Las distintas persecuciones contra quienes ayudan a personas en situación de vulnerabilidad cruzó la línea de la arremetida política con la detención arbitraria de cinco miembros de Azul positivo

Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), [1] desde 2004 se dedica a ofrecer respuesta educativa, atención, prevención y apoyo a personas con VIH en el estado Zulia. Los últimos años y debido a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país decidieron extender su área de acción para poder a otros grupos con mayor situación de vulnerabilidad. Entre estas personas, se encuentran quienes no pueden adquirir alimentos, fue entonces cuando implementaron la entrega de tarjetas de débito para depositar ayudas económicas a través de la cooperación internacional. Entre 2015 y 2020 la organización no gubernamental Azul Positivo ha beneficiado a 43.992 personas con sus actividades.

El pasado 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de Azul Positivo en Maracaibo. La razón que dieron las autoridades para explicar el atropello en el procedimiento fue justo la entrega de las ayudas económicas aseverando que la investigación giraba en torno al presunto uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago.

Los directivos de la ONG Azul Positivo fueron acusados ​​de delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Cronología de la persecución contra quienes ayudan en Venezuela

El día de la detención, luego de más de 6 horas de haber llevado a cabo el allanamiento y desconociendo el paradero de los trabajadores humanitarios se conoció que un juzgado castrense ordenó el procedimiento, aunque días después le envió el caso a un tribunal penal ordinario ( 4 ° de Control de Zulia), el cual, el 14 de enero decretó la medida privativa de libertad contra 5 de los miembros de la organización. El 28 de enero el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia declaró “sin lugar” la solicitud y la sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta el 18 de enero por la defensa [2] .

El 14 de enero, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente [3] con la finalidad de exigir la liberación inmediata de los trabajadores humanitarios, además de denunciar que ninguna de estas personas han tenido acceso a un abogado ni a sus familias. Mientras que el 19 del mismo mes Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Johan, Yordy, Layners, Alejandro y Luis son presos de conciencia [4] , detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela con Azul Positivo. Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro deben liberarles inmediata e incondicionalmente y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos del pueblo venezolano. La labor de Azul Positivo es admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas. Su trabajo debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado.

”Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSida [5] se pronunció por el caso el 29 de enero, llamando a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los 5 trabajadores humanitarios de Azul Positivo y que además devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto ya que se les decomisaron tres computadoras, 12 tarjetas de beneficio de programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco celulares.

“Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una respuesta efectiva al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela ”, dijo Byanyima.

También la funcionaria resaltó que ONUSida ha apoyado el trabajo de Azul Positivo durante muchos años y ha sido testigo del impacto positivo de sus contribuciones en la comunidad.

El 21 de enero la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, con sede en Venezuela, aseguró que continúa "haciendo esfuerzos de forma conjunta" para solucionar "la situación" de los directivos de Azul Positivo. [6] Mientras que también el 29 del mes en curso, el organismo emitió un pronunciamiento a través de Stéphane Dujarric, vocero del Secretario General expresando profundamente la preocupación por la detención de los cinco trabajadores humanitarios de la ONG venezolana Azul Positivo. [7]

"Estamos dando seguimiento con las autoridades y hemos solicitado su liberación inmediata".

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación, recordando que una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida. Las personas no deben ser objeto de ataques por realizar un trabajo legítimo, incluida la asistencia humanitaria.

Este es el primer caso en Venezuela de persecución en el que encarcelan a trabajadores humanitarios, pero no de amenazas contra personas con trabajo a favor de la prevención del VIH / Sida. En 2017 activistas recibieron hostigamiento. Estevan Colina quien para el momento secretario de la Red Venezolana de Personas Positivas, fue víctima de estos atropellos. Luego a inicios de 2019 el allanamiento a la sede de Fundación Mavid [8], cuestionamiento de sus integrantes y detenciones arbitrarias establecían un precedente grave en el contexto de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Los activistas Raiza Farnataro y Edgar Arias de la ONG Conciencia por la Vida en el estado Lara fueron también acosados. Solo en ese año fueron 16 los reportes de persecuciones contra quienes trabajan por el derecho a la salud y a la vida.  

En 2020 la tendencia a la persecución que criminaliza a quienes defienden derechos humanos comenzó con el allanamiento a la sede de Prepara Familia en el mes de enero. [9] Luego, en septiembre Acción Solidaria [10] vivió un procedimiento injustificado por parte de funcionarios de las Faes y en el mes de diciembre el turno del ataque a través de la arbitrariedad de procedimientos desajustados a las leyes fue para la Asociación Civil Convite. [11]

Son innumerables las amenazas que vive la sociedad civil venezolana para continuar su labor en distintas áreas de acción que además se relacionan con ser parte de aliviar el sufrimiento de los venezolanos en medio del terrible panorama de toda índole, en especial humanitario y que además aumenta los riesgos de la profundización y normalización de las violaciones de derechos humanos en el país.

Las distintas persecuciones contra quienes ayudan a personas en situación de vulnerabilidad cruzó la línea de la arremetida política con la detención arbitraria de cinco miembros de Azul positivo.  Venezuela debe poner fin a la criminalización, represión y persecución aplicando controles y actuaciones arbitrarias a través de las instituciones y funcionarios en contra de quienes protegen a las personas más vulnerables. Se debe respetar y garantizar de manera urgente el derecho a la defensa de los derechos humanos y la protección y asistencia humanitaria para tejer puentes de ayudas y se eviten más muertes y desolación.