Lunes, 09 de julio, 2018
El estado de Nevada se dispone a llevar a cabo su primera ejecución en 12 años. La ejecución —de un preso que ha renunciado a sus apelaciones— está prevista para el 11 de julio a las ocho de la tarde. Amnistía Internacional pide a Nevada que no reanude las ejecuciones
La última ejecución en Nevada se llevó a cabo el 26 de abril de 2006. La que está programada para el 11 de julio tendría lugar en la nueva cámara de ejecución del estado, en la prisión estatal de Ely. Sería la primera ejecución en Estados Unidos que utiliza la combinación de tres sustancias elegida por las autoridades de Nevada: midazolam (un sedante), fentanilo (un opiáceo) y cisatracurio (un paralizante).
Nevada ha llevado a cabo 12 ejecuciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó las nuevas leyes de pena capital en 1976 y desde que Nevada aprobó su actual ley de pena capital en 1977. De estas ejecuciones, 12 fueron de lo que se denomina “voluntarios”, presos que habían renunciado a sus apelaciones. El preso cuya ejecución está prevista para el 11 de julio también ha renunciado a sus apelaciones. Se trata de un hombre condenado a muerte desde 2007 por un asesinato cometido en 2002. En 2016 pidió renunciar a sus apelaciones. La jueza lo declaró capacitado para hacerlo en julio de 2017, y ese mismo mes firmó una orden de ejecución para el 14 de noviembre de 2017. Posteriormente, la jueza suspendió la ejecución ante la preocupación por el procedimiento de inyección letal. La Corte Suprema de Nevada levantó la suspensión en mayo de 2018 alegando que la jueza había abusado de su criterio al examinar la cuestión, y la ejecución volvió a programarse para el 11 de julio. Sigue existiendo honda preocupación sobre la combinación de sustancias, no utilizada anteriormente.
Desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, la preocupación por los costes, los riesgos, las contradicciones y las desigualdades del sistema de pena capital en Estados Unidos ha aumentado. En 2008, el que entonces era el juez más antiguo de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que “sin duda ha llegado el momento de hacer una comparación desapasionada e imparcial del enorme coste que los litigios sobre pena de muerte imponen a la sociedad frente a los beneficios que conlleva”. Según este juez, sus 30 años en la Corte le habían llevado a concluir “que la imposición de la pena de muerte constituye la extinción inútil e innecesaria de la vida”. En 2015, otros dos jueces alegaron que era hora de que la Corte examinara la constitucionalidad de la pena de muerte a causa de los indicios de error y arbitrariedad en su aplicación, y por su decreciente uso tanto en Estados Unidos como fuera del país.
Desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, 22 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos comunes. En la actualidad hay 142 países abolicionistas en la ley o en la práctica. Desde la última ejecución de Nevada, seis estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte (Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois, Connecticut, Maryland y Delaware). Los gobernadores de los estados de Oregón, Pensilvania y Washington han dictado moratorias de las ejecuciones. Nevada debería detener todas las ejecuciones como paso para aprobar legislación abolicionista. Esto sería conforme con las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden una moratoria de las ejecuciones, en espera de la abolición.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- expresando su oposición a la pena de muerte en todos los casos, y pidiendo que se detengan todas las ejecuciones en Nevada;
- señalando que, desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, seis estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte y varios más han dictado moratorias de las ejecuciones; además, otros 22 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos comunes, lo que significa que ya hay 142 países abolicionistas en la ley o en la práctica;
- señalando las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que piden una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.
Envíen llamamientos antes del 11 de julio de 2018 a:
Gobernador
Governor Brian Sandoval
State Capitol Building, 101 N. Carson Street, Carson City, NV 89701, EE. UU.
Correo-e: http://gov.nv.gov/Contact/Email-the-Governor/
Fax: +1 775 684-5683
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Fiscal General
Attorney General
Adam Paul Laxalt
Office of the Attorney General
100 North Carson Street
Carson City, NV 89701, EE. UU.
Fax: +1 775-684-1108
Correo-e: aginfo@ag.nv.gov
Tratamiento: Señor Fiscal General / Dear Attorney General
Miembros de la Junta de Indultos de Nevada
Nevada Board of Pardons Commissioners
1677 Old Hot Springs Road, Suite A,
Carson City, NV 89706,
EE. UU.
