Federación de Rusia: Represalias contra periodistas que informan sobre las protestas

La nueva oleada de protestas que barrieron Rusia el 5 de mayo de 2018 y las represalias tomadas contra periodistas y profesionales de medios de comunicación que informaban sobre las protestas son una muestra de la creciente represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica ejercida por las autoridades. Las autoridades toman represalias contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación que informan sobre reuniones públicas con el objetivo de limitar la información pública sobre las protestas, lo que ilustra su actual represión de la libertad de los medios de comunicación. Las autoridades deben poner fin a las represalias de inmediato y llevar a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas contra periodistas y manifestantes, así como poner a los presuntos responsables a disposición judicial para que sean juzgados en juicios justos. Las autoridades deben respetar, promover y hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de todas las personas.

El 5 de mayo de 2018 se organizaron concentraciones en casi un centenar de ciudades y localidades de toda Rusia para protestar, bajo el lema “No es nuestro zar”, contra la toma de posesión de Vladimir Putin como presidente. En la mayoría de los casos, las reuniones públicas no estaban autorizadas por las autoridades locales, lo que en virtud de la legislación y la práctica rusa actual las convertía en “ilegítimas” a sus ojos. Según el proyecto independiente de información sobre derechos humanos OVD-Info, al menos 1.600 personas fueron detenidas ese día en 27 ciudades y localidades de todo el país, 719 de ellas en Moscú y 217 en San Petersburgo. En las protestas fue notable el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como la violencia contra personas que se manifestaban pacíficamente a manos de elementos progubernamentales: contramanifestantes y grupos organizados de hombres que vestían uniformes de cosacos. Habitualmente, la policía está presente en las protestas callejeras; sin embargo, ese día no impidió ni detuvo la violencia desatada por los grupos progubernamentales.

Amnistía Internacional y otros observadores de la situación de los derechos humanos documentaron numerosos casos en que la policía y los grupos progubernamentales obstruyeron el trabajo legítimo de periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que el 5 de mayo informaban sobre las protestas en el terreno, con medidas como el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria. Tal obstrucción del trabajo legítimo de periodistas ya se había observado en el pasado en reiteradas ocasiones, entre ellas las concentraciones en protesta por la corrupción celebradas en toda Rusia el 26 de marzo de 2017. No obstante, el número de casos de obstrucción denunciados, y en concreto el uso de excesivo de la fuerza contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, ha aumentado considerablemente.

Las represalias contra los medios de comunicación independientes y su personal que realizaron retransmisiones en Internet o informaron por otros medios sobre las reuniones públicas se han convertido en una práctica casi habitual en los últimos años. Cabe destacar el caso sucedido el 7 de mayo, cuando agentes de policía armados se presentaron en un estudio de una agencia de información durante una emisión en directo y detuvieron a una de las personas entrevistadas, que había participado en una manifestación dos días antes, el 5 de mayo de 2018. También se ha actuado contra periodistas que publicaron información sobre las protestas callejeras en las redes sociales. Al menos en dos casos, la policía acusó de organizar “concentraciones ilegales” a periodistas que habían escrito en Twitter sobre las reuniones que iban a celebrarse.

Estas violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de la fuerza por la policía contra periodistas que informaron sobre las protestas del 5 de mayo de 2018, han sido denunciadas a las autoridades, incluso por los propios periodistas. No obstante, un mes después de las protestas, no se han investigado eficaz e imparcialmente las denuncias contra la policía.

A continuación figuran algunos de los casos denunciados en relación con las protestas del 5 de mayo de 2018.

Obstrucciones a la labor informativa de periodistas sobre el terreno

En más de 30 casos, periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación que cubrían sobre el terreno las protestas del 5 de mayo de 2018 sufrieron obstrucciones graves en relación con su trabajo legítimo. Entre ellos hubo al menos 21 casos de detención arbitraria, 14 casos de brutalidad policial y dos casos de violencia a manos de grupos progubernamentales en presencia de la policía, que no intervino para detener la violencia. A modo de comparación, cabe señalar que en las concentraciones de protesta contra la corrupción del 26 de marzo de 2017, se denunciaron 17 casos similares de obstrucción de la labor periodística y se usó violencia contra periodistas en menos casos.

Roman Golovanov, reportero de Komsomolskaya Pravda, recibió un azote en el hombro con un látigo cosaco a manos de un hombre que vestía el uniforme cosaco. Golovanov le replicó que era periodista. En respuesta, el hombre le dio un puñetazo en la cabeza. Ese día, en el lugar en que se desarrolló la protesta de Moscú estaba presente un grupo de “cosacos”. Observadores de Amnistía Internacional fueron testigos directos de su uso de la fuerza física, incluso con látigos, contra manifestantes.

Alexander Skrylniko, de MBKh Media, se encontraba informando sobre la protesta de Moscú el 5 de mayo cuando un agente de policía lo golpeó. Era fácil identificarlo como periodista porque portaba un micrófono grande con un logotipo visible de un medio de comunicación. Además tenía el carné de prensa y un documento de confirmación del encargo de cubrir el acto (documento estándar que los medios de comunicación expiden a los periodistas en Rusia). Cuando grababa en vídeo las detenciones y casos de uso excesivo de la fuerza por la policía, un agente de policía se aproximó a él y lo golpeó con una porra en la zona de los riñones. Inmediatamente después el agente se alejó sin decir una palabra. En el centro médico al que acudió el periodista se le diagnosticó neumotórax traumático (afección potencialmente mortal). El periodista fue trasladado en ambulancia, con dolor intenso, al Instituto Clínico y de Investigación Sklifosovsky de Medicina de Urgencias para recibir tratamiento. El Instituto modificó el diagnóstico a contusión torácica en el lado derecho. Skrylnikov interpuso denuncias oficiales ante el Comité de Investigación (agencia independiente de Rusia que lleva a cabo investigaciones penales) y el Departamento de Policía del distrito de Tverskoi (Moscú). El Comité de Investigación se negó a incoar una causa penal por el incidente, y el 25 de mayo de 2018 el abogado de Skrylnikov apeló contra la inacción de las autoridades en relación con su denuncia ante el Tribunal de Distrito de Tverskoi.

Ataques contra las retransmisiones en Internet y las publicaciones en redes sociales

Ante la ausencia prácticamente total de información sobre los actos de protesta en los medios de comunicación audiovisual y de prensa convencionales controlados por el gobierno, las retransmisiones en Internet se han convertido en una alternativa popular. Algunas de las retransmisiones de las concentraciones multitudinarias realizadas en directo y en continuo en Internet tienen un seguimiento amplio, y las autoridades han intentado detenerlas en reiteradas ocasiones.

La periodista Elena Malakhovskaya retransmitió en directo las protestas del 5 de mayo. El 17 de mayo, la policía la detuvo en las proximidades de su domicilio y la trasladó a una comisaría. En imágenes de vídeo públicamente disponibles se ve cómo el agente que la detuvo se negó, al menos inicialmente, a identificarse con claridad y a explicar los motivos de la detención. No le permitieron regresar a casa para recoger sus documentos de identidad (en ausencia de los cuales se puede someter a la persona a controles adicionales y a una detención policial más larga) y la informaron de adónde la llevaban. Como Malakhovskaya explicó posteriormente en una entrevista a Radio Liberty, la acusaron de “organizar o celebrar una concentración no autorizada” simplemente por su cobertura periodística de la concentración de protesta. Los cargos estaban basados en capturas de pantalla de su retransmisión en Internet. Los materiales de la causa no especificaban las ilegalidades concretas que había cometido. La policía se mostró reticente a dejarla salir de la comisaría, y sólo accedió a hacerlo tras personarse en ella su representación letrada, que arguyó que Malakhovskaya había dejado a un menor en el domicilio. Actualmente Malakhovskaya está en espera de juicio.

El 22 de mayo, el presentador del popular canal de Youtube Navalny Live, Ruslan Shaveddinov, fue detenido en Moscú de camino al trabajo en una operación a modo de secuestro por agentes de policía vestidos de civil. Un grupo de hombres desconocidos lo aprehendieron a la entrada del edificio de apartamentos en el que vive, le retiraron la mochila y el teléfono, lo obligaron a entrar en un coche y lo trasladaron a una comisaría de policía. Le negaron el acceso a su asistencia letrada. Ese mismo día, el Tribunal de Distrito de Tverskoi lo condenó a 30 días de reclusión por “infracción reiterada de las normas sobre celebración de reuniones públicas”. El juez resolvió que sus tuits sobre la concentración que iba a celebrarse el 5 de mayo, fechados el 26 y el 30 de abril, constituían “llamamientos ilegítimos” a participar en protestas no autorizadas. De acuerdo con el abogado defensor de Shaveddinov, cuando se publicaron los tuits, las autoridades aún estaban considerando la “notificación” (solicitud de autorización para celebrar una reunión pública) propuesta por los organizadores de la protesta. Los organizadores recibieron la respuesta oficial (denegación de autorización) el 10 de mayo, después de que la concentración hubiera tenido lugar. Por consiguiente, Shaveddinov no fue sólo acusado, sino también privado de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, por sus tuits sobre un acto presuntamente ilegítimo que ni siquiera era “ilegítimo” en virtud de la legislación rusa, indebidamente restrictiva, en el momento de las publicaciones. El juez no visionó los vídeos tuiteados y rechazó la moción del abogado defensor de llamar a declarar a un testigo, antes de proceder a condenar a Shaveddinov a 30 días de reclusión. El 31 de mayo, el Tribunal Municipal de Moscú se negó a anular la decisión en apelación.

Kira Yarmysh, secretaria de prensa de Alexey Navalny, acudió a la comisaría de policía en la que estaba recluido Ruslan Shaveddinov con un poder de representación que la designaba abogada defensora de Shaveddinov. La policía la detuvo de inmediato y la obligó a pasar la noche en la comisaría. El 23 de mayo, la propia Yarmysh fue condenada a 25 días de reclusión por el mismo “delito” que Shaveddinov en relación con dos tuits sobre las protestas del 5 de mayo que presuntamente difundían información sobre reuniones públicas “no autorizadas”. Los vídeos se habían publicado el 12 de abril. Como en el caso de Shaveddinov, este hecho es muy anterior a la prohibición de la reunión por las autoridades. De acuerdo con la foto que Yarmysh publicó en Twitter, la policía terminó de redactar el protokol (informe oficial sobre un presunto delito administrativo) que documentaba su “delito” en el juzgado, lo que infringe las normas de procedimiento. El 31 de mayo, el Tribunal Municipal de Moscú se negó a anular la decisión en apelación. El Tribunal de Apelación rechazó todas las mociones del abogado defensor, incluida la de llamar como testigos a los policías que habían redactado el protokol.

Registros policiales en la agencia de información FreeNews-Volga

La policía visitó el estudio de la agencia de información FreeNews-Volga, en Saratov, en varias ocasiones. El 7 de mayo, varios agentes se presentaron en la agencia buscando a Mikhail Murygin, coordinador regional de la oficina de campaña de Alexey Navalny, que había participado en la protesta del 5 de mayo en Saratov. Según la agencia, sobre las 8.30 de la noche unos diez agentes encargados de hacer cumplir la ley, algunos uniformados y otros vestidos de civil, se presentaron en sus oficinas. Algunos portaban fusiles de asalto. Registraron los despachos ocupados por el departamento de información, la redacción y la redactora jefa. El motivo del registro no estaba claro, puesto que Murygin no se encontraba allí, sino en el estudio, dando una entrevista emitida en directo en Internet. Como puede apreciarse en las imágenes de vídeo públicamente disponibles, los periodistas replicaron a los intrusos que Murygin estaba participando como invitado en una emisión en directo y les pidieron autorización para terminarla. En un primer momento, los agentes de policía accedieron, pero luego detuvieron a Murygin en medio de la emisión. La policía no poseía ningún documento que autorizara o justificara la detención de Murygin.

El 10 de mayo, un agente de policía visitó la agencia de información para interrogar a la redactora jefa. Según el agente, el 7 de mayo los periodistas de la agencia habían cometido un delito administrativo de “desobediencia a las solicitudes legítimas de los agentes de policía” al interferir presuntamente con la detención de Murygin. Como puede verse en material fílmico del interrogatorio públicamente disponible, el agente de policía no pudo explicar qué era exactamente lo que constituía la desobediencia, quién la había cometido y qué “solicitudes legítimas” de los agentes se habían desobedecido. El agente tampoco portaba con él ningún documento oficial relacionado con esos cargos administrativos.

Los periodistas interpusieron demandas ante la delegación regional del Ministerio del Interior y el Comité de Investigación de la región de Saratov, solicitando que se verificase si las acciones de la policía constituían delito de “obstrucción de actividad periodística legítima”. Los periodistas y sus lectores iniciaron una campaña pública contra la presión ejercida contra la agencia informativa que incluyó publicaciones solidarias en redes sociales y fotografías de personas con el lema “La prensa libre no se toca”. El Sindicato de Periodistas y Trabajadores y Trabajadoras de los Medios de Comunicación, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de los Medios de Comunicación de Saratov y la delegación regional de la Unión Rusa de Periodistas hicieron declaraciones públicas en su apoyo, protestando contra la presión ilegítima a la que las autoridades sometían a la agencia de información.

El 14 de mayo, se informó de que no se había incoado la causa administrativa contra los periodistas “debido a la ausencia de hecho del delito”. El 15 de mayo también se supo que el agente de policía que había efectuado la operación de registro y detención el 7 de mayo había sido sometido a procedimientos disciplinarios por no portar su identificación oficial durante la operación. No obstante, la delegación regional del Ministerio del Interior de Saratov no halló otras infracciones en las acciones de los agentes de policía del 7 de mayo. El Comité de Investigación aún está verificando la legalidad de las acciones policiales.

Normas internacionales de derechos humanos

Los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recalcan la importancia del derecho a la libertad de expresión, reunión pública y libertad de los medios de comunicación.

Del mismo modo, la Observación general Nº 31 [80], “Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”, aclara además que los gobiernos tienen la obligación de investigar y llevar ante la justicia a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

Los relatores especiales de la ONU y diversos mecanismos de derechos humanos europeos han hecho hincapié en reiteradas ocasiones en la existencia del derecho a observar y hacer grabaciones de reuniones y de difundirlas, en que las personas que ejercen el periodismo desempeñan un papel importante en este proceso y en que los Estados tienen la obligación de protegerlas.

La Resolución 68/163, “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, condena todos los ataques y la violencia contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, insta a los Estados miembros a “que hagan todo lo posible por prevenir la violencia [...] contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, por asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas [...] y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia [...] contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, por llevar a los autores de esos crímenes ante la justicia [...] y por garantizar que las víctimas [...] tengan acceso a los medios de reparación apropiados”, y exhorta a los Estados miembros a “que creen y mantengan [...] un entorno seguro y propicio en que los periodistas realicen su labor de manera independiente y sin interferencia indebida”. 

Una tendencia peligrosa para los derechos humanos en Rusia

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de agresiones y hostigamiento contra periodistas en Rusia en los últimos años. Dichos actos contribuyen a la represión del derecho a la libertad de reunión pacífica, tal como la organización expone en una publicación reciente.^[1] Este deterioro hace que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica peligre aún más.

Las autoridades rusas deben poner fin de inmediato a las restricciones indebidas del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y respetar, proteger, promover y hacer efectivos estos derechos para todas las personas. Deben crear y mantener un entorno seguro y propicio en que quienes ejercen el periodismo realicen su labor de manera independiente y sin interferencia indebida, y garantizar su derecho a informar sobre las protestas. Asimismo, deben realizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley interpuestas en relación con las protestas del 5 de mayo, incluidas las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, así como la inacción a la hora de proteger a periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación frente a la violencia de contramanifestantes progubernamentales, y hacer rendir cuentas ante la justicia a todos los presuntos responsables en juicios con las debidas garantías.

[1] Amnistía Internacional, Russian Federation: The right to freedom of peaceful assembly – freedom in all but name, declaración pública, 15 de marzo de 2018, párr. 7, disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/8027/2018/en/.