Durante 2017 se registraron 993 ejecuciones en 23 países. Se trata de una reducción del 4% respecto a 2016, con 1.032 ejecuciones, y del 39% respecto a 2015, cuando la organización informó de la cifra más elevada desde 1989

Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, por este orden.

Pese a que la mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte, en los territorios donde todavía se aplica esta condena se siguen registrando casos de juicios injustos que derivan en la ejecución de personas inocentes. Sin embargo, en otros Estados se han introducido cambios legislativos importantes para poner fin a esta práctica, tal como lo registra el Informe Anual 2017/18 de Amnistía Internacional.

Las Américas

En las Américas el único país que mantiene la pena de muerte como condena activa son los Estados Unidos, donde el número de ejecuciones se elevó con respecto a años anteriores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso de la presunción de inocencia en una serie de publicaciones en Twitter en las que pidió la pena de muerte para Sayfullo Saipov.

Además, Veintitrés hombres fueron ejecutados en ocho estados, lo que elevó a 1.465 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Se impusieron alrededor de 39 nuevas condenas a muerte. Al final del año había aproximadamente 2.800 personas pendientes de ejecución.

A pesar de que la pena capital se abolió en Puerto Rico en 1929, todavía podía imponerse. La Fiscalía Federal estadounidense para el Distrito de Puerto Rico anunció que pediría, una vez más, la aplicación de la pena de muerte contra Alexis Candelario Santana, en el nuevo juicio cuyo inicio estaba previsto el 1 de agosto de 2018.

En Guatemala, Augusto Jordán Rodas asumió el cargo de procurador de Derechos Humanos. En noviembre se declararon inconstitucionales las anteriores disposiciones penales sobre la pena de muerte.

Europa

En abril fue ejecutado, en Bielorrusia, Siarhei Vostrykau, condenado a muerte desde mayo de 2016. El Tribunal Regional de Homel recibió confirmación de su ejecución el 29 de abril. La última carta que su madre había recibido de él estaba fechada el 13 de abril.

Había al menos cinco hombres en espera de ejecución en Bielorrusia: Aliaksei Mikhalenya, Ihar Hershankou, Siamion Berazhnoy, Viktar Liotau y Kiryl Kazachok.

Oriente Medio y Norte de África

Irán, Irak y Arabia Saudí seguían figurando entre los usuarios de la pena de muerte más prolíficos del mundo y llevaron a cabo entre los tres cientos de ejecuciones, muchas de ellas después de juicios injustos.

En Arabia Saudí se seguía utilizando la pena de muerte contra la disidencia política. Al menos 38 hombres chiíes corrían riesgo de ejecución, entre ellos cuatro que habían sido condenados a muerte por participar en protestas en 2012, cuando eran menores de 18 años. En octubre, las autoridades aprobaron una nueva Ley Antiterrorista que sustituía a la de febrero de 2014 e introducía condenas específicas para los delitos de “terrorismo”, incluida la pena de muerte.

En Irak se continuó usando la pena de muerte como herramienta de represalia en respuesta a la indignación pública que suscitaban los ataques reivindicados por el Estado Islámico.

En Irán, Amnistía Internacional pudo confirmar la ejecución de cuatro personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito, aunque varias ejecuciones de otras personas en las mismas circunstancias se aplazaron en el último momento debido a campañas públicas.

Bahréin y Kuwait reanudaron las ejecuciones en enero; fueron las primeras llevadas a cabo desde 2010 y 2013, respectivamente, y las condenas se habían impuesto por asesinato.

Egipto, Jordania, Libia y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza también llevaron a cabo ejecuciones. Salvo Israel y Omán, todos los demás países de la región continuaron con la práctica arraigada de imponer la pena de muerte pero no aplicarla.

África

El 13 de diciembre, Tshiamo Kgalalelo y Mmika Mpe fueron condenados a muerte en Botsuana después de que, en mayo, el Tribunal Superior de Lobatse los hubiera declarado culpables de asesinato y otros cargos, incluidos robo y secuestro.

En Camerún seguían imponiéndose penas de muerte a personas acusadas de apoyar a Boko Haram, pero no se ejecutó a ninguna de ellas durante el año. Todos los casos fueron juzgados en virtud de la Ley Antiterrorista de 2014, que adolecía de graves deficiencias.

En los Emiratos Árabes Unidos, los tribunales impusieron condenas a muerte, y el 23 de noviembre se llevó a cabo una ejecución.

En Ghana, decenas de personas condenadas a muerte, seis de las cuales estaban oficialmente consideradas personas con discapacidad mental o intelectual, se encontraban recluidas en condiciones precarias.

Mientras tanto, en Guinea Ecuatorial seguían imponiéndose condenas a muerte. El 16 de septiembre, Raimundo Nfube Onvay Fausto Luis Nve Adugu fueron condenados a muerte por un homicidio ritual cometido en2016.

Asia

China siguió siendo el país que llevaba a cabo más ejecuciones, aunque las estadísticas sobre la pena capital continuaban clasificadas como secreto de Estado.

En Taiwán, el Tribunal Supremo desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía General para que se sometiera a un nuevo juicio a Chiou Ho-shun, quien fue condenado a muerte desde 1989, afirmaba haber sido torturado y obligado a “confesar” durante los interrogatorios policiales.

Mongolia se convirtió en el país número 105 que abolía la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, en noviembre el presidente propuso al Ministerio de Justicia reinstaurar la pena capital en respuesta a dos casos de violación y asesinato.

En Afganistán se llevaron a cabo cinco ejecuciones en la cárcel de Pul-e-Charki de Kabul. Las cinco personas ejecutadas habían sido declaradas culpables en 2016 de asesinato y secuestro, y su ejecución se había llevado a cabo a pesar de que sus condenas estaban siendo revisadas por tres tribunales de apelación.

En abril, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condenó a muerte a dos hombres tras declararlos culpables de crímenes de lesa humanidad.

Brunéi Darussalam mantenía la pena de muerte en la horca para varios delitos, como los de asesinato y terrorismo y los relacionados con drogas.

Por otra parte, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó en marzo un anteproyecto de ley para reintroducir la pena capital, pero éste se estancó en el Senado debido a la oposición encontrada.

En Maldivas el gobierno declaró que se iba a aplicar la pena de muerte “a finales de septiembre”. Estas ejecuciones serían las primeras en más de 60 años. Tres hombres —Hussain Humaam Ahmed, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel— seguían en peligro de ejecución inminente, a pesar de existir graves motivos de preocupación en relación con la imparcialidad de las actuaciones judiciales.

Victorias importantes

En algunos países se produjeron reformas importantes. Gambia revocó su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), puso en libertad a personas presas por motivos políticos y prometió abolir la pena de muerte.

En Afganistán, en una revisión del Código Penal, se sustituyó la pena de muerte por la cadena perpetua como castigo de algunos delitos.

El gobierno de Benin no adoptó leyes para eliminar la pena de muerte de la legislación, a pesar de que el Tribunal Constitucional había abolido este castigo en 2016. No obstante, aceptó la recomendación formulada durante el examen periódico universal de la ONU de conmutar todas las condenas a muerte y acelerar la adopción de disposiciones para abolir la pena capital en su nuevo Código Penal. Al concluir el año había 14 detenidos en espera de ejecución. Sus condiciones de reclusión mejoraron ligeramente durante el año al suavizarse las restricciones a las actividades al aire libre.

En Burkina Faso, el proyecto de Constitución se sometió en diciembre a la aprobación del presidente. Contenía disposiciones que reforzaban la protección de los derechos humanos, como la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia; abolían la pena de muerte, y aumentaban la independencia del poder judicial.

El presidente Idriss Déby Itno, de Chad, promulgó la revisión del Código Penal en la que se revocaba la pena de muerte, salvo para el delito de “terrorismo”.

El 21 de septiembre, Gambia firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que parecía ser una medida encaminada a abolir la pena de muerte.

La Asamblea Nacional de Guinea adoptó un nuevo Código de Justicia Militar que, en caso de promulgarse, aboliría de hecho la pena de muerte. El Código contenía también disposiciones que podían menoscabar el derecho a un juicio justo y a la justicia, por ejemplo, al permitir los juicios de civiles ante tribunales militares.

En Mongolia la pena de muerte quedó abolida para todos los delitos a partir del 1 de julio, fecha en que entró en vigor el nuevo Código Penal, aprobado en diciembre de 2015. Sin embargo, en noviembre el presidente recién elegido propuso su reinstauración al Ministerio de Justicia como respuesta a dos violentos casos de violación y asesinato.

Amnistía Internacional pide:

– Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato las ejecuciones.

– Que los países que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación.

– Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.