Cómo el activismo logró que Suecia reconociese que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación

En 2013, Suecia fue sacudida por la decisión judicial de absolver a tres jóvenes varones acusados de violar en grupo a una niña de 15 años con una botella hasta provocarle una hemorragia. La sentencia decía: “Las personas que mantienen relaciones sexuales hacen cosas de forma natural con el cuerpo de las demás de forma espontánea, sin pedir consentimiento”. La sentencia del tribunal —y su insinuación de que la negativa de la niña a abrir las piernas podía haber sido un signo de “timidez”— fue el catalizador de protestas generalizadas. (Posteriormente, el tribunal de apelaciones los declaró culpables.) El caso dio lugar al nacimiento de un movimiento nacional, FATTA (“Entérate”), cuyo objetivo era lograr que la ley reconociese el simple hecho de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación.

Cinco años después, e impulsado por el movimiento global #MeToo, la campaña logró su objetivo el miércoles, con la aprobación de nueva legislación en el Parlamento sueco por una mayoría abrumadora.

La nueva ley sobre consentimiento sexual permitirá enjuiciar más casos de violación. La actual ley sueca exige demostrar que el perpetrador empleó fuerza, amenazas o se aprovechó de una persona en situación de vulnerabilidad. Pero esta nueva propuesta, que se promulgará el 1 de julio en Suecia, ilegalizará las relaciones sexuales con personas que no participan en ellas de forma voluntaria. La persona debe manifestar verbalmente su acuerdo o demostrar claramente que desea participar en la relación sexual. La pasividad ya no se interpretará como un signo de participación voluntaria.

La decisión de Suecia es relejo de un debate de más calado acerca de las leyes sobre consentimiento afirmativo que está ganando fuerza en todo el mundo a medida que países como Alemania y estados como California (EE. UU.)incorporan en su legislación reformas basadas en el consentimiento. Aunque la definición jurídica de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora, la mayoría de los países europeos aún no han reformado sus definiciones jurídicas de la violación.

Pese a haber ratificado la Convención de Estambul —tratado vinculante para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas— Suecia es sólo el décimo país de Europa Occidental que reconoce en la lesgislación que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. Sólo otros nueve países (o siete, si conideramos el Reino Unido como una sola jurisdicción) han adoptado esta definición de violación. En el resto, la legislación penal aún define la violación en función de la existencia de fuerza física o intimidación, coacción o indefensión de la víctima.

La sentencia española de mayo, en la que el tribunal rechazó los cargos de agresión sexual interpuestos contra cinco hombres en favor de un cargo más leve de abuso sexual, pese a concluir que la mujer no había dado su consentimiento a mantener las relaciones sexuales, fue especialmente escandalosa. Mostró una alarmante falta de entendimiento del delito de violación y puso de manifiesto la profunda falta de respecto por las víctimas que a menudo demuestran los funcionarios del sistema de justicia. La indignación por el trato que el sistema de justicia dispensaba a la víctima hizo salir a decenas de miles de personas a la calle y puso de manifiesto el hecho de que en España se necesita un cambio. Teniendo en cuenta el ejemplo sueco, una causa como ésta podría ser clave para las reformas. Pero este tipo de cambios no se logran fácilmente.

Algunos analistas han sugerido que lo que ha ayudado a impulsar los cambios en Suecia ha sido el movimiento #MeToo. Señalan las numerosas etiquetas y peticiones de colectivos profesionales que inundaron el país a raíz de las revelaciones sobre Weinstein —#withwhatright (abogacía), #standtoattention (ejército), #deadline (periodismo) #technicalfault (sector tecnológico), #lettherebelight (iglesia), #academetoo (academia) y #onourterms (seguros)—.

Si bien es cierto que estas campañas relacionadas con el movimiento #MeToo —más de 70.000 mujeres de alrededor de 50 sectores realizaron peticiones relacionadas con #MeToo —han impulsado la presión pública, el movimiento para el cambio lleva tiempo gestándose.

En Suecia, las organizaciones y las activistas en favor de los derechos de las mujeres llevan más de una década haciendo trabajo de campaña por este cambio. En 2008 participé en la redacción del informe de Amnistía Internacional Caso cerrado, y he constado cómo durante estos años diversos comités de investigación de delitos sexuales han reclamado cambios en la legislación.

En Suecia, la campaña #MeToo se extendió más allá del espacio de trabajo. La etiqueta #Allavi (“Todas”) reunió a más de 57.000 mujeres en un grupo de Facebook, muchas de las cuales relataron sus experiencias de violencia sexual por primera vez en su vida.

Ante la próxima celebración de elecciones en Suecia, la cuestión del consentimiento se tornó un tema electoral clave que suscitó consenso entre los paridos e incluso llevó al primer ministro, Stefan Löfven, a declarar: “Es evidente que las relaciones sexuales han de ser voluntarias. Si no son voluntarias, son ilegales. Si no estás seguro, no lo hagas”.

Este tipo de declaraciones públicas son esenciales para cambiar las actitudes públicas. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Según la encuesta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Europea, casi un tercio de las personas que respondieron afirmaron que la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en determinadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no se resiste.

Pese a la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo es una respuesta fisiológica y psicológica habitual ante una agresión sexual, y deja a la persona sin capacidad para combatir la agresión, a menudo hasta el punto de la inmovilidad. Por ejemplo, un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70% de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentaron “parálisis involuntaria” durante la agresión.

Hoy, Suecia ha dado un paso importante al aprobar una nueva ley que finalmente hace que el Código Penal sueco cumpla el derecho internacional de los derechos humanos. Suecia ha seguido los pasos de Islandia, que modificó su legislación en marzo, y albergo las esperanza de que el resto de los países nórdicos sigan su ejemplo. El mes pasado, los políticos de Noruega rechazaron la nueva legislación por un estrecho margen. Pero las activistas no se rinden. En Dinamarca y Finlandia, activistas y organizaciones están haciendo trabajo de campaña en favor de propuestas similares.

Aún queda mucho camino que recorrer, pero si nuestros representantes políticos mostrasen siquiera una pequeña parte de la valentía de esas mujeres y niñas que se niegan a permanecer en silencio, entonces se cambiarían las leyes. Y ya no tendríamos que decir #MeToo nunca más.

Katarina Bergehed es asesora general sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional Suecia.

Este artículo fue publicado por primera vez en la revista Time.