Correo-e: info@parole.nv.gov
Tratamiento: Sres. Miembros de la Junta de Indultos / Dear Commissioners
Información adicional
Veintidós personas fueron condenadas a muerte en Nevada entre 2002 y 2016. Desde 1986 hasta el año 2000, se dictó exactamente el cuádruple de condenas a muerte en el estado: 88. Esto refleja un patrón más amplio de la disminución del uso de la pena de muerte en Estados Unidos en la última década, aproximadamente: una disminución que todas las autoridades deberían aprovechar para apartar por completo a Estados Unidos de esta pena.
Casi tres cuartas partes de los 42 presos ejecutados en Nevada y en otros 10 estados del país desde 1976 habían renunciado a sus apelaciones: los 7 de Connecticut, Nuevo México, Oregón y Pensilvania, y 24 de los 35 ejecutados en el estado de Washington, Dakota del Sur, Utah, Montana, Idaho, Kentucky y Nevada. En total, uno de cada 10 presos ejecutados en Estados Unidos desde 1976 había renunciado a sus apelaciones. Si se dejan fuera los ocho estados que más ejecutan —Texas, Virginia, Oklahoma, Florida, Misuri, Georgia, Alabama y Ohio (responsables del 78 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976)— la proporción aumenta a uno de cada cinco en las 27 jurisdicciones restantes que han llevado a cabo ejecuciones desde 1976.
La investigación sobre este fenómeno indica que una serie de factores, o una combinación de ellos, puede contribuir a la decisión de un preso de no seguir adelante con las apelaciones contra su condena a muerte. Estos factores incluyen los trastornos mentales, la enfermedades físicas, los remordimientos, la bravuconería, las creencias religiosas, la búsqueda de notoriedad, la severidad de las condiciones de reclusión —que incluyen el aislamiento prolongado y la falta de visitas con contacto físico–, la sombría alternativa de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo por las perspectivas de la apelación, o el desgaste por el círculo de esperanza y desesperación que forma parte integrante de la vida en el corredor de la muerte. En el caso del hombre que se enfrenta ahora a la ejecución en Nevada el 11 de julio, un informe presentado en la Corte Suprema de Nevada este mismo año por la Defensoría Pública Federal en Las Vegas afirmó que tanto la jueza que había dictado la suspensión de ejecución a finales de 2017 como el Departamento de Prisiones de Nevada “reconocen” que el preso “es un suicida”. “Lleva varios años con pensamientos suicidas”, continuaba el informe, “varios miembros de su familia se han suicidado, y él ha intentado suicidarse anteriormente en prisión”; además, “en el momento de ser declarado culpable expresó su deseo de morir”.
Nevada y otros 14 estados de Estados Unidos, así como el gobierno federal, reanudaron las ejecuciones después de 1976 con la ejecución de un preso que había renunciado a sus apelaciones. Dos de los estados que sólo han ejecutado a “voluntarios” —Connecticut y Nuevo México— han abolido la pena de muerte en la última década. Oregón, Pensilvania y el estado de Washington —con nueve ejecuciones entre ellos, de las que ocho fueron de “voluntarios”— tienen vigentes moratorias de las ejecuciones a causa de la preocupación por el sistema de aplicación de la pena capital. Si desean más información sobre la pena de muerte en Nevada y el fenómeno de los “voluntarios”, véase USA: Intent to kill, intent to die, noviembre de 2017, en https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/7392/2017/en/.
Nevada y otros estados de Estados Unidos han tenido dificultades para obtener sustancias químicas para sus protocolos de inyección letal. En septiembre de 2016, Nevada emitió una “Convocatoria de licitación para sustancias farmacéuticas utilizadas para la inyección letal”, en un intento de conseguir hidromorfona y midazolam para el protocolo del estado, consistente en la inyección de dos sustancias. Sin embargo, el estado no recibió ninguna oferta. El 17 de agosto de 2017, el Departamento de Prisiones de Nevada anunció que utilizaría una combinación de diazepam, fentanilo y cisatracurio para la ejecución, que entonces estaba programada para el 14 de noviembre de 2017. El 3 de julio de 2018, hizo público su protocolo más reciente de inyección letal, en el que sustituía el diazepam por midazolam (al parecer porque sus existencias de diazepam habían caducado). El midazolam ha estado implicado en una serie de ejecuciones “fallidas” en Estados Unidos (https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/042/2014/en/).
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, independientemente del delito o del método de ejecución elegido por el estado. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.477 ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó los nuevos estatutos de pena capital. En lo que va de año ha habido 12 ejecuciones en Estados Unidos.
Índice: AMR 51/8750/2018
Imagen: Shutterstock.