguras e irregulares.

En unos comentarios antes del juicio, Seán Binder declaró: “Cuando me detuvieron por primera vez en 2018, quedé devastado al darme cuenta de que estaba en prisión simplemente por tratar de ayudar a personas en peligro. Sin embargo, lo que realmente asusta es que, si pueden procesarme por hacer únicamente lo normal, entonces pueden procesar a cualquiera. De hecho, hay en toda Europa muchas otras personas dedicadas a la ayuda humanitaria que sufren una intimidación y un acoso similares, lo que indica que mi caso forma parte de un patrón más general de criminalización, por parte de los Estados, del trabajo humanitario. Se está juzgando la solidaridad en Grecia. Estas tácticas se están utilizando para controlar la migración, y han tenido un efecto disuasorio en la sociedad civil.”

Esther Major, directora adjunta de Investigación para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado: “Las personas que realizan trabajo humanitario, como Seán Binder, nunca deberían ser procesadas por mostrar compasión a personas que necesitan ayuda urgente. Seán hizo lo que cualquiera de nosotros esperaríamos hacer en su situación: ayudar a personas en peligro en una de las rutas marítimas más mortales de Europa. No es sólo un acto humano: es legal y necesario. Resulta grotesco que este juicio se esté celebrando siquiera, ya que todos los cargos contra Seán son infundados y deberían ser retirados.”

Información complementaria

Seán Binder empezó a trabajar como voluntario para la ONG de búsqueda y salvamento ERCI en Lesbos en 2017: un año peligroso para quienes cruzaban el Mediterráneo, con más de 3.000 personas muertas o desaparecidas, según los informes. Seán trabajaba patrullando la línea costera griega, detectando lanchas neumáticas en apuros y ayudando a la gente a llegar a tierra.

En 2018, las autoridades griegas lo detuvieron y lo tuvieron más de 100 días recluido antes de ponerlo en libertad bajo fianza en diciembre de ese mismo año. Además, las autoridades griegas presentaron cargos penales contra otros 23 acusados vinculados a la ONG de búsqueda y salvamento. Entre 2023 y 2024 se retiraron los cargos menores de falsificación, espionaje y uso ilegal de frecuencias de radio presentados contra Seán y otras personas. Los cargos más graves, que forman el núcleo del juicio próximo a celebrarse, han seguido pendientes.

En un informe de 2020 que trata de la manera en que varios países europeos criminalizan la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas, Amnistía Internacional examinó y criticó los cargos contra Seán. La organización ha pedido constantemente a las autoridades griegas que retiren los cargos, ya que son infundados, se basan en una interpretación errónea y abusiva de disposiciones legislativas contra el tráfico de personas, y no están respaldados por las pruebas presentadas por la fiscalía.

En el juicio de Seán habrá representantes de Amnistía Internacional, y habrá portavoces disponibles para quien lo solicite.