En la revista, No pensamos Callar: La inseguridad y el desamparo como políticas de Estado hacia las mujeres, Amnistía Internacional Venezuela, se propone recopilar y presentar la variedad de problemas y fenómenos que afectan la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas; integrar y representar las voces de las víctimas que sufren estas vulneraciones; visibilizar las experiencias de las organizaciones y personas especialistas en materia de género; así como ofrecer perspectivas e ideas para la generación de medidas que aborden los problemas identificados

En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentran tipificadas 19 formas de violencias contra las mujeres que contemplan conductas ejercidas, tanto por personas particulares como por funcionarios, que producen daños físicos, sexuales, psicológicos, emocionales, laborales, económicos o patrimoniales en la vida privada y/o pública. Como puede verse, son violencias múltiples y multidimensionales, e incluyen el uso abierto de la fuerza o a la amenaza de esta, la coacción y la privación arbitraria de la libertad. Las violencias contra las mujeres se producen precisamente debido a que son mujeres y como tal, las afecta de forma desproporcionada. Son una manifestación de discriminación que les impide disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad: no es una violencia accidental, sino que es estructural.

En Venezuela, las mujeres no son solo sometidas a niveles alarmantes de estas violencias basadas en género que son estructurales, sino que también la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) agrega otras afectaciones diferenciadas que atentan contra su seguridad y dignidad personal. Así, las mujeres en Venezuela, además de ser víctimas de feminicidios, violencia física, sexual y psicológica, también han sido impactadas diferencialmente por la escasez de alimentos y el hambre; la falta de oportunidades educativas y laborales; y la vulneración en los derechos sexuales y reproductivos dado el deterioro del sistema de salud público. Se ha incrementado la mortalidad materna, la falta de anticonceptivos y los embarazos en adolescentes. Por otro lado, la crisis migratoria expone a las mujeres a riesgos de trata de personas, abuso sexual y explotación, y las condiciones precarias asociadas con el movimiento migratorio afectan la seguridad especialmente de mujeres embarazadas. Estas dificultades pre-existentes se han agudizado en el contexto de la COVID-19 en cuanto al desempleo, la precariedad económica, la violencia basada género y al acceso a medicinas y productos de salud materna, anticoncepción e higiene menstrual.

En la revista, No pensamos Callar: La inseguridad y el desamparo como políticas de Estado hacia las mujeres, Amnistía Internacional Venezuela, se propone recopilar y presentar la variedad de problemas y fenómenos que afectan la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas; integrar y representar las voces de las víctimas que sufren estas vulneraciones; visibilizar las experiencias de las organizaciones y personas especialistas en materia de género; así como ofrecer perspectivas e ideas para la generación de medidas que aborden los problemas identificados. En este sentido, se presentan artículos sobre la agudización de la violencia basada en género en el marco de la pandemia de la COVID-19; la ausencia de cifras oficiales sobre las violencias contra las mujeres y la respuesta por parte de la sociedad civil ante tal invisibilización; la precariedad de las mujeres embarazadas y migrantes; las dificultades para denunciar la violencia sexual; y la situación y las consecuencias del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Venezuela, que involucra desproporcionalmente a mujeres adolescentes menores de edad.

Los artículos de esta publicación exponen la ausencia de datos y cifras oficiales actualizadas sobre estos graves problemas. Sin investigación e información, es imposible dimensionar dichas situaciones y así, desarrollar medidas adecuadas y ajustadas a los contextos y personas, que a su vez logren acabar con la impunidad. Las autoridades venezolanas fallan con su obligación de erradicar las distintas formas de violencias contra las mujeres, al no adoptar acciones y prácticas que logren protegerlas, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Las autoridades deben tomar medidas para que las mujeres puedan ejercer de forma libre y plena sus derechos.