Miércoles, 10 de mayo, 2017

Del Informe del MP 2016, algunas organizaciones dedicadas a la defensa y empoderamiento de las mujeres, como el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, indicaban que la impunidad rondaba el 96%. Así también lo reflejo  Amnistía Internacional en su Informe Anual 2016/2017, capítulo Venezuela: “Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público indicaban que, de las más de 70.000 denuncias de violencia de género recibidas en 2014, menos del 1% habían llegado a juicio. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena”.


"Mientras tengamos un sistema (judicial) que no responde con la calidad y el tiempo correcto, vamos a tener una situación donde la mujer sigue siendo la víctima" Luz Carvalho, ONU Mujeres Latinoamérica

 

El último informe del Ministerio Público (MP) venezolano, señala que en 2016 esa instancia presentó 108 acusaciones en materia de violencia de género, de las cuales 50 habrían llegado a condenas y otras 28 se encontraban en fase de juicio. De estos números se desprende que un 70% de los casos presentados por las fiscalías en materia de protección contra la violencia de género, estarían resueltos o en proceso de ser resueltos. Sin embargo, falta un número en esta ecuación: la cantidad de denuncias. No es posible medir la efectividad de las instancias de protección sin conocer cuántas de las denuncias formuladas alcanzaron la fase acusatoria. Las estadísticas actualizadas siguen siendo un asunto pendiente en esta y en muchas otras áreas.

 Del Informe del MP 2016, algunas organizaciones dedicadas a la defensa y empoderamiento de las mujeres, como el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, indicaban que la impunidad rondaba el 96%. Así también lo reflejo  Amnistía Internacional en su Informe Anual 2016/2017, capítulo Venezuela: “Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público indicaban que, de las más de 70.000 denuncias de violencia de género recibidas en 2014, menos del 1% habían llegado a juicio. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena”.

 

Impunidad: un mal regional

Catorce de los 25 países de la región presentan la mayor tasa de femicidios del mundo. La directora de ONU Mujeres para Latinoamérica, Luz Carvalho, ha indicado en diversas oportunidades que la impunidad sigue siendo “el gran drama” en la lucha contra la violencia de género en Latinoamérica. En países como Argentina, Chile y Guatemala, donde la impunidad ronda el 90%, numerosas organizaciones y activistas han denunciado que el sistema de justicia “garantiza la impunidad”, al no aplicar la perspectiva de género desde el inicio de la investigación.  Si bien hubo un importante adelanto en materia legislativa en toda la región, hemos sido testigos durante los últimos años de un preocupante repunte de la violencia de género en varios países, entre ellos Venezuela, cuya tasa de violencia contra la mujer (4 de cada 10) está por encima de la media mundial que ha establecido la ONU de 3 por cada 10.  

La impunidad socava de manera sistemática cualquier iniciativa legal, instrumental y estructural que pretenda disminuir los índices de violencia de género, mas aún en un país donde se ha incumplido con la construcción de Casas de Abrigo, establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y que deberían funcionar en cada municipio a fin de garantizar a las mujeres un espacio seguro para ellas y sus hijos e hijas menores de 12 años, si los tuviere, recibir el apoyo sicológico y legal que pueda necesitar y sobre todo, proporcionarle un lugar idóneo para el resguardo de su vida e integridad física y emocional. En Venezuela hay 335 municipios, hasta la fecha hay menos de diez casas de abrigo a nivel nacional, el déficit es de casi un 70%.

 

Premios Género y Justicia: monitoreando al sistema judicial

Cuando un juez emite una sentencia en contra de una mujer “porque no cumple con el rol tradicional de madre”, para quitarle la custodia de su hijo y demás le ordena que asista a terapia a fin de subsanar sus carencias como progenitora, ¿quién se encarga de corregirlo?. Ciertamente, las decisiones de juezas y jueces en el mundo no reciben ninguna clase de monitoreo en cuanto al lenguaje utilizado, que obviamente puede repercutir de manera positiva o negativa en la vida de niñas y mujeres. En este sentido, la organización Women´s Link Worldwide creo en 2009 el premio Género y Justicia, el cual tiene la finalidad de reconocer decisiones cuyo contenido, en forma y fondo, contribuya a fomentar y reconocer la igualdad entre hombres y mujeres además de proteger los derechos humanos de estas. Por otro lado, también se confiere una “distinción” en sentido negativo a las decisiones judiciales que hagan uso de estereotipos, lenguaje sexista y en sentido general, vayan en detrimento de las reivindicaciones por las cuales día a día luchan miles de mujeres en el mundo. Las nominaciones pueden hacerlas cualquier persona, el jurado encargado de escoger a las galardonadas está integrado por personalidades ligadas al ámbito de los derechos humanos, organismos multilaterales de protección de derechos de mujeres y niñas, organizaciones no gubernamentales que trabajan con enfoque de género, escritoras, ex juezas, y similares.

En 2016, los galardonados en la peor categoría fueron la sentencia de República Dominicana que declaró inconstitucional el Código Penal moderno, el cual despenalizaba el aborto en tres circunstancias, y dejó vigente el Código del siglo 19. En segundo lugar estuvo la sentencia del Reino Unido que exculpo a un hombre de violación, bajo el argumento de que “se tropezó y cayó sobre la mujer”. En las categorías positivas estuvieron la sentencia de Zimbabue que prohíbe el matrimonio infantil y el de un tribunal de Irlanda de Norte que estableció que prohibir el aborto en ciertas circunstancias constituye una violación de derechos humanos.

Este ejercicio de contraloría permite identificar algunos de los factores que inciden en la perpetuación de construcciones sociales dirigidas a mantener la desigualdad, la impunidad y la sensación de que la justicia sigue estando en mora con niñas y mujeres. La labor del sistema de justicia en la efectiva implementación de las leyes existentes, es un paso fundamental para pasar de igualdad adjetiva a la igualdad sustantiva, sin la cual no será posible hablar de avances reales en materia de igualdad.

"Hoy por hoy si las cosas se mantienen como son, la mujer va a tardar 70 años para obtener la igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades de los hombres. Necesitamos acelerar" Luz Carvalho, ONU Mujeres Latinoamérica.

Fuentes:

http://www.elcomercio.com/tendencias/violenciadegenero-latinoamerica-impunidad-leyes-luizacarvalho.html

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Alerta-En-2017-los-feminicidios-aumentan-en-America-Latina-20170221-0012.html

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/venezuela-supera-promedio-mundial-violencia-genero_664

http://www.womenslinkworldwide.org/premios/premios-genero-y-justicia

http://www.unciencia.unc.edu.ar/2015/septiembre/violencia-de-genero/violencia-de-genero-hablar-de-lo-que-no-se-habla

http://www.unitedexplanations.org/2016/09/21/luchando-contra-la-impunidad-premios-genero-y-justicia-al-descubierto/

Informe 2016 del Ministerio Público de Venezuela

Imagen:Adrian Niederhaeuser