Miércoles, 15 de julio, 2026
Mientras van viéndose claramente las devastadoras consecuencias de los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio de 2026, cientos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos permanecen encarceladas injustamente. Los informes de daños en la prisión conocida comúnmente como “Rodeo I” vinieron precedidos de relatos de desatención a la integridad física de las personas detenidas, así como de informes preocupantes sobre uso ilegítimo de la fuerza. Además, Amnistía Internacional ha recibido informes de presuntos actos de tortura y posible desaparición forzada de personas detenidas. Pedimos al fiscal general que garantice la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y que proteja la vida y la integridad de quienes están bajo custodia.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Larry Devoe
Fiscal General
Edificio Ministerio Público, PB
Av. Urdaneta, esquinas de Ánimas a Platanal
Caracas, Venezuela
Señor Fiscal General:
En medio del terrible impacto causado por los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, las autoridades venezolanas deben cumplir íntegramente sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Hoy, más que nunca, no puede haber excusa ni demora para poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
Quiero manifestar mi sincera solidaridad con todas las personas afectadas por los terremotos, así como con las familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil que, en vista de los devastadores efectos de los terremotos de junio, piden que se proteja y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente. No se puede destacar lo suficiente su resiliencia y solidaridad.
Suscitan mi condena los relatos de familiares de personas recluidas en la prisión de “Rodeo I” que denuncian el uso de la fuerza contra personas detenidas en el periodo posterior a los terremotos. En concreto, los informes que afirman que los funcionarios dispararon perdigones y gas lacrimógeno contra personas detenidas son espeluznantes. Esos actos podrían constituir tortura y malos tratos. Otros informes sobre personas que podrían haber sido víctimas de desaparición forzada resultan también profundamente inquietantes.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado las condiciones en “Rodeo I” y los actos cometidos contra personas recluidas allí como posibles actos de tortura y otro trato cruel, inhumano o degradante. Además de la tortura y los malos tratos, también resulta sumamente preocupante que la detención arbitraria en Venezuela esté relacionada demasiado a menudo con otras graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, como en el caso de Jorgen Guanares, cuya suerte y paradero se desconocen desde agosto de 2024, y de Emirlendris Benítez y Juan Carlos Marrufo, a quienes actualmente se les niega la atención médica adecuada a pesar del sufrimiento que padecen y de la urgencia con que la necesitan.
Le pido que garantice la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Mientras estén bajo custodia del Estado, y especialmente en medio de la crisis humanitaria intensificada por los recientes terremotos, debe protegerse la vida de todas las personas detenidas, deben darse a conocer su suerte y paradero y debe permitirse a estas personas acceso a atención médica adecuada y visitas familiares.
Atentamente, [NOMBRE]
INFORMACIÓN ADICIONAL
La tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, golpearon Venezuela. Afectaron principalmente a zonas densamente pobladas en La Guaira, Caracas, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda y Yaracuy. A 12 de julio, según cifras oficiales, al menos 4.561 personas habían muerto, 16.740 habían resultado heridas y 17.907 habían perdido su hogar. Cientos de bloques de apartamentos y otros edificios se derrumbaron o han sufrido daños estructurales. En general se considera que estas cifras no transmiten el alcance total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos: miles de personas siguen desaparecidas, según los informes, y el acceso a la información sigue estando restringido después de años de censura auspiciada por el Estado y de una política estatal de represión.
Amnistía Internacional ha recibido información procedente de familiares de personas detenidas arbitrariamente, en concreto de una persona en la prisión de “Rodeo I”, que indican que las autoridades penitenciarias dispararon perdigones y gas lacrimógeno en el interior del centro penitenciario, lo que podría constituir tortura y malos tratos. Esto coincide con las denuncias formuladas por la ONG CLIPPVE, que ha advertido de que estos actos parecen ser represalias contra personas detenidas, unas represalias ejercidas por pedir medidas para abordar el daño causado por los terremotos, y ha alertado de que hay personas detenidas heridas de gravedad y, según las familias, al menos siete se encuentran en paradero desconocido, lo que podría constituir desaparición forzada.
El 25 de junio, Amnistía Internacional publicó un comunicado de prensa en el que daba la alarma sobre el devastador impacto que estos terremotos probablemente tendrían en la población de Venezuela, sumida en una compleja emergencia humanitaria que dura ya un decenio, una política sistemática de represión y, lo que constituye un elemento fundamental, un sistema sanitario desmoronado. El 30 de junio, la organización emitió una Acción Urgente en la que pedía una respuesta a los terremotos basada en los derechos.
Al menos desde 2014, el gobierno venezolano ha utilizado de forma continuada las detenciones arbitrarias por motivos políticos para silenciar cualquier forma de disidencia o presunta disidencia en Venezuela, como parte de una política sistemática y generalizada de represión. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, las autoridades venezolanas han liberado lenta y esporádicamente a víctimas de detención arbitraria de motivación política; a la mayoría las han puesto en libertad condicional, manteniendo las investigaciones penales o los cargos contra ellas, como en el caso de los presos de conciencia y defensores de los derechos humanos Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. A 6 de junio, al menos 372 personas seguían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG venezolana Foro Penal, mientras que otras ONG (como Justicia, Encuentro y Perdón) aumentaban esa cifra a más de 518 a 13 de julio de 2026.
Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Se calcula que para mayo de 2025 habían huido de Venezuela 7,9 millones de personas. En su comunicado de prensa del 25 de junio, Amnistía Internacional declaró: “Las ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.” Además, en su Acción Urgente, Amnistía Internacional declaró: “Este llamado se ha vuelto aún más urgente para ayudar a los grupos más vulnerables a la discriminación y la marginación, es decir, las niñas y los niños y las personas mayores”.
Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han determinado que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados ‘colectivos’)”.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español.
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de septiembre de 2026.
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas detenidas por motivos políticos (no procede)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/1059/2026/es/