Informar no es delito. Al contrario: garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa es fundamental para que las autoridades gubernamentales y los dirigentes rindan cuentas de sus actos. Estos cargos tienen un efecto disuasorio e intimidatorio sobre los periodistas que informan sobre cuestiones que son de la máxima preocupación para las comunidades

La periodista Georgia Fort, junto con otros miembros de la prensa, documentó el 18 de enero de 2026 una protesta en el interior de una iglesia en Minnesota, provocada por el hecho de que el pastor de dicha iglesia era director de una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por esta cobertura periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando a Fort y a otros representantes de la prensa por cargos penales graves, incluido el de crimen de odio. Desde enero de 2025, los medios de comunicación y los profesionales del periodismo han sido blanco de ataques por informar sobre las acciones del gobierno de Trump. Estos cargos pretenden intimidar y silenciar la labor periodística. Instamos a las autoridades a retirar todos los cargos contra miembros de la prensa.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Fiscal General Adjunta, Harmeet K. Dhillon

Assistant Attorney General, Harmeet K. Dhillon

Civil Rights Division

U.S. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20530 USA

Correo-e: harmeet.dhillon@usdoj.gov

Fiscal federal de Minnesota

US Attorney for Minnesota, Daniel Rosen

U. S. Courthouse

316 N. Robert Street, Suite 404

St. Paul, MN 55101, EE. UU.

Correo-e: usamn.pressoffice@usdoj.gov

Señora Fiscal General Adjunta Harmeet K. Dhillon:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por el procesamiento de Georgia Fort y otros miembros de la prensa, debido exclusivamente a su trabajo de información de una protesta en Mineápolis el 18 de enero de 2026. Es evidente que la detención y el subsiguiente procesamiento de Georgia Fort y sus colegas pone de manifiesto una inquietante escalada de desprecio sistémico por los derechos humanos.

Como sin duda usted sabe, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Estados Unidos ha ratificado, consagra el derecho a la libertad de expresión, que protege la libertad de prensa y el derecho de quienes ejercen el periodismo a buscar y difundir información. Sin embargo, el hecho de que el Departamento de Justicia formule contra Georgia Fort y otros profesionales del periodismo cargos penales, incluido el de crimen de odio, por informar sobre una protesta en la Cities Church de St. Paul, Minnesota —donde uno de los pastores era director de una oficina de campo del ICE en aquellos momentos— significa atacar a estos profesionales simplemente por realizar su trabajo periodístico y constituye una violación de sus derechos humanos.

Informar no es delito. Al contrario: garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa es fundamental para que las autoridades gubernamentales y los dirigentes rindan cuentas de sus actos. Estos cargos tienen un efecto disuasorio e intimidatorio sobre los periodistas que informan sobre cuestiones que son de la máxima preocupación para las comunidades.

Por tanto, le insto enérgicamente a retirar los cargos contra Georgia Fort y las demás personas en la causa de United States v. Levy Armstrong (0:26-cr-00025), presentada en el Tribunal de Distrito de Minnesota.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

En diciembre de 2025, el gobierno de Trump lanzó en la región de St. Paul/Mineápolis (las “Ciudades Gemelas”), Minnesota, una operación federal de represión de la inmigración conocida como “Operación Metro Surge”. El Departamento de Seguridad Nacional desplegó a más de 3.000 agentes federales de inmigración que utilizaron tácticas militares contra la población residente, provocando miedo y pánico en las Ciudades Gemelas. La población empezó a movilizarse de diversas maneras, una de las cuales fue organizar protestas contra la “Operación Metro Surge”. Algunas personas residentes en las Ciudades Gemelas describieron la experiencia como estar “bajo asedio”, dada la violenta y hostil presencia de los agentes federales de inmigración.

