Lunes, 12 de noviembre, 2018
Damiano, Daniela

Este año el Maratón de Cartas de Amnstía Internacional se centra en nueve casos: Marielle Franco de Brasil, Pavitri Manjhi en India, Atena Daemi de Iràn, el Pueblo Indígena Sengwer de Kenia, Gulzar Duishenova de Kirguistàn, Nonhle Mbuthuma en Sudafrica, Nawal Benaissa en Marruecos, Vitalina Koval en Ucrania y Geraldine Chacón en Venezuela


El Maratón de Cartas de 2018 de Amnistía Internacional nos muestra nueve historias de vida donde la vulneración a los derechos humanos contra ellas es una terrible realidad que en algunos casos les ha costado la vida. Otras personas siguen siendo amenazadas y hostigadas ante la mirada indiferente de las autoridades de su país. Actúa para que estas personas consigan justicia y puedan ser libres de defender sus propios derechos y los de otros. Conoce sus historias:


Marielle Franco – Brasil

Fue una joven brasileña que luchaba en Río de Janeiro como concejala popular por una ciudad más justa y segura. Creció en las favelas y siempre defendió los derechos de las mujeres negras, las personas LGBTI y los jóvenes.

El 14 de mayo del 2018, fue asesinada a tiros en su automóvil junto con su conductor, Anderson Pedro Gomes. La evidencia sugiere que el asesinato fue llevado a cabo por profesionales calificados y los expertos dijeron que las balas pertenecían a la policía Federal de Brasil.

Si nos unimos, podremos hacer ver a las autoridades brasileñas que no descansaremos hasta que se haga justicia. Su deber es proteger de nuevas agresiones a quienes defienden los derechos humanos, e identificar a los autores de la muerte de Marielle. Pide justicia para Marielle ya.

 

Pavitri Manjhi – India

Pertenece a una comunidad indígena adivasi que corre el peligro de ser expulsada de su tierra para dejar sitio a dos plantas eléctricas. En consecuencia, sus integrantes se enfrentan a perder sus granjas y sus medios de subsistencia. Pero Pavitri Manjhi lidera el contraataque.

La gente del lugar afirma haber sido obligada a vender sus terrenos a agentes que representaban a dos empresas privadas. Muchas personas no han recibido siquiera un pago adecuado. Como presidenta del consejo de su poblado, Pavitri consiguió que los vecinos se unieran para presentar casi un centenar de denuncias formales. Pero eso le ha valido constantes actos de intimidación.

Desde hace decenios, se viene expulsando de sus tierras a pueblos adivasis, cuyos derechos se pisotean para facilitar proyectos empresariales. Pero Pavitri no está dispuesta a irse. Está decidida a ayudar a su comunidad a enfrentarse a las grandes empresas y proteger sus tierras ancestrales. Pide a India que proteja de inmediato a Pavitri de los actos de hostigamiento.

 

Atena Daemi – Irán

Atena Daemi sueña con el fin de la pena de muerte en Irán. Por eso, ha publicado mensajes en Facebook y Twitter criticando el historial de ejecuciones de su país, ha repartido folletos y ha participado en una manifestación pacífica contra la ejecución de una joven. 

Esos actos se han presentado como “pruebas” de su actividad delictiva y han servido para condenarla a siete años de cárcel. Su juicio fue una farsa que duró sólo 15 minutos y en la que Atena Daemi fue declarada culpable de cargos falsos, como el de “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”.

Atena ya ha sufrido mucho: ha sido golpeada, rociada con pulverizadores de pimienta y recluida en régimen de aislamiento, pero ella continúa luchando por los derechos humanos. Este mismo año se declaró en huelga de hambre en protesta por su traslado a una cárcel de siniestra reputación. Durante su reclusión, su salud se ha deteriorado de forma alarmante. Debe ser puesta en libertad de inmediato. Dile a Irán: Atena Daemi debe quedar en libertad. 

 

Pueblo indígena Sengwer – Kenia

El pueblo sengwer de Kenia tiene profundos lazos espirituales con el bello y extenso bosque de Embobut. Es su tierra ancestral, en la que vive desde hace siglos. Sin embargo, el gobierno keniano está desalojando violentamente de él a esa comunidad indígena de apicultores y pastores.

En nombre de la “conservación”, los guardas forestales y la policía han quemado desde 2012 unas 2.600 casas, y han dejado sin hogar a unas 4.600 personas. En enero de 2018, un hombre murió abatido a tiros y otro resultó gravemente herido. Estos actos de violencia violan directamente las reiteradas órdenes judiciales que debían proteger a esta comunidad indígena. El pueblo sengwer está perdiendo sus hogares, sus medios de subsistencia y su identidad cultural. Algunos de sus miembros están viviendo ya fuera del bosque y han quedado sumidos en la más absoluta pobreza. 

El gobierno dice que quiere frenar la deforestación, pero no hay pruebas de que los sengwer hayan perjudicado el bosque. Es preciso que este pueblo indígena sea reconocido como propietario y guardián natural del bosque de Embobut. Pide a Kenia que deje al pueblo sengwer vivir en paz en su tierra.

 

Gulzar Duishenova – Kirguistan

En 2002 perdió la movilidad en las piernas, tras sufrir un accidente de automóvil por culpa de un conductor ebrio. Al año siguiente, su esposo murió de repente, y Gulzar se quedó sola a cargo de sus dos hijos de corta edad.

