México se enfrenta a una prueba para poner fin a la tortura de mujeres a manos de la policía y el ejército

A Verónica Razo, mexicana de 37 años, madre de tres hijos, le aterroriza quedarse dormida. Todas las noches, cuando está en la cama, en una pequeña celda de la prisión federal de Morelos, en las afueras de la capital, Ciudad de México, revive mentalmente las 24 horas más espantosas de su vida.

El 8 de junio de 2011, la policía federal la violó y la sometió a asfixia y a descargas eléctricas en un galpón de la Ciudad de México. Las torturas fueron tan graves que estuvo a punto de morir. La policía quería que dijera que pertenecía a una de las brutales bandas criminales que hacen estragos en el país. Verónica está en prisión desde entonces.

La historia de Verónica debería ser una excepción, una terrible aberración; la consecuencia de la actuación de un puñado de “manzanas podridas” dentro de las fuerzas de seguridad de México.

Lo trágico es que no es así.

Un novedoso informe de Amnistía Internacional detalla los espeluznantes testimonios de 100 mujeres arrestadas por la policía o el ejército de México, la mayoría durante el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto, que tomó posesión de su cargo en diciembre de 2012.

De estas 100 mujeres, 97 dijeron que habían sido objeto de malos tratos físicos; 72 que habían sufrido abusos sexuales y 33 que habían sido violadas. Como le ocurrió a Verónica, muchas fueron torturadas para obligarlas a “confesar” que pertenecían a un cártel de la droga o a una banda de secuestradores.

Visitamos la única prisión federal para mujeres de México para entrevistar a reclusas para este informe, y las terribles historias de abusos no dejaron de llegar.

Un ama de casa que fue secuestrada en la calle cuando iba a hacer la compra por unos desconocidos, identificados más tarde como miembros de las fuerzas de seguridad; una madre arrestada cuando se dirigía a pie a recoger a sus hijos a la escuela y una joven que presenció cómo unos policías torturaban hasta la muerte a su esposo son las protagonistas de algunas de las historias de terror que ha documentado Amnistía Internacional.

El hecho de que la tortura sea increíblemente habitual en México ya casi no es noticia. Según una investigación reciente de Amnistía Internacional, entre 2013 y 2014 se duplicaron las denuncias penales por tortura en el ámbito federal. Desde 2014, las autoridades no han podido facilitar cifras actualizadas.

Sin embargo, nuestro informe más reciente lleva estas primeras conclusiones a un nivel completamente nuevo y muy siniestro. La violación y otras formas de violencia sexual se emplean habitualmente para torturar a mujeres para que confiesen delitos. Estas confesiones aumentan las cifras de enjuiciamientos y crean la ilusión de que las autoridades están haciendo algo para atajar la crisis de seguridad que afecta actualmente a México.

Aunque estas revelaciones son sobrecogedoras, no son nada nuevo para el gobierno de Peña Nieto.

Hace justo dos meses se filtró un video a la prensa mexicana que causó un escándalo público. En él se veía a policías y militares asfixiando a una mujer con una bolsa de plástico e interrogándola mientras ella gritaba de dolor.

En una medida sin precedentes, el Secretario de Defensa salió públicamente a condenar los actos y a pedir disculpas, y a continuación, lo hizo el Comisionado Nacional de Seguridad. El video mostró una cruda realidad a la opinión pública: que la tortura sigue siendo una estrategia fundamental en la lucha de México contra los cárteles de la droga y la delincuencia organizada.

El video nos muestra también el coste humano de este planteamiento: dos minutos insoportables de atroz sufrimiento de una mujer. Quizá lo peor es que no sabemos qué sucedió cuando se apagó la cámara. No sabemos qué más tuvo que soportar esta mujer.

Sobre el papel, puede que México gane una medalla como alumno aventajado del sistema internacional de derechos humanos. No hay casi ningún tratado importante de derechos humanos que no haya ratificado. Pero la impunidad por violaciones de derechos humanos es casi absoluta; a pesar de las miles de denuncias de tortura y otros malos tratos que se presentan cada año, los perpetradores quedan sin castigo.

La Procuraduría General de la República no pudo señalar ni un solo cargo presentado contra torturadores en 2014 o 2015. Y cuando preguntamos cuántos soldados habían sido suspendidos por abuso sexual o violación desde 2010, el ejército no pudo nombrar a ninguno.

Cuando se tortura o somete a malos tratos a mujeres, éstas corren el riesgo de sufrir formas de violencia dirigidas específicamente contra ellas debido a su género. Palizas brutales, amenazas de violación a las mujeres y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones; violación con objetos, dedos y armas de fuego: estas no son más que algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres que ha documentado Amnistía Internacional.

Además, las mujeres de entornos desfavorecidos son un blanco fácil de abusos. Parece que la policía y los soldados se aprovechan de que las mujeres que viven en la pobreza carecen de medios para cuestionar a las autoridades. Por ejemplo, una joven trabajadora sexual y madre soltera de dos hijos contó a Amnistía Internacional que, la noche que fue arrestada por la Policía Federal en 2014, lo único que había hecho había sido “salir a trabajar para sobrevivir”. Tras someterla a palizas y abusos, fue acusada de un delito grave.

Varias de las mujeres con las que hablamos habían sido violadas por miembros de la Marina. En México, los marinos participan en operaciones de seguridad pública y en general se los considera una fuerza de élite. Sin embargo, nuestra investigación halló que los arrestos practicados por la Marina tenían los índices más altos de violación. En 2011, fueron unos marinos quienes sometieron a Denise Blanco y a Korina Utrera a un calvario de 30 horas en el que las violaron y las sometieron a humillaciones rituales como castigo por ser lesbianas. La pareja sigue en prisión por cargos de delincuencia organizada y delitos de narcotráfico.

¿Qué debe hacer entonces el gobierno para erradicar estas prácticas infernales? Los datos indican que la capacitación tiene muy poco impacto real. De hecho, la Marina, el Ejército y la Policía Federal informaron a Amnistía Internacional de literalmente cientos de cursos de capacitación dirigidos a sus agentes en los últimos años sobre “derechos de las mujeres o la perspectiva de género.”

Aunque esto es desalentador, Amnistía Internacional cree que la situación puede y debe cambiar. También creemos que la mejor forma de poner coto a los abusos es asegurarse de que quienes los perpetran deberán atenerse a las consecuencias.

El gobierno ya cuenta con las herramientas necesarias para ello. El 9 de septiembre de 2015 creó un pequeño grupo especial en la Secretaría de Gobernación para atajar la tortura sexual cometida contra mujeres con el fin de coordinar diferentes instituciones oficiales sobre el tema y permitir avances reales en las investigaciones de los casos. Sin embargo, el grupo permanece casi inactivo desde su creación.

Este grupo especial, denominado Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, debe ser reactivado y recibir con urgencia los recursos que necesita para empezar a ofrecer resultados.

Si no se lo faculta para hacer su labor, fracasará. Pero mientras siguen llegando historias de terror de las prisiones mexicanas, esto no se puede permitir. Esta pesadilla debe terminar.