Tribunal Supremo concluye que la ley sobre derechos sexuales y reproductivos en Irlanda del Norte vulnera derechos humanos

La decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido de que la legislación de Irlanda del Norte sobre el aborto constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres debe obligar al gobierno británico a legislar con urgencia en favor de un cambio, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En la sentencia que ha pronunciado hoy sobre una vista de 2017, el Tribunal Supremo ha concluido que la prohibición casi total del aborto en Irlanda del Norte viola los derechos de las mujeres

La mayoría de los jueces han fallado que la legislación de la región sobre el aborto infringe el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al no permitir el aborto en los supuestos de delito sexual (violación e incesto) y malformación mortal del feto. El fallo del Tribunal Supremo implica que el gobierno británico está cumpliendo los compromisos que ha contraído en materia de derechos humanos al no permitir el acceso al aborto en Irlanda del Norte.

Junto con mujeres que se han visto afectadas directamente por el la legislación sobre el aborto, Amnistía Internacional ha intervenido en la causa para dar testimonio de que la prohibición casi total del aborto constituye una violación de los derechos de las mujeres.

Grainne Teggart, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Irlanda del Norte, ha afirmado:

“El más alto tribunal del país ha determinado que el Reino Unido está incumpliendo las obligaciones que tiene en materia de derechos humanos con las mujeres de Irlanda del Norte, que deben regirse por esta ley draconiana.

“Es una conclusión de enorme importancia y deja claro que el gobierno no tiene ya forma de eludir esta cuestión.

“Todas la miradas están puestas ahora en el gobierno británico. Theresa May no puede quedarse ya de brazos cruzados mientras innumerables mujeres continúan sufriendo bajo su mandato.

“La sentencia debe ser el golpe definitivo a la prohibición del aborto en Irlanda del Norte.

“La primera ministra debe comprometerse a reformar de inmediato la legislación vigente sobre el aborto o será cómplice del daño y la desigualdad que causa. No hacerlo constituiría una cruel traición a las mujeres.”

Sarah Ewart, quien se vio obligada a viajar a Reino Unido para que le practicaran un aborto tras saber que el bebé no iba a sobrevivir, ha intervenido junto con Amnistía Internacional en la causa. Tras conocer la sentencia ha manifestado:

“Se siente un inmenso alivio. Sufrir algo tan doloroso como lo que sufrí y pasar luego por el tormento de los tribunales ha sido extenuante emocionalmente. Me siento como si estuviéramos llegando por fin a algo, para que la gente empiece a darse cuenta de que a las mujeres nos están negando nuestros derechos básicos en Irlanda del Norte. Espero que esta sentencia haga que las cosas cambien para que ninguna mujer tenga ya que pasar por lo que yo y muchas otras hemos pasado.”

La declaración formal

A pesar de la decisión de la mayoría de los jueces de que la legislación de Irlanda del Norte sobre el aborto vulnera claramente los derechos humanos, podría no hacerse una declaración formal de incompatibilidad, requisito por el que un tribunal británico declara que una determinada ley es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  La razón de ello es que el Tribunal ha determinado que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, el órgano que presentó la demanda, no tenía atribuciones para entablar este procedimiento, ya que ella no era “víctima” de ningún acto ilícito.

Normalmente, esta determinación habría puesto fin al asunto, pero los jueces han reconocido la solidez de las pruebas y han formulado de todos modos sus conclusiones, indicando la mayoría, con rotundidad las violaciones de derechos humanos que han observado y que consideran que “no podían pasarse sin más por alto”.

Con el apoyo de Amnistía Internacional, Sarah Ewart llevará ahora el asunto al Tribunal Superior de Belfast para solicitar la declaración de incompatibilidad que la Comisión de Derechos Humanos no ha podido conseguir.

Grainne Teggart ha manifestado:

“A pesar de que no había ninguna ‘víctima’ identificada en esta causa, a los jueces les ha parecido que las pruebas demostraban de manera tan convincente que la ley del aborto de Irlanda del Norte viola los derechos de las mujeres, que han prescindido del procedimiento y han formulado de todos modos sus conclusiones. Nada demuestra mejor que ello que necesitamos librarnos de esta prohibición inhumana del aborto.

“Ahora vamos a terminar lo que hemos empezado llevando el asunto al Tribunal Superior de Belfast para pedirle que haga la declaración formal definitiva.”

Sarah Ewart ha dicho: “No lo hago sólo por mí, sino también por todas las mujeres que puedan encontrarse en mi situación. No vamos a aceptar que nos obliguen a tomar un avión para recibir asistencia médica. Lo que necesitamos es compasión y servicios en Irlanda del Norte.”

La legislación actual necesita “un replanteamiento radical” – Declaración de los jueces

La mayoría de los jueces –cinco de siete– han fallado a favor de la decisión de que la legislación de Irlanda del Norte sobre el aborto vulnera los derechos de las mujeres.

La presidenta del Tribunal Supremo, la jueza Hale, ha señalado: “No hay ninguna prueba de que las opiniones morales de la población de Irlanda de Norte estén en contra de permitir el aborto en estos supuestos. Todo lo contrario.”

El juez Manse ha manifestado: “la legislación actual necesita claramente un replanteamiento radical. Los responsables de garantizar la compatibilidad de la legislación de Irlanda del Norte reconocerán y tendrán en cuenta, sin duda, estas conclusiones [...] al considerar cómo reformar la legislación en vista del sufrimiento que está causando.”

El gobierno británico debe legislar

El gobierno británico tiene la obligación en última instancia de legislar para reformar la inhumana legislación de Irlanda del Norte sobre el aborto. Amnistía pide la derogación de las secciones 58 y 59 de la Ley sobre Delitos contra la Persona de 1861, con lo que se despenalizaría el aborto y se permitiría establecer un marco de atención de la salud compatible con los derechos humanos. Amnistía cree que el inminente proyecto de Ley de Violencia Intrafamiliar es el medio de conseguir este cambio.