Boris Quiñones: Urge medida humanitaria para médico detenido en protestas

Boris Quiñones es un médico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en la ciudad de Maracay, estado Aragua (región central).

Quiñones y 26 estudiantes más –incluyendo 5 mujeres-, fueron detenidos el 2 de julio de 2017 por funcionarios de la Policía de Aragua mientras se encontraban en una protesta en las instalaciones de la universidad.

El 3 de julio, los estudiantes fueron presentados ante un tribunal militar. Durante la audiencia, denunciaron que fueron aprehendidos por individuos que se identificaban como “el tren de Aragua”, quienes los encapucharon, golpearon con tubos, insultaron, y les robaron dinero y teléfonos celulares. Las mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente, golpeadas e insultadas por los funcionarios.

El juez de un tribunal militar acordó la privativa de libertad para 22 de los estudiantes detenidos, incluido Quiñones. Fueron imputados por delitos militares.

Los estudiantes fueron recluidos en dos recintos penitenciarios: la cárcel 26 de Julio y el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado. Quiñones fue trasladado a El Dorado, cárcel que se encuentra a más de 1000 km de distancia de la ciudad de Maracay, donde vive su familia.

El 27 de septiembre, Quiñones y los 26 estudiantes tuvieron audiencia ante un tribunal militar en la que el juez les ordenó la libertad bajo medidas cautelares.

El 28 de septiembre, los abogados de los estudiantes informaron públicamente que la orden de excarcelación no había sido acatada por los funcionarios de la Policía de Aragua. El mismo día, el juez noveno de control dejó sin efecto la orden de liberación de todos los estudiantes emitida por el tribunal militar. En cambio, dictaminó la libertad condicional a 22 de los estudiantes y a los 5 restantes, incluyendo a Quiñones, se les ordenó la apertura de juicio por nuevos cargos. Quiñones fue trasladado al Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador” en Tocuyito, estado Carabobo.

Desde entonces, familiares y abogados han denunciado públicamente que las audiencias han sido suspendidas de forma sistemática, debido a que no se realizan los traslados de la cárcel a tribunales.

El 2 de marzo, familiares alertaron de forma pública que Quiñones intentó suicidarse. Fue atendido dentro de las instalaciones penitenciarias y no fue trasladado a un centro hospitalario. Igualmente explicaron que Quiñones presenta un cuadro de salud delicado y que a la fecha, no había recibido atención médica especializada, a pesar de haberse realizado las solicitudes correspondientes.

El 5 de marzo de 2018, familiares alertaron que Quiñones nuevamente había intentado quitarse la vida. Exigieron a las autoridades atención médica y psiquiátrica, así como acceso a información acerca de su estado de salud y ubicación.