En Bielorrusia resulta sumamente difícil inscribir en registro una ONG, y muchas organizaciones de la sociedad civil han visto sus solicitudes reiteradamente rechazadas por el Ministerio de Justicia. Por ello, los y las activistas son blanco de ataques y se ven obligados a actuar corriendo un gran riesgo

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción los pasos positivos que están dando las autoridades bielorrusas para levantar las restricciones existentes al derecho a la libertad de asociación. No obstante, es fundamental que este progreso no se vea contrarrestado por la introducción de medidas que violarían ese mismo derecho.

El Consejo de Ministros bielorruso presentó al Parlamento de Bielorrusia el 17 de mayo un proyecto de ley para derogar el controvertido artículo 193.1 del Código Penal del país (entre otros cambios propuestos a otras leyes). Ese mismo proyecto de ley introducía también un nuevo artículo 23.88 al Código Administrativo de Bielorrusia que básicamente sustituye la responsabilidad penal por participar en las actividades de una organización no inscrita en registro con una multa de hasta 1.225 rublos bielorrusos (unos 600 dólares estadounidenses).

Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña a favor de la abolición del artículo 193.1 desde que fue adoptado en diciembre de 2005, ya que obstaculiza directamente la participación en las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) no inscritas en registro. En Bielorrusia resulta sumamente difícil inscribir en registro una ONG, y muchas organizaciones de la sociedad civil han visto sus solicitudes reiteradamente rechazadas por el Ministerio de Justicia. Por ello, los y las activistas son blanco de ataques y se ven obligados a actuar corriendo un gran riesgo.

El artículo 193.1 viola tanto la Constitución bielorrusa como las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades lo han utilizado para imponer elevadas multas a activistas, y han condenado a otros a penas de hasta dos años de prisión, lo cual viola el derecho de estos activistas a la libertad de asociación. En 2006, cuando las autoridades bielorrusas empezaron a aplicar activamente la ley para encarcelar a activistas, Amnistía Internacional empezó a hacer campaña por la liberación inmediata e incondicional de los presos y presas de conciencia, víctimas de ataques exclusivamente por sus actividades pacíficas en favor de los derechos humanos.

Aunque el movimiento para la abolición del artículo 193.1 es un paso bienvenido que debería haberse dado hace mucho tiempo, el artículo 23.88 recién propuesto impone restricciones indebidas al derecho a la libertad de asociación. Los y las activistas que antes se arriesgaban a penas de prisión ahora estarán expuestos a recibir multas de hasta 1.225 rublos bielorrusos por organizar actividades de una organización no inscrita en registro o participar en ellas. La multa propuesta no tiene por qué ser impuesta por un tribunal, sino que puede ser decidida por un funcionario del Ministerio del Interior, lo que podría dar lugar a nuevos abusos potenciales.

Si Bielorrusia quiere cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, el progreso en el levantamiento de restricciones indebidas al funcionamiento efectivo de la sociedad civil bielorrusa debe ser inequívoco. Las autoridades deben asimismo abstenerse de imponer nuevas limitaciones mediante el artículo 23.88, y no deben incluir este artículo en el Código Administrativo de Bielorrusia.