La Primera Conferencia Mundial sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles ha transmitido una fuerte señal política de que la era de los combustibles fósiles debe terminar; esta “coalición de los hacedores” debe ahora convertir su compromiso en una cooperación internacional proactiva que allane el camino a transiciones justas basadas en los derechos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, un día después de la finalización de la conferencia de Santa Marta.

Convocada conjuntamente por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, la conferencia reunió a representantes de 57 países productores y consumidores de combustibles fósiles junto con miembros de Parlamentos, intelectuales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, movimientos de la infancia y la juventud y comunidades campesinas, entre otros.

Celebrada del 24 al 29 de abril, la reunión tuvo lugar ante un telón de fondo de una crisis energética global alimentada por los conflictos armados y de la creciente frustración con las negociaciones climáticas de la ONU, que llevan tres decenios sin hacer frente de forma significativa a la producción de combustibles fósiles pese a la urgencia de la crisis climática.

“Esta conferencia, que surgió como una idea entre un creciente grupo de países implicados en la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles, ha tenido lugar porque los procesos multilaterales existentes no están cumpliendo su función. Durante 30 años, las cumbres sobre el clima no han abordado de frente las causas fundamentales de la crisis climática”, ha manifestado Candy Ofime, investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional. “Santa Marta ha mostrado que existe interés político en que los Estados desfosilicen la economía global y se embarquen en transiciones justas, pero ese impulso debe ahora traducirse en acciones concretas arraigadas en los derechos humanos.”

Santa Marta ha mostrado que existe interés político en que los Estados desfosilicen la economía global y se embarquen en transiciones justas, pero ese impulso debe ahora traducirse en acciones concretas arraigadas en los derechos humanos.

Candy Ofime, investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional

Un momento de crisis y oportunidad

La conferencia tenía como objetivo crear una amplia “coalición de voluntades” que abarque diferentes sectores para acelerar el intercambio de conocimientos y el impulso político sobre una transición justa, en un momento en el que, como reconoció en su discurso de apertura Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el mundo se enfrenta a una profunda crisis de multilateralismo. Los debates de la conferencia se organizaron en torno a tres pilares temáticos: superar la dependencia de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda y promover la cooperación internacional y la diplomacia climática.

El 25 de abril, los convocantes anunciaron la creación de un nuevo grupo científico internacional cuyo objetivo era asesorar sobre la transición energética global a quienes elaboran las políticas. Aunque formulado como complementario al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, algunos participantes expresaron preocupación por la falta de claridad respecto a su composición, su mandato y sus resultados previstos, así como por la aparente ausencia de epistemologías diversas, incluida la consideración en condiciones de igualdad de los sistemas de conocimiento indígenas y tradicionales.

Durante la sesión plenaria de clausura, Stientje van Veldhoven, ministra de Clima de Países Bajos, señaló que la conferencia de Santa Marta pretendía ser “un acelerador del trabajo” que operara en otros espacios multilaterales, incluidos procesos de la CMNUCC como la coalición para la eliminación progresiva de los incentivos a los combustibles fósiles, especialmente los subsidios, lanzada en la COP28, y subrayó la importancia de invitar a otros Estados a unirse a ella.

No pueden dejarse de lado las demandas de las comunidades

Las comunidades más afectadas por la extracción de combustibles fósiles y por el impacto climático utilizaron la conferencia para lanzar una clara advertencia. Mediante una declaración presentada durante la reunión, los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea y los movimientos sociales pidieron una transición inmediata y equitativa para abandonar los combustibles fósiles, basada en la autodeterminación, y pidieron también reparaciones por los daños sufridos y respeto por los derechos colectivos.

Las ONG también expusieron tres prioridades básicas: reforma de la inversión, el comercio y la arquitectura económica internacionales para incrementar el espacio fiscal de los Estados —especialmente los países de la mayoría global— necesario para eliminar gradualmente los combustibles fósiles mediante una reforma de la deuda, una tributación justa y el rechazo de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados; la adopción de un tratado sobre los combustibles fósiles; y la elaboración de planes nacionales de transición justa centrados en los derechos humanos y la protección social.

“Estas demandas reflejan lo que, desde hace demasiado tiempo, falta en la política climática global: justicia, equidad y rendición de cuentas”, ha declarado Candy Ofime. “No se puede hablar de transición justa mientras los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea y los grupos marginados sigan siendo sacrificados ante la contaminación, la deuda y la desposesión.”

El proceso importa

Amnistía Internacional recibió con satisfacción la metodología innovadora y más inclusiva de la conferencia, y el proceso de selección destinado a excluir a los actores vinculados al sector de los combustibles fósiles. Sin embargo, se plantearon preocupaciones respecto al proceso, incluidas algunas relacionadas con la emisión de visados para participantes inscritos de países de la mayoría global.

“La conferencia adoptó un enfoque más integral y participativo que la mayoría de las cumbres multilaterales, y acogió positivamente las contribuciones de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, grupos de infancia y juventud, sindicatos y ONG”, declaró Candy Ofime. “Para que este proceso tenga credibilidad, debe seguir garantizando una participación efectiva y significativa de grupos que estuvieron infrarrepresentados en Santa Marta y desmantelar activamente los desequilibrios de poder a los que afirma hacer frente.”

La conferencia adoptó un enfoque más integral y participativo que la mayoría de las cumbres multilaterales […] debe seguir garantizando una participación efectiva y significativa de grupos que estuvieron infrarrepresentados en Santa Marta y desmantelar activamente los desequilibrios de poder a los que afirma hacer frente.

Candy Ofime

¿Y ahora qué?

La Primera Conferencia Mundial sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles no dio lugar a un resultado político negociado. Los convocantes han señalado que en los próximos meses, probablemente antes de la COP31, se publicará un informe de síntesis, y que el proceso continuará con una segunda conferencia, que los Estados insulares de Irlanda y Tuvalu anunciaron oficialmente que organizarían de forma conjunta en Tuvalu en 2027, lo que señala la importancia continuada de la colaboración norte-sur.

Mientras los gobiernos se preparan para estos próximos pasos, Amnistía Internacional les insta a ir más allá del diálogo y allanar el camino para la adopción de un tratado sobre los combustibles fósiles.

“La Corte Internacional de Justicia ha dejado claro que los Estados deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles para mantener vivo el compromiso de 1,5 °C”, ha declarado Candy Ofime. “No basta con aprender. Los gobiernos tienen el deber legal de actuar ya, y deben optar por la valentía frente a la demora, la justicia o los beneficios, y las personas o los combustibles fósiles.”