Jueves, 06 de septiembre, 2018

“La abolición parcial del permiso de salida qatarí otorga a miles de trabajadores y trabajadoras el derecho a abandonar Qatar sin el permiso de su empleador, y es un importante primer paso para cumplir la promesa de las autoridades de introducir reformas fundamentales en el explotador sistema de patrocinio”, ha manifestado Stephen Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional


La nueva ley de Qatar que elimina parcialmente el “permiso de salida” que impedía a los trabajadores y trabajadoras migrantes salir del país sin el permiso de su empleador es un primer paso importante para desmantelar su explotador sistema de patrocinio. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La Ley núm. 13 de 2018, promulgada ayer por el emir de Qatar, elimina la facultad de los empleadores de prohibir a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras migrantes —los cubiertos por la Ley del Trabajo qatarí— abandonar el país. Sin embargo, los empleadores aún pueden requerir permisos de salida a hasta un 5% de sus trabajadores y trabajadoras, dependiendo de su tipo de trabajo. Otros trabajadores y trabajadoras, como los que realizan trabajo doméstico, que quedan fuera de la Ley del Trabajo, aún no están cubiertos por la reforma.

“La abolición parcial del permiso de salida qatarí otorga a miles de trabajadores y trabajadoras el derecho a abandonar Qatar sin el permiso de su empleador, y es un importante primer paso para cumplir la promesa de las autoridades de introducir reformas fundamentales en el explotador sistema de patrocinio”, ha manifestado Stephen Cockburn, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“No obstante, es fundamental que se den más pasos para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras migrantes de Qatar se ven libres de restricciones de viaje, incluidos los trabajadores y trabajadoras domésticos, que continúan en peligro de seguir sufriendo explotación y abusos. No debe haber excepciones en la protección de los derechos humanos fundamentales.”

Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Estadísticas, en el país hay más de 1,9 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, procedentes principalmente de países de Asia meridional y el sureste asiático, como India, Nepal, Pakistán, Filipinas y Bangladesh. Muchos trabajan en proyectos de infraestructura vinculados al papel de Qatar como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Los trabajadores y trabajadoras domésticos aguardan nuevas normas

Aunque la Ley núm. 13 de 2018 no cubre a los trabajadores y trabajadoras que quedan fuera de la Ley del Trabajo qatarí, como los 174.000 trabajadores y trabajadoras domésticos, sí establece que las normas y procedimientos relativos a este tipo de trabajadores y trabajadoras se expondrán en una decisión ministerial futura.

La investigación de Amnistía Internacional ha demostrado anteriormente que a los trabajadores y trabajadoras domésticos a menudo los obligan a trabajar largas jornadas sin días libres, y pueden sufrir severas restricciones de la libertad de circulación e incluso abusos físicos y sexuales.

“Las personas que realizan trabajo doméstico, normalmente mujeres, suelen ser las más vulnerables a los abusos de los empleadores. Jamás deberían estar sometidas a permisos de salida que eliminen su capacidad de escapar de la explotación o de regresar a casa con sus familias. Es imperativo que Qatar aproveche esta nueva ley y proceda a abolir el permiso de salida para todos los trabajadores y trabajadoras migrantes”, ha manifestado Stephen Cockburn.

En agosto de 2017, Qatar aprobó una nueva ley que establecía una cierta protección jurídica para los trabajadores y trabajadoras domésticos, incluidos un horario máximo de trabajo y vacaciones anuales, pero las dificultades en su aplicación y el mantenimiento del visado de salida provocan que para muchas personas siga siendo difícil escapar de empleadores que las someten a abusos.

Es preciso hacer más para poner fin al sistema de patrocinio

El permiso de salida es sólo una de las características del tristemente famoso sistema de “kafala” (patrocinio) de Qatar. La investigación realizada por Amnistía Internacional ha demostrado que este sistema ha alimentado los abusