Las personas que sufrieron tortura durante su detención arbitraria y las que hoy todavía son amedrentadas por sus creencias o porque estuvieron en el lugar donde se desarrollaba una protesta, deben ser recocidas como víctimas que merecen justicia y garantías de no repetición

En febrero de 2014 Venezuela vivió una serie de protestas debido a la escasez de productos esenciales y aumento de la inseguridad. La respuesta de las autoridades a las manifestaciones fue el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, dejando un saldo de saldo 43 personas fallecidas y 878 personas heridas.  Las víctimas han denunciado y contado sus historias para que se identifique a los responsables y sean llevados ante la justicia.

Casos como el de Bassil Da Costa, Génesis Carmona, Geraldin Moreno y Guillermo Sánchez asesinados en contexto de protestas no deben ser olvidados, tienen que quedar en la memoria histórica como víctimas mortales del uso desproporcionado de la fuerza de los cuerpos de seguridad de Venezuela. Las personas que sufrieron tortura durante su detención arbitraria y las que hoy todavía son amedrentadas por sus creencias o porque estuvieron en el lugar donde se desarrollaba una protesta, deben ser recocidas como víctimas que merecen justicia y garantías de no repetición. 

Bassil Da Costa

Murió el 12 de febrero 2014 por un disparo en la cabeza durante una manifestación en Caracas  cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al igual que hombres armados vestidos de civil, disparaban hacia los manifestantes.

Un tribunal de Caracas acordó condena de 29 años y seis meses de prisión contra el comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo Camacho, y seis años de prisión para el oficial de la Policía Nacional, Andry Yoswua Jaspe López.[1]

Marvinia Jiménez

El 24 de febrero de 2014 fue golpeada por una funcionaria de seguridad después de filmar a vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana mientras disolvían una manifestación en Valencia, estado Carabobo.

La funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana Josneidy Nayarit Castillo Mendoza tiene orden de aprehensión y sigue prófuga de la justicia a pesar de que se le ha visto públicamente junto a otros uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana. Los otros funcionarios que también participaron, ni siquiera han sido identificados por la fiscalía.[2]

Guillermo Sánchez y Ghina Rodríguez

Guillermo Sánchez fue asesinado el 12 de marzo de 2014 por un grupo de civiles armados pro gobierno. Vivía en la avenida donde se estaban desarrollando unas protestas en Valencia, estado Carabobo.

Ghina Rodríguez, su esposa, salió del país con sus hijos tras recibir amenazas.

A febrero de 2016, según información suministrada por familiares, Jhon Anderson Torres Sinisterra habría sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declara culpable por el delito de homicidio intencional e intimidación pública.[3]

Génesis Carmona

Murió tras recibir un disparo en la cabeza el 18 de febrero 2014, mientras participaba en una manifestación estudiantil en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Los fiscales 44° Nacional y 146° del Área Metropolitana de Caracas, ratificaron la acusación contra el ciudadano Juan Masa Seijas por ser cómplice no necesario del delito de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos innobles y asociación para delinquir, a quien se le dictó medida cautelar de presentación periódica.

A pesar que se ordenó el pase a juicio, no se ha finalizado el proceso judicial y el caso de Génesis Carmona continúa impune. Su madre, María Eugenia Tovar, aún espera obtener justicia.[4]

Geraldin Moreno

Murió el 22 de febrero 2014 tras recibir un disparo de un perdigón de goma en el ojo durante una protesta en Valencia, estado Carabobo, en la que la Guardia Nacional dispersaba manifestantes.

Por este asesinato fue condenado a 30 años de prisión el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Albin Bonilla Rojas. Fue condenado también a 16 años y 6 meses de prisión el sargento de ese mismo componente castrense, Francisco Caridad Barroso.[5]

Gloria Tobón

Fue apresada el 19 de marzo de 2014 durante una protesta en Rubio, Estado de Táchira. Le vendaron los ojos, le echaron agua y recibió descargas eléctricas. La amenazaron con asesinarla.

El Ministerio Público ha informado que ha solicitado el sobreseimiento de la causa lo que conllevaría el cierre de la investigación por la tortura y maltratos sufridos por Gloria Tobón sin que ninguno de los responsables comparezca ante la justicia.

Rosmit Mantilla

Activista LGBTI y ex parlamentario venezolano  fue detenido por funcionarios del servicio de Inteligencia el 2 de mayo de 2014. Alegaron que tenía panfletos llamando a las protestas estudiantes y sobres con dinero; hecho que negó. Estuvo preso más de 2 años sin juicio.

Luego de muchos diferimientos de la audiencia para ser imputado, meses de retrasos procesales y afectaciones en su salud, fue liberado después de haber pasado más de dos años detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, a la espera de un juicio. Actualmente, se encuentra fuera del país.

Moises Guánchez

El 5 de marzo 2014 fue detenido y maltratado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana cuando salía de su trabajo en el municipio Carrizal, estado Miranda, donde se realizaba una protesta.

El tribunal que concedió su libertad también ordenó una investigación sobre su detención y los malos tratos de los que fue objeto. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha sido llevado ante la justicia por su terrible experiencia.

Daniel Quintero

Fue detenido tras participar en una protesta el día 21 de febrero 2014 en Maracaibo, estado Zulia. Durante su detención sufrió tortura y malos tratos.

El Ministerio Público informó que se solicitó el sobreseimiento de la causa, lo que conllevaría el cierre de la investigación por las denuncias de tortura presentada por Daniel sin que ninguno de los responsables compareciera ante la justicia. Daniel sigue enfrentando un juicio por los delitos de instigación a delinquir, obstaculización de vías; y posesión de sustancias estupefacientes

Marcelo Crovato

Fue detenido el 22 de abril 2014 cuando acudió a prestar sus servicios como abogado a una residencia que estaba siendo allanada por las autoridades en Caracas.

El 26 de febrero de 2015, el juez a cargo del caso otorgó a Marcelo Crovato la medida de arresto domiciliario. El 19 de marzo de 2018 Marcelo logró ingresar a Argentina junto a su familia.