Viernes, 06 de marzo, 2026
Mi nombre es Guillermina Edith Juárez Leyva y soy una mujer zapoteca de Oaxaca, México. Soy fundadora y representante legal de Mano Vuelta AC, una organización de mujeres indígenas y afromexicanas que trabajan a favor de los Derechos Humanos desde una perspectiva antirracista e intercultural.
El nombre de nuestra organización, Mano Vuelta, se inspira en una forma ancestral de organización comunitaria que promueve el trabajo y el intercambio en pos del bien común. Si siembro maíz y necesito ayuda, puedo pedirla y luego en reciprocidad yo te ayudo con mi trabajo. Este tipo de prácticas han sostenido la vida de nuestras comunidades desde la antigüedad. Así es también como vemos el trabajo de proporcionar acceso al aborto.
“Nuestras abuelas indígenas ya practicaban abortos”
Nos interesa desarrollar estrategias basadas en la educación comunitaria como una forma de abrir conversaciones con los grupos comunitarios sin imponer nuestras ideas. Queremos saber qué piensan sobre la sexualidad y qué han oído sobre el aborto.
Recuperar la sabiduría ancestral es esencial para nosotras. Como mujeres indígenas, tenemos en nuestras memorias conocimientos, nuestras abuelas practicaban abortos. Al recuperar esta sabiduría, nos enfrentamos a narrativas que promueven la culpa o la criminalización. Sabemos que, en nuestras comunidades, el aborto se practicaba utilizando plantas, con una cosmovisión de ayuda mutua. Promovemos la vida acompañando y apoyando a otras mujeres. También estamos documentando y analizando las barreras a las que nos enfrentamos para acceder a nuestros derechos a través de investigaciones en campo y monitoreo de presupuestos.
“Es importante comprometerse con el cuidado colectivo”
Desde el punto de vista legal, el movimiento por el acceso al aborto en México ha avanzado de forma constante y ha dado pasos importantes que no se revertirán. Oaxaca fue el segundo estado de México en despenalizar el aborto en 2019.
Sin embargo, debemos seguir insistiendo en que todos los demás estados del país armonicen sus códigos penales para despenalizar completamente el aborto.
A lo largo de estos años hemos documentado cómo las leyes no son suficientes. Se necesitan presupuestos adecuados para que el aborto sea plenamente accesible para todas. En Oaxaca, un estado muy grande y diverso con 570 municipios, solo hay 14 unidades de salud que prestan servicios de aborto seguro. Esto deja fuera a las comunidades que no están cerca de la capital. El acceso a los servicios de aborto es complejo.
Otro reto es la pertinencia cultural, ya que hemos documentado la ausencia de materiales informativos sobre el acceso al aborto en lenguas indígenas y la falta de intérpretes en un estado multilingüe como lo es Oaxaca. A estas barreras se suman la falta de personal o de suministros.
Además, persiste la desinformación y la oposición de los profesionales de la salud, que se declaran objetores de conciencia.
Necesitamos personal sensible y capacitado, con un enfoque intercultural y antirracista, para prestar un servicio digno. Insistimos firmemente en la autonomía, en la posibilidad de que las niñas y las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos, sobre si quieren o no tener una familia, cuándo y cuántos hijos.
El trabajo es arduo. Como organizaciones pequeñas y de base, tenemos muchas responsabilidades y sobrecarga, aunado a los retos financieros para seguir desarrollando nuestro trabajo, lo que deja a gran parte de nuestro personal agotado y con impactos psicosociales, por lo que es muy importante reflexionar también en la importancia de colocar al centro los cuidados colectivos de las personas defensoras de Derechos.
Además, en México, ser persona defensora de los derechos humanos es muy peligroso. Trabajamos en un contexto de alta criminalización, militarización, crimen organizado y una lucha histórica contra los megaproyectos y el extractivismo.
“No hay vuelta atrás”
Todas las luchas están interconectadas. Por ejemplo, la defensa del territorio y la Justicia reproductiva; sin acceso al agua, no es posible tener una menstruación digna ni ejercer el derecho a la salud. Esto tiene un impacto diferencial en las mujeres indígenas y afrodescendientes. Nuestro trabajo está orientado al desarrollo de redes, creemos en lo colectivo como forma de resistir y resolver problemas más allá de las respuestas gubernamentales.
Creamos procesos de formación con las autoridades, el personal sanitario y, sobre todo, con la comunidad docente en temas como la Educación Integral en Sexualidad. Esto previene la violencia sexual, el acoso y la discriminación. Fortalecemos a otras mujeres para que se apropien de las herramientas de rendición de cuentas y vean cómo sus impuestos se reflejan en el acceso a la atención sanitaria y estamos produciendo materiales en lenguas indígenas.
Nos conectamos a través de nuestras historias y experiencias, compartiendo vivencias, identidades y opresiones como el racismo y el clasismo. La red de acompañantas indígenas y afromexicanas proporciona apoyo, información y acceso al aborto autónomo. Contamos con un pequeño banco de insumos para llevar medicamentos como la mifepristona y el misoprostol a nuestras comunidades.
Nuestro apoyo es más cálido, a veces en tu propia lengua indígena, y tiene un enfoque interseccional, intercultural y antirracista. Es un servicio focalizado que ofrece orientación en tu propia comunidad o en las cercanías, supliendo la ausencia del gobierno.