Asia Meridional: La verdad y la justicia son todavía inalcanzables para miles de víctimas de desaparición forzada

Cuando el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el sur de Asia que proporcionen a las familias de las miles de personas que fueron víctimas de desaparición forzada, en algunos casos hace decenios, la verdad, la justicia y la reparación que tanto tiempo llevan esperando.

Las desapariciones forzadas han marcado a comunidades de todo el sur de Asia, donde en algunos países persiste aún este crimen atroz, mientras que en otros no se ha cumplido la promesa de proporcionar verdad, justicia y reparación a las miles de personas a quienes arrebataron a algún ser querido.

“La desaparición forzada es una de las violaciones más graves de derechos humanos. Se arrebata a las familias a sus seres queridos, y los responsables, agentes del Estado u otros que actúan en su nombre, niegan luego tenerlos bajo su custodia o rehúsan revelar dónde están.  Las familias quedan sumidas en un estado de angustia, mientras intentan desesperadamente mantener viva la llama de la esperanza a pesar de que temen lo peor. Pueden pasar años, e incluso decenios, atormentadas por esta incertidumbre”, ha señalado Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

“El sur de Asia tiene un historial especialmente horrible en materia de desapariciones forzadas, pues algunos gobiernos de la región persisten en la práctica, mientras que otros no han ofrecido ninguna respuesta a quienes llevando años esperándola. Es hora de que los gobiernos de la región investiguen debidamente y sancionen los casos de desaparición forzada y releguen esta práctica al pasado. Si no pueden ser acusadas de ningún delito reconocible, las personas que estén detenidas tras  haber sido sometidas a desaparición forzada deben ser liberadas de inmediato.”

Las personas sometidas a desaparición forzada corren grave peligro de tortura, e incluso de muerte. Las desapariciones forzadas son un instrumento de terror, con devastadoras consecuencias que afectan no sólo a las personas sometidas a ellas y a sus familias, sino también a la sociedad entera, donde dejan cicatrices que son muy difíciles de borrar. Es por ello que constituyen un crimen de derecho internacional y, si se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático, dirigido contra población civil, un crimen de lesa humanidad.

Afganistán

En Afganistán, más de 40 años de conflicto armado han dejado a decenas de miles de personas sin noticias de la suerte o el paradero de sus seres queridos. Cuando el Partido Democrático Popular de Afganistán tomó el poder a finales de la década de 1970, fueron víctimas de desaparición forzada decenas de miles de personas. Las desapariciones forzadas siguieron siendo una característica constante del país con la invasión soviética posterior, con la guerra civil que estalló tras la retirada soviética y con el gobierno talibán. Por desgracia, hoy día continúan cometiéndose. En vez de asumir tan inquietante pasado y proporcionar verdad, justicia y reparación a todas estas víctimas, el gobierno afgano no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, e incluso siguen produciéndose casos de personas arrebatadas a sus familias por las autoridades.

Bangladesh

Desde 2013, las autoridades de Bangladesh han sido responsables de centenares de desapariciones forzadas. Según un informe reciente de Human Rights Watch, sólo en 2016 fueron víctimas de desaparición forzada 90 personas. La mayoría de estos casos fueron desapariciones de corta duración, pues la persona compareció ante los tribunales semanas después del secuestro. No obstante, 21 personas aparecieron muertas posteriormente, y en otros 9 casos sigue sin saberse nada de ellas. Las víctimas han sido principalmente miembros de la oposición política, pero las autoridades no han iniciado investigaciones creíbles para buscar a las que continúan desaparecidas y poner a todos los responsables a disposición judicial.

India

En India, la información sobre desapariciones forzadas procede en gran medida de zonas consideradas conflictivas en virtud de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, como Cachemira y Manipur. Según un informe publicado por la Comisión Internacional de Juristas  en 2017, durante el periodo comprendido entre 1989 y 2012 se registraron en Cachemira alrededor de 8.000 desapariciones forzadas. También se indica en el informe que las desapariciones forzadas fueron comunes en Manipur y otros estados del nordeste de India en la décadas de 1980 y 1990. India no ha tipificado la desaparición forzada como delito en su Código Penal. Como consecuencia de ello, las familias de las personas “desaparecidas” tienen que presentar sus reclamaciones con arreglo a disposiciones generales del derecho penal indio. Aunque firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, India tiene todavía que ratificarla.

Maldivas

Hace cuatro años, Ahmed Rilwan, bloguero y reportero del periódico Independent de Maldivas, fue secuestrado por unos hombres no identificados a la puerta de su casa. Se teme que esté bajo custodia del Estado, pero se ha tenido noticia de su suerte ni de su paradero desde entonces. En 2012, Rilwan había recibido amenazas de muerte por informar de un ataque al bloguero Ismail Hilath Rasheed, que fue apuñalado y herido. Antes las protestas suscitadas por su desaparición, las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos en septiembre de 2014. Al mes siguiente, dos de ellos quedaron en libertad. En agosto de 2018, un tribunal penal de Maldivas absolvió a dos hombres acusados de secuestrar a Rilwan. El presidente de Maldivas, Abdullah Yameen, observó sin ninguna piedad que Rilwan estaba “sin duda muerto”, para retractarse de su comentario al día siguiente. Hasta la fecha siguen sin conocerse la suerte y el paradero del bloguero

Nepal

Durante los más de 10 años de conflicto fueron víctimas de desaparición forzada más de 1.300 personas. Las Naciones Unidas calculan que en un sólo distrito desaparecieron más de 250. El gobierno estableció una comisión de investigación de las desapariciones forzadas que comenzó por fin a recibir información 2016 y que ha recopilado más de 3.000 denuncias. No obstante, debido a limitaciones de su mandato y a persistentes restricciones políticas y de recursos, la comisión no ha podido desarrollar su actividad de manera efectiva para descubrir la verdad y determinar la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada.

Pakistán

En los últimos dos decenios, las autoridades han sido responsables de quizá miles de desapariciones forzadas en Pakistán. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tiene más de 700 casos pendientes de Pakistán, y la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, paquistaní, ha recibido informes de varios cientos más en todo el país. Entre las víctimas figuran blogueros, periodistas, estudiantes, activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de minorías religiosas y presuntos miembros de grupos armados. Limitados anteriormente a las agitadas provincias de Jyber Pajtunjwa y Baluchistán, los casos de desaparición forzada proliferan ahora también en las zonas centrales de Pakistán y en sus principales ciudades.

Sri Lanka

Amnistía Internacional calcula que, desde la década de 1980, ha habido entre 60.000 y 100.000 casos de desaparición forzada en Sri Lanka Entre las víctimas figuran jóvenes cingaleses a los que los escuadrones de la muerte del gobierno mataron o sometieron a desaparición forzada en 1989 y 1990 por sus presuntos vínculos izquierdistas; tamiles sometidos a desaparición por la policía, el ejército y unidades paramilitares durante el conflicto de 1983 a 2009 por su presunta relación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, y defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ayuda humanitaria, periodistas, personas críticas con el gobierno y destacados líderes comunitarios.

Pese al compromiso internacionalmente asumido por Sri Lanka de poner fin a la impunidad de las desapariciones forzadas, las autoridades del país siguen sin investigar estos casos, identificar el paradero o la suerte de las víctimas y juzgar a los presuntos responsables de estos delitos.