Pongan fin a la detención arbitraria de dos deportados

El 4 de julio, Nyo Myint y Enrique Arias Hierro fueron deportados desde una base militar de Estados Unidos en Yibuti a Juba (Sudán del Sur), como parte de la campaña de deportación masiva del gobierno estadounidense, y desde entonces permanecen detenidos en un lugar que no se ha dado a conocer. Si bien según informes creíbles están bajo la custodia del Servicio de Seguridad Nacional, sus abogados no han recibido información oficial alguna sobre su paradero actual. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Sudán del Sur que den a conocer de inmediato el paradero de Nyo Myint y Enrique Arias Hierro, les permitan acceder de forma regular y sin supervisión a sus representantes legales, incluido recibir asesoramiento local, y aclaren inmediatamente el fundamento jurídico de su detención.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional

Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

Monday Semaya Kumba

Correos electrónicos: [email protected] / [email protected]

Facebook: Ministerio de Asuntos Exteriores

y Cooperación Internacional de Sudán del Sur

 

Estimado embajador Monday Semaya Kumba:

 

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por Nyo Myint y Enrique Arias Hierro, detenidos arbitrariamente en Sudán del Sur desde que fueron deportados dentro de la campaña de deportación masiva del gobierno de Estados Unidos.

El 4 de julio, Nyo Myint, originario de Myanmar, que llegó como refugiado a Estados Unidos en 2016 a través del programa de la Organización Internacional para las Migraciones, y Enrique Arias Hierro, originario de Cuba y residente en Estados Unidos desde 1980, fueron deportados desde una base militar de Estados Unidos de Yibuti a Yuba, capital de Sudán del Sur. Posteriormente, y al igual que a otras seis personas deportadas, las autoridades de Sudán del Sur detuvieron a ambos sin justificación legal ni claridad alguna respecto a su condición jurídica.

A pesar de sus esfuerzos, los representantes legales de ambos no han podido conseguir ninguna información oficial sobre su paradero actual exacto, ni acceder a sus clientes de forma regular y sin supervisión. Su abogado en Yuba tampoco ha tenido acceso ni ha podido comunicarse con ellos. Las autoridades no han proporcionado ningún comunicado oficial sobre su paradero exacto. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido informes creíbles de que los dos están bajo la custodia del Servicio de Seguridad Nacional, aunque no ha verificado su paradero de manera independiente.

El hecho de que estén detenidos con acceso limitado a sus abogados viola el derecho internacional, y podría propiciar que sufran tortura y otros malos tratos, lo cual aumenta la preocupación por su salud y su bienestar.

En vista de todo lo anterior, le pido urgentemente que den a conocer de inmediato el paradero de Nyo Myint y Enrique Arias Hierro, les proporcionen acceso regular y no supervisado a sus representantes legales, incluido asesoramiento local, y aclaren inmediatamente el fundamento jurídico de su detención. Además, le insto a que a ninguno de ellos se les envíe a la fuerza a sus países de origen o a ningún otro en el que corran un peligro real de ser perseguidos o sufrir violaciones de los derechos humanos graves, pues esto supondría una vulneración del principio de no devolución (non-refoulement) según establece el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Este año, el presidente estadounidense Donald Trump presentó una campaña de deportación masiva que afecta a millones de inmigrantes y de personas llegadas al país en busca de seguridad. Como parte de esta campaña, ocho hombres —de los cuales sólo uno es de Sudán del Sur— fueron deportados a este país tras semanas de batalla legal. Posteriormente, dos de los ocho quedaron en libertad, y uno de éstos, Jesus Munoz-Gutierrez, ha sido repatriado a México. En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense está obligado a garantizar que sus políticas de inmigración no implican o incrementan el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos. Si bien Estados Unidos tiene autoridad para regular la inmigración, debe hacerlo dentro del marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En julio de 2025, Politico informó de que las deportaciones de Estados Unidos a Sudán del Sur forman parte del intento del gobierno sursudanés de negociar el levantamiento de las sanciones impuestas al primer vicepresidente, Benjamin Bol Mel, revocar las restricciones para la obtención de visado a los ciudadanos sursudaneses, reactivar una cuenta bancaria en la Reserva Federal de Nueva York y apoyar el procesamiento por parte del Estado del primer vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar, que sigue bajo arresto domiciliario. En septiembre, un medio de comunicación informó de que las autoridades sudanesas habían negado que hubiera ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a ciudadanos de terceros países.

El espacio de la sociedad civil para participar en la vida pública continúa bajo ataque, y tomar parte en actividades cívicas legítimas ha desembocado en arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Los agentes y autoridades de seguridad de Sudán del Sur, especialmente el Servicio de Seguridad Nacional, hostigan y tienen en el punto de mira de sus ataques sistemáticamente a miembros de la sociedad civil y a personas que critican al gobierno. El 3 de julio de 2024, el Parlamento del país aprobó las enmiendas a la Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014, que incrementaban las abusivas facultades del Servicio de Seguridad Nacional, entre otras la de detener a personas con o sin orden de detención.

Durante el conflicto que estalló en Sudán del Sur el 15 de diciembre de 2013, el Servicio de Seguridad Nacional se reforzó cada vez más, actuando como una policía de facto para las élites poderosas. El Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia del Ejército han detenido a cientos de personas, en su mayoría hombres, en diversos centros de detención del país. Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y otros malos tratos en al menos tres de los principales centros de detención de la capital, Yuba. Asimismo, la organización ha documentado casos de personas detenidas y amenazadas por el Servicio de Seguridad Nacional por expresar libremente opiniones críticas contra el gobierno, o por considerarse que actúan contra los intereses de las élites poderosas. Los familiares de los detenidos pueden despertar interés, lo que incrementa el peligro de que sean vigiladas y puede que detenidas si el Servicio de Seguridad Nacional no aprueba lo que dicen o hacen.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de marzo de 2026

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Nyo Myint, Enrique Arias Hierro (ambos masculino)