Los ataques deliberados contra personal médico que desempeña sus funciones humanitarias constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y podrían constituir un crimen de guerra

En respuesta a los homicidios y heridas de decenas de miembros del personal sanitario y el personal de primera intervención en Líbano desde el 2 de marzo de 2026, en un contexto de crecientes ataques por parte del gobierno israelí y de denuncias israelíes que —sin aportar pruebas— afirman que se están utilizando ambulancias y centros de salud para actividades militares y que, por tanto, pueden ser objetivo de ataques, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Israel está siguiendo el mismo manual mortal que utilizó en 2024 en Líbano para matar a decenas de profesionales de la salud y devastar los servicios médicos. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en el pasado puso de manifiesto la manera en que el ejército israelí atacó reiteradamente de manera ilegítima centros de salud y a personal sanitario durante la escalada de 2024; por aquel entonces, pedimos que esos hechos se investigaran como crímenes de guerra. El ejército israelí también ha atacado repetida e ilegítimamente centros de salud y equipos médicos en Gaza, como parte de un patrón más amplio de devastación de servicios esenciales. Aún no se han rendido cuentas ni proporcionado reparaciones por esos abusos, y ahora vemos que se mata y se hiere una vez más al personal sanitario”.

Lanzar acusaciones que afirman que los centros de salud y las ambulancias se están utilizando para fines militares , sin aportar ninguna prueba, no justifica tratar a los hospitales, los centros de salud o el transporte médico como campo de batalla o señalar como objetivo al personal médico y paramédico.

Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

“Los profesionales de la salud están arriesgando su vida para salvar la de otras personas, y los hospitales, otros centros médicos y las ambulancias están específicamente protegidos en virtud del derecho internacional humanitario. Lanzar acusaciones que afirman que los centros de salud y las ambulancias se están utilizando para fines militares , sin aportar ninguna prueba, no justifica tratar a los hospitales, los centros de salud o el transporte médico como campo de batalla o señalar como objetivo al personal médico y paramédico.” En virtud del derecho internacional humanitario, las partes en un conflicto deben asegurarse de distinguir entre objetivos militares y civiles.

“Los hospitales y los transportes médicos sólo pierden su protección si se utilizan para actos considerados ‘dañinos para el enemigo’ y , aun en ese caso, sólo pueden ser blanco de ataques cuando no se atienda una advertencia que dé tiempo suficiente para evacuar a pacientes y personal médico. Si existen dudas respecto a si algún centro médico se está utilizando para contribuir a la actividad militar, debe presuponerse que no es así. Un ataque contra un centro médico que haya perdido su estatus de lugar protegido debe cumplir las normas sobre precaución, distinción y proporcionalidad, y debe considerar cuidadosamente los efectos adversos que los ataques contra centros médicos tienen sobre la población civil y las personas enfermas y heridas.

“En virtud del derecho internacional humanitario, la población civil, incluido el personal sanitario, no pierde su estatus de población protegida simplemente sobre la base de una afiliación. Por tanto, los ataques directos contra personal médico y quienes trabajan en defensa civil basados simplemente en el hecho de que trabajan para instituciones asociadas con Hezbolá están estrictamente prohibidos. Los ataques deliberados contra personal médico que desempeña sus funciones humanitarias constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y podrían constituir un crimen de guerra.”

“Todas las partes deben cumplir con su obligación jurídica de proteger a la población civil, al personal médico, a los pacientes y la infraestructura sanitaria en todo momento. La protección de la atención médica no es opcional: es una norma de la guerra de obligado cumplimiento.”

Información complementaria

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2 y el 15 de marzo de 2026 se han registrado 28 ataques contra servicios médicos en los que han muerto 30 personas y 35 han resultado heridas.

El Ministerio de Salud Pública de Líbano ha informado de que, hasta el 16 de marzo de 2026, 40 profesionales de la salud han muerto y 96 han resultado heridos. Entre ellos hay profesionales de la salud afiliados a la Autoridad Sanitaria Islámica —institución civil afiliada a Hezbolá que proporciona servicios médicos y de urgencias en todo Líbano en colaboración con el Ministerio de Salud—, la Asociación Islámica de Scouts Risala y un paramédico de la Cruz Roja libanesa. El Ministerio también ha informado de que cinco hospitales se han visto obligados a cerrar sus puertas.

En una declaración realizada recientemente, el portavoz del ejército israelí Avichay Adraee afirmó que en Líbano se están utilizando ambulancias y centros médicos para fines militares. El Ministerio de Salud libanés ha negado esta afirmación. El ejército israelí ya había hecho una afirmación similar en 2024.

Amnistía Internacional ya había investigado anteriormente cuatro ataques israelíes contra centros y vehículos médicos en los que 19 profesionales de la salud murieron y 11 resultaron heridos durante un periodo de una semana entre el 3 y el 9 de octubre de 2024. La organización no encontró indicios de que los centros o el personal médico atacados hubieran sido utilizados para fines militares o para actos dañinos para el enemigo, y pidió que esos ataques se investigaran como crímenes de guerra.