Lo insto a dejar en libertad de inmediato a todas las personas que permanecen detenidas por el solo hecho de ejercer sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica; a protegerlas frente a la tortura y otros malos tratos; a revelar el destino y el paradero de todas las personas sometidas a desaparición forzada, y a garantizarles el acceso a representación letrada, a familiares y a la atención médica que precisen

Las miles de personas detenidas arbitrariamente en relación con el levantamiento nacional en Irán corren el riesgo de ser torturadas y sometidas a otros malos tratos, incluida violencia sexual, y a juicios flagrantemente injustos tras los que se impongan penas de prisión largas y condenas a muerte. Muchas de ellas continúan sometidas a desaparición forzada. La preocupación por las personas detenidas en relación con las protestas que estallaron el 28 de diciembre ha crecido a raíz de que el presidente de la Magistratura ordenase a los fiscales “actuar sin clemencia” y altos cargos equiparasen las protestas con delitos que acarrean la pena de muerte.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei

c/o Embassy of Iran to the European Union,

Avenue Franklin Roosevelt No. 15,

1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa profundamente que las miles de personas —entre ellas niños y niñas— detenidas en relación con las protestas nacionales que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 corran un grave riesgo de sufrir desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, muerte bajo custodia y encarcelamiento prolongado o ejecución arbitraria tras juicios manifiestamente injustos, por ejemplo ante los tribunales revolucionarios. Amnistía Internacional ha reunido pruebas de que, durante el arresto y la custodia, se ha sometido a personas detenidas a desaparición forzada, así como a tortura y otros malos tratos tales como palizas, violencia sexual, amenazas de ejecución sumaria y negación deliberada de comida, agua y atención médica adecuados. La constante bien documentada de tales crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos en oleadas de protestas nacionales anteriores suscita motivos de preocupación con respecto a que en esta ocasión pudieran estar cometiéndose de manera generalizada y sistemática. 

Entre las personas sometidas a detención arbitraria en todo el país figuran manifestantes, personal sanitario que asistía a manifestantes con lesiones, profesionales de la abogacía, miembros de minorías étnicas y religiosas, periodistas y estudiantes de universidad. Corren el riesgo de ser declaradas culpables y condenadas a largas penas de prisión y a muerte sobre la base de “confesiones” forzadas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos. Los medios de comunicación estatales han difundido vídeos de propaganda en los que se ve a manifestantes detenidos, incluidos niños y niñas, “confesando” forzosamente haber cometido diversos delitos durante las protestas, algunos de ellos punibles con la muerte, lo que suscita la grave preocupación de que las autoridades iraníes continúen la oleada de ejecuciones que iniciaron durante el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad de 2022. Las declaraciones públicas de las autoridades son alarmantes, tildando de “agitadores” y “terroristas” a los manifestantes e insistiendo en que se los “enjuicie y castigue con la mayor celeridad posible” y sin “clemencia”. Desde el 10 de enero, el fiscal general de Irán y los fiscales provinciales han calificado repetidamente a quienes protestan de mohareb (“persona acusada de hacer la guerra a Dios”), un delito punible con la muerte.

Lo insto a dejar en libertad de inmediato a todas las personas que permanecen detenidas por el solo hecho de ejercer sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica; a protegerlas frente a la tortura y otros malos tratos; a revelar el destino y el paradero de todas las personas sometidas a desaparición forzada, y a garantizarles el acceso a representación letrada, a familiares y a la atención médica que precisen. Además, le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.

Atentamente,

 Información complementaria

Los medios de comunicación afines al Estado informaron de que, hasta el 16 de enero, miles de personas habían sido detenidas en relación con las protestas. Sin embargo, según la información de medios de comunicación independientes, organizaciones de derechos humanos y defensores y defensoras de esos derechos a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, decenas de miles de personas continúan recluidas arbitrariamente. Las autoridades han practicado detenciones en todo el país, incluidas las provincias de Alborz, Ardabil, Bushehr, Isfahán, Fars, Guilán, Golestán Hormozgán, Kermán, Kermanshah, Jorasán Razaví, Juzestán, Kurdistán, Lorestán, Markazi, Mazandarán, Qazvín, Qom, Semnán, Sistán y Baluchistán, Teherán, Azerbaiyán Occidental, Yazd y Zanyán, según han publicado los medios de comunicación estatales desde el 8 de enero. Según esos mismos medios, se acusa a los manifestantes de mantener vínculos con medios de comunicación en lengua persa que emiten desde fuera de Irán, incluidos Iran International y Manoto; formar parte de un grupo monárquico; “liderar” las protestas; poseer armas, “provocar disturbios” y matar a miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros cargos. Amnistía Internacional ha sabido de fuentes informadas que, en el contexto de la denegación sistemática del acceso a abogados, las autoridades obligan a las personas detenidas a firmar declaraciones que no les han permitido leer y a hacer “confesiones” forzadas de crímenes que no habían cometido, así como de actos de disidencia pacíficos.

Familias de personas detenidas, activistas y periodistas han contado a Amnistía Internacional que las autoridades se niegan sistemáticamente a facilitar información sobre la suerte y el paradero de muchas de las personas detenidas, sometiéndolas así a desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional. Algunas de las personas detenidas han sido llevadas a prisiones y otros centros oficiales de detención, mientras que otras están bajo custodia en cuarteles militares, almacenes u otros lugares de detención sin registro oficial, por lo que corren un mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

En un caso documentado por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio familiar de un manifestante, Amirhossein Ghaderzadeh, en Rasht (provincia de Guilán) el 9 de enero de 2026 y sometieron a violencia sexual a él y a sus dos hermanas, una de 14 años, en contravención de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad los desnudaron delante de todos los presentes para examinar su cuerpo en busca de perdigones y “demostrar” su participación en las protestas. Las fuerzas de seguridad detuvieron luego a Amirhossein Ghaderzadeh, y, desde entonces, las autoridades se niegan a revelar a su familia su suerte y su paradero, sometiéndolo así a desaparición forzada. Las personas heridas en protestas y detenidas también corren un mayor peligro, dada la constante bien documentada de tortura y otros malos tratos ejercicios durante la represión de anteriores protestas. Amnistía Internacional documenta desde hace mucho tiempo cómo las fuerzas de seguridad niegan la atención médica adecuada a los manifestantes heridos, incluidos aquellos a los que se saca de los hospitales, lo que aumenta el riesgo de muertes ilícitas bajo custodia. Según una fuente informada de Irán, tras la represión letal de las protestas del 8 y 9 de enero, las fuerzas de seguridad de Isfahán dieron instrucciones al personal médico de los hospitales para que les notificaran los casos de pacientes con heridas de bala y perdigones que pudieran indicar su participación en las protestas. Otras dos fuentes informadas dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad de las provincias de Isfahán y Chahar Mahal y Bajtiarí habían arrestado a manifestantes heridos que estaban en el hospital, algunos de los cuales necesitaban atención médica continua para salvar la vida. Según una fuente informada, las autoridades iraníes también han detenido arbitrariamente a personal médico por prestar atención médica en contextos no hospitalarios a manifestantes heridos que evitaban acudir a los hospitales por temor a ser detenidos.

Las protestas de Irán estallaron el 28 de diciembre de 2025 a raíz de una fuerte caída de la moneda nacional, un estado crónico de mala gestión de los servicios esenciales y un deterioro de las condiciones de vida. Partiendo del cierre de comercios y huelgas en el Gran Bazar de Teherán, las protestas derivaron en manifestaciones callejeras por todo el país en las que se pedía la caída del sistema de la República Islámica. Las autoridades iraníes han llevado a cabo una represión letal sin precedentes: están cometiendo homicidios ilícitos masivos en un contexto de interrupción continua de las conexiones de Internet impuesta el 8 de enero para ocultar sus crímenes.

Amnistía Internacional ha concluido en repetidas ocasiones que los juicios celebrados en los Tribunales Revolucionarios, que son los que tienen jurisdicción sobre los delitos relacionados con la seguridad nacional, son sistemáticamente injustos, especialmente en las causas de pena de muerte, y dan lugar a ejecuciones arbitrarias. Desde hace años, la organización ha documentado centenares de casos en los que en los procedimientos celebrados ante tribunales revolucionarios, que han impuesto penas de prisión y de muerte, se han cometido violaciones graves del derecho a un juicio justo. Entre otros, se han violado los derechos de la persona a tener acceso a representación legal en la fase de instrucción y a asistencia letrada de su elección desde el momento de la detención y a lo largo del juicio oral y de los procedimientos de apelación; a estar protegida de la tortura y otros malos tratos; a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a declararse culpable; a que se le garantice la presunción de inocencia; a impugnar de manera efectiva la legalidad de su detención; a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, y a que se le garantice la revisión significativa de su caso por un tribunal superior. Desde el levantamiento Mujer, Vida y Libertad de 2022, las autoridades iraníes también han ido incrementando el uso de la pena de muerte para atemorizar a la población, reprimir la disidencia y castigar a las comunidades marginalizadas. En 2025, las autoridades llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones registradas en decenios.