Un panel de expertos convocado por Amnistía Internacional Venezuela analizó la "mutación" del modelo autoritario venezolano, donde continúan las detenciones arbitrarias y la persecución de los trabajadores de la prensa, mientras las comunidades indígenas agonizan en el sur del país

El foro virtual “¿Qué pasa en Venezuela?”, organizado recientemente por Amnistía Internacional Venezuela, sirvió como escenario para que tres destacados defensores de derechos humanos presentaran una radiografía cruda sobre la situación actual. Óscar Murillo de Provea, Mabel Sarmiento de Espacio Público y Michelle Simón de Foro Penal coincidieron en que el Estado venezolano ha perfeccionado un sistema de "dualidad calculada": proyectar una imagen de orden y apertura económica hacia el exterior, mientras mantiene intacto un aparato represivo que ahora vigila incluso las conversaciones privadas de los ciudadanos.

Un modelo autoritario bajo una fachada de orden

Óscar Murillo, director de la ONG Provea, inició el debate describiendo el contexto político como una "continuidad del modelo autoritario" pero gestionada de forma más estratégica. Según Murillo, el gobierno intenta alinearse con intereses económicos externos, suavizando las formas más brutales de represión política visibles en años anteriores, pero sin desmantelar las estructuras que la hacen posible.

Esta supuesta "normalización" no se refleja en la calidad de vida. Murillo denunció la destrucción sistemática del salario, señalando que el concepto de "ingreso mínimo" utilizado por el Ejecutivo viola flagrantemente la Constitución. La crisis golpea con especial dureza a la juventud y a las zonas fronterizas: en el estado Amazonas, niños indígenas deben cruzar diariamente a Colombia para recibir educación, ante el colapso de las escuelas locales.

El director de Provea puso especial énfasis en el Arco Minero del Orinoco, al que calificó como una "fachada de la minería ilegal". Denunció que grupos armados e instituciones del Estado actúan en complicidad, provocando un desastre ambiental y humano. En estas zonas, comunidades como los Yanomami mueren de enfermedades controlables como la malaria y la tuberculosis debido al abandono total del sistema de salud y la invasión de mineros ilegales (garimpeiros). Además, recordó que Venezuela tiene el índice más bajo de América del Sur en demarcación de tierras indígenas, dejando a estas poblaciones desprotegidas frente a la explotación del oro.

El "patrullaje cibernético" y el cierre de la prensa

Por su parte, Mabel Sarmiento, representante de Espacio Público, alertó sobre una nueva y peligrosa frontera de persecución: la invasión de la privacidad digital. Sarmiento explicó que la "Ley contra el Odio" se está utilizando para criminalizar a ciudadanos comunes mediante el monitoreo de grupos comunitarios de redes sociales.

Un simple mensaje de audio de 52 segundos quejándose por la falta de gas puede derivar en una condena de años de prisión. Como ejemplo de la crueldad del sistema, citó el caso de la periodista Nakary Ramos, detenida junto a su esposo por informar sobre robos en Caracas. Ramos no solo sufrió daños físicos al ser obligada a dormir en el suelo con una lesión previa en la columna, sino que el impacto psicológico ha marcado a su hija de 5 años, quien ha perdido hitos fundamentales de su crecimiento debido al encarcelamiento de sus padres.

En cuanto a la libertad de prensa, el panorama es desolador: 334 emisoras de radio cerradas en la última década y más de 60 medios digitales bloqueados. Sarmiento advirtió que fuera de la capital existe un "desierto informativo" donde los periodistas enfrentan hostigamiento constante y el borrado forzado de sus materiales de trabajo.

“Este año hemos documentado 68 violaciones a la libertad de expresión y 52 detenciones a trabajadores de la prensa. En estas detenciones se registraron revisiones de equipos y exigencia de revelación de fuentes”.

La "puerta giratoria" y la justicia desde el exilio

Finalmente, Michelle Simón, coordinadora del Foro Penal en Madrid, abordó la situación de los presos políticos. A pesar de las recientes noticias sobre excarcelaciones bajo la "Ley de Amnistía", Simón aclaró que para la fecha del foro aún existían más de 500 personas detenidas por motivos políticos.

“A pesar de las liberaciones que se han producido, aún existen 508 personas detenidas arbitrariamente, de las cuales 5 se desconoce su paradero. Lo que quiere decir que la represión no ha parado en Venezuela”.

Explicó el fenómeno de la "puerta giratoria": el gobierno libera a algunos detenidos para bajar la presión internacional, pero las causas judiciales no se cierran, manteniendo a las personas en un estado de "libertad restringida" e incertidumbre constante. Sobre la mencionada Ley de Amnistía, los ponentes destacaron tres fallas críticas:

Falta de Verificación: La comisión de seguimiento está formada solo por diputados oficialistas, sin presencia de la Iglesia, universidades o sociedad civil, lo que impide confirmar si las cifras de beneficiados (el gobierno habla de 7,000) son reales.

Sin reparación ni retorno: La ley no ofrece garantías para que los perseguidos en el exilio regresen de forma segura ni contempla la devolución de bienes incautados ilegalmente.

Condición de las mujeres: Se resaltó la situación de 54 mujeres detenidas en condiciones precarias, muchas de las cuales han reportado abusos y falta de atención médica.

Simón destacó que la labor de los capítulos internacionales del Foro Penal (ya presentes en casi 30 ciudades del mundo) no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. Defensores y abogados han tenido que huir de Venezuela para poder seguir documentando casos y acompañar a las víctimas desde el exterior, manteniendo la agenda de derechos humanos activa en la política internacional.

Concluyó resaltando la importancia de la sociedad civil en el contexto venezolano. “Las ONG son un apoyo para llegar a los puntos donde el Estado no puede llegar. Pero, desafortunadamente aún se intenta deslegitimar a quienes acompañan a las víctimas”.