Años más tarde, conoció a otras personas con discapacidad que se estaban organizando en la capital del país, Bishkek. Se dio cuenta de que se enfrentaban a los mismos problemas, como la dificultad de encontrar trabajo por falta de lugares adaptados a las sillas de ruedas, o la necesidad de depender de otras personas.
para subir a los autobuses, una experiencia tan embarazosa como invasiva. Desde entonces, la misión de su vida ha pasado a ser conseguir que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad y circular libremente. 

Sin embargo, continúa enfrentándose a barreras.  Es discriminada a diario en una sociedad en la que, supuestamente, las mujeres no deben alzar la voz y las personas con discapacidad son consideradas “inválidas” con enfermedades incurables. Pide a Kirguistán que apoye la lucha de Gulzar por el cambio. 

 

Nawal Benaissa – Marruecos

Habla abiertamente en favor de la justicia social y de mejoras en los servicios de salud del Rif, su región, donde muchas personas se sienten olvidadas por el gobierno. Es una de las principales voces de un movimiento popular llamado Hirak y, como tal, ha participado en actos pacíficos de protesta y ha hecho campaña en las redes sociales para pedir cambios. Pero las autoridades marroquíes la han acosado en todo momento para intentar hacerla callar.

Así, en cuestión de cuatro meses, ha sido detenida y recluida cuatro veces, y le han ordenado cerrar su popular perfil de Facebook, que contaba con 80.000 seguidores. Por último, en febrero de 2018 le impusieron una condena condicional de 10 meses y una multa por “incitación a cometer delitos”. Piensa recurrir la sentencia, pero los actos de intimidación continúan. Ha llegado a cambiar de ciudad para evitar ser constantemente vigilada.

Para Nawal, la solución es sencilla: lo único que quiere es ser completamente libre para luchar por un futuro mejor para su comunidad y sus hijos. Pide a Marruecos que deje de acosar a Nawal ya.

 

Nonhle Mbuthuma – Sudafrica

Nonhle Mbuthuma no va a darse por vencida: lidera la lucha para defender a su comunidad contra una empresa minera que quiere extraer titanio de sus tierras ancestrales. “Si arrebatas mi tierra, arrebatas mi identidad”, afirma.

Está siendo hostigada sólo por defender sus derechos. Nonhle pertenece a la comunidad tradicional amadiba, pueblo indígena de la provincia sudafricana de Cabo Oriental con derechos comunales sobre la tierra. Si se permite a la empresa iniciar operaciones mineras en el terreno, unas 5.000 personas podrían ser desalojadas a la fuerza. En consecuencia, perderían sus viviendas, sus medios de subsistencia y toda su forma de vida. Desde que Nonhle fundó, junto con su comunidad, el Comité Amadiba de Crisis para unir a cinco localidades en la lucha, ha sido constantemente víctima de intimidación y amenazas, y ha sobrevivido incluso a un intento de homicidio. 

Pero está decidida a resistir. Como ella misma dice: “Ésta era la tierra de mi abuela, que la heredó de sus abuelos. ¿Qué voy a dejarles a mis hijos? La minería no es una opción”. Pide a Sudáfrica que proteja a Nonhle ya.

 

Vitalina Koval – Ucrania

Vitalina Koval ha querido, desde siempre, lograr cambios positivos. Por eso, aprovecha su extraordinaria energía para apoyar a la población LGTBI de Uzhgorod, su ciudad. Sin embargo, tanto ella como otros activistas han sufrido violentas agresiones de grupos de extrema derecha sólo por haber alzado la voz contra el odio.

El 8 de marzo de 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Vitalina organizó una manifestación pacífica por los derechos de las mujeres y los derechos LGBTI. La policía le había garantizado la seguridad de los manifestantes y la suya propia, pero ese día un grupo de personas profirió insultos y lanzó pintura roja. Vitalina sufrió quemaduras químicas en los ojos. Sus agresores fueron detenidos, pero quedaron en libertad al cabo de unas horas. Posteriormente, tanto Vitalina como otras personas han sido amenazadas, y dos activistas han denunciado haber recibido palizas. Pide a Ucrania que proteja a Vitalina y a quienes defienden los derechos de las mujeres y los derechos LGBTI.

 

Geraldine Chacón – Venezuela

Geraldine ha querido siempre defender a otras personas. Ya a la edad de 9 años, soñaba con ser abogada, y con 14 se presentó como candidata al gobierno juvenil de su municipio. Más tarde, en la universidad, organizó una red de activistas de Amnistía Internacional para luchar por el cambio. En palabras de su madre, “combatía cualquier injusticia que viera”.

Esa pasión la llevó a trabajar para una organización que empodera a jóvenes de algunos de los barrios más pobres de Caracas, su ciudad natal. Pero en febrero de 2018, agentes armados detuvieron en su hogar a esta entusiasta joven, miembro activo de su comunidad, a la que las autoridades relacionaron, injustamente, con grupos de “resistencia” acusados de organizar manifestaciones violentas contra el gobierno. Su persecución forma parte de una maniobra de represión generalizada puesta en marcha por el gobierno contra quienes critican a las autoridades y defienden los derechos humanos en el contexto de la actual crisis venezolana. 

Tras cuatro meses recluida en pésimas condiciones, Geraldine quedó en libertad en junio; pero no puede salir del país y su causa sigue abierta, de manera que podría volver a ser detenida en cualquier momento sin causa aparente. Pide a Venezuela que deje de hostigar a Geraldine de inmediato.