El 7 de enero de 2026, unos agentes del ICE mataron a Renee Good, observadora comunitaria de las acciones federales de inmigración en Mineápolis. Tras su muerte, el 18 de enero un grupo de manifestantes protestó en el interior de una iglesia en la ciudad de St. Paul porque uno de los pastores de esa iglesia era en ese momento director en funciones de la oficina de campo del ICE en el lugar. La periodista Georgia Fort y otros representantes de la prensa llegaron a la iglesia para documentar la protesta.

La grabación de vídeo de la protesta hecha pública por Don Lemon, uno de los periodistas que se encontraban allí, muestra a manifestantes pacíficos coreando lemas que pedían justicia para Renee Good. Unos días después, las personas que se manifestaron fueron detenidas. El gobierno federal trató de detener al mismo tiempo a los periodistas y otros miembros de la prensa, pero su petición de detención fue denegada en tres ocasiones diferentes por un juez estatal de primera instancia, un juez federal de primera instancia y un juez de un tribunal de apelación. El Departamento de Justicia convocó entonces una vista de gran jurado que dio lugar a la formulación de tres cargos por delitos graves, incluido el de crimen de odio formulado contra Georgia Fort y otros dos miembros de la prensa que informaron sobre las manifestaciones. A primeras horas del 30 de enero, Georgia Fort y los otros tres miembros de la prensa fueron detenidos (un cuarto fue acusado a finales de febrero).

Tras sus detenciones, el presidente Trump publicó en las redes sociales múltiples mensajes dirigidos a Don Lemon, entre ellos uno en el que pedía que fuera condenado a una pena de 40 años y se burlaba de sus detenciones. Georgia Fort, fundadora de una organización de prensa dedicada a difundir historias de empoderamiento dirigidas a las comunidades negras, retransmitió en directo la llegada, a primeras horas de la mañana, de agentes federales que acudían a su casa a detenerla.

En el gobierno de Trump, la supremacía blanca se ha entrelazado con la gobernanza para aplicar políticas racistas de mano dura en materia de inmigración y cumplimiento de la ley. Cuando el gobierno de Trump desplegó más de 3.000 agentes federales de inmigración en Minnesota, la justificación era actuar contra la comunidad somalí en Estados Unidos, a la que el presidente calificó públicamente de “basura”. Tres de cada cuatro miembros de la prensa que se enfrentan a cargos son personas estadounidenses negras. Estaban realizando su trabajo, protegido por los derechos humanos, de informar sobre las protestas y sobre la indignación pública provocada por la “Operación Metro Surge”. Por ser miembros de la prensa, el gobierno los ha detenido en virtud de una legislación sobre crimen de odio que data del siglo XIX y que se promulgó originalmente para refrenar los ataques masivos del violento grupo de odio de supremacistas blancos Ku Klux Klan contra estadounidenses negros que habían sido esclavos.

Desde enero de 2025, el gobierno de Trump ha atacado sistemáticamente a periodistas por informar detalladamente de sus acciones. Algunos de estos ataques son: la deportación del periodista y solicitante de asilo radicado en Estados Unidos Mario Guevara, que informó sobre las redadas del ICE; la confiscación, por parte del FBI, de dispositivos personales y profesionales de la casa de un periodista en Washington, DC; el lanzamiento, por parte de la Casa Blanca, de un sitio web centrado en atacar a periodistas y medios de comunicación que no seguían la línea gubernamental; y la utilización como arma de la autoridad de la Comisión Federal de Comunicaciones para aprobar la concesión de licencias y la fusión de medios de comunicación basándose en el rechazo de la empresa a las iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión.

Los ataques activos contra periodistas y medios de comunicación y su desacreditación por parte de quienes ocupan el poder son una práctica autoritaria habitual. El control del discurso y el silenciar la disidencia o las informaciones no alineadas son estrategias clave para que quienes ocupan el poder traten de actuar sin rendir cuentas. El derecho a la libertad de expresión y de prensa es una de las vías que la población tiene para hacer rendir cuentas a sus dirigentes; sin él, los dirigentes se sienten más envalentonados para actuar impunemente.