El 9 de mayo, Amal Fathy publicó en su página de Facebook un vídeo en el que hablaba del acoso sexual que había sufrido, ponía de relieve la persistencia de este problema en Egipto y criticaba al gobierno por no proteger a las mujeres. También criticaba al gobierno por la represión de los derechos humanos, la situación socioeconómica y los deficientes servicios públicos. La policía irrumpió en su casa el 11 de mayo, alrededor de las dos y media de la madrugada, y se la llevó detenida a comisaría de policía de Maadi, junto con su esposo —Mohamed Lotfy, ex investigador de Amnistía Internacional y actual director de la organización egipcia de derechos humanos Comisión de Derechos y Libertades de Egipto— y su hijo de tres años. Su esposo y el niño quedaron en libertad al cabo de tres horas.

El 11 de mayo, el fiscal de Maadi examinó el caso de Amal Fathy y ordenó su detención durante 15 días mientras se la investiga por cargos como “publicar un vídeo que contiene noticias falsas que podrían menoscabar la paz pública”. Al día siguiente, un fiscal del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado la interrogó en el marco de otro caso relativo a su presunta relación con el Movimiento Juvenil 6 de abril y ordenó su detención durante otros 15 días para ser investigada por pertenencia un grupo prohibido en Egipto.

Troles de Internet habían copiado el vídeo y fotografías de Amal Fathy de sus cuentas en las redes sociales y los habían publicado en páginas de Facebook y Twitter, junto con insultos sexistas y comentarios en los que se pedía su detención. Varios medios de comunicación afines al gobierno y de propiedad estatal publicaron artículos sobre el vídeo y contaron falsamente que Amal Fathy es una activista del Movimiento Juvenil 6 de Abril que trabaja en la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto. También dijeron que está casada con el director del Comisión, pese a violar con ello su vida privada.

Amnistía Internacional considera que Amal Fathy es presa de conciencia.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades egipcias a:

- dejar en libertad a Amal Fathy de inmediato y sin condiciones, pues es presa de conciencia, detenida únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones;

- reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular el derecho a realizar sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, conforme a lo que establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998.

Envíen llamamientos antes del 29 de junio de 2018 a:

Amal Fathy es una activista egipcia dedicada principalmente a sensibilizar sobre los casos de personas detenidas por su participación en protestas o por sus actividades en las redes sociales Ha protestado enérgicamente contra las violaciones de los derechos humanos en Egipto, en especial la detención arbitraria de activistas. Está casada con Mohamed Lotfy, ex investigador de Amnistía Internacional y actual director de la ONG Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, cuyos miembros han sido frecuentemente hostigados por el gobierno desde su fundación, en 2014. En junio de 2015 se impidió a Mohamed Lotfy embarcar en un vuelo con destino a Alemania, y las autoridades le confiscaron el pasaporte sin motivo aparente. Hasta dos años después no pudo conseguir otro pasaporte. Las autoridades egipcias detuvieron también al presidente de la junta directiva de la Comisión, Ahmed Abdallah, y a la directora de su programa sobre minorías, Mina Thabet, el 25 de abril y el 19 de mayo de 2016, respectivamente, en sus casas. La fiscalía los acusó de “pertenencia a una organización ilegal” y de “intentar derrocar el gobierno.” Las autoridades egipcias dejaron en libertad a Mina Thabet el 20 de junio, y a Ahmed Abdallah, el 10 de septiembre de 2016, en ambos casos con fianza. En julio de 2015, detuvieron brevemente a cuatro miembros del personal de la Comisión durante su visita a un asentamiento de El Cairo para hacer trabajo de campo.

La Comisión es famosa por su trabajo sobre el caso del estudiante de la Universidad de Cambridge Giulio Regeni, a quien secuestraron y mataron hace un año en Egipto, donde estaba realizando una investigación. Tenía 28 años y desapareció el 25 de enero de 2016, cuando realizaba investigaciones en El Cairo para su doctorado sobre los sindicatos. El 3 de febrero de 2016 apareció su cadáver, terriblemente mutilado, en una zanja en El Cairo. Desde principios de 2015, Amnistía Internacional ha registrado un aumento sin precedentes del número de casos desaparición forzada y tortura en Egipto. La Comisión de Derechos y Libertades de Egipto ha estado trabajando sobre el caso de Giulio Regeni y sobre las desapariciones forzadas, lo que ha provocado la ira de las autoridades egipcias.

Desde noviembre del año pasado, las autoridades egipcias están deteniendo a activistas, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, e incluso figuras de las redes sociales, por delitos relacionados con la libertad de expresión. En al menos cinco casos distintos, los han sometido a detención preventiva para ser investigados por cargos de “difusión de noticias falsas”, “uso indebido de las herramientas de telecomunicación social” y “pertenencia a un grupo prohibido”. Normalmente, estos cargos están basados sólo en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, y cuando se encuentran pruebas suelen consistir en publicaciones en Facebook o Twitter.

Hay abiertas dos investigaciones sobre Amal Fathy en este momento, y son ejemplos de nuevo tipo de casos. En la primera, iniciada ante la fiscalía de delitos menores de Maadi, Amal Fathy se enfrenta a cargos de “difusión en las redes sociales de un vídeo para incitar públicamente a derrocar el gobierno”, “publicación de un vídeo que contiene noticias falsas que podrían menoscabar la paz pública” y “uso indebido de las herramientas de telecomunicación”. La segunda se ha abierto ante la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y en ella se enfrenta a cargos de “pertenencia a un grupo prohibido, “uso de un sitio web para promover ideas en favor de actos terroristas” y “difusión intencional de noticias falsas que podrían dañar la seguridad y los intereses públicos”. El fiscal no ha presentado ninguna prueba, sino que se basa en un informe de la Agencia de Seguridad Nacional que no se permite a los abogados consultar. Junto con Amal Fathy hay al menos cuatro personas más, a saber, un productor de vídeos, un ex político del partido liberal Dostour, un bloguero y un miembro del Movimiento Juvenil 6 de abril, iniciativa de activismo juvenil que desempeñó un papel central en las protestas conducentes al derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en 2011. Desde 2013, las autoridades egipcias han estado hostigando a su dirección con detenciones y medidas punitivas de libertad vigilada.

Índice: MDE 12/8423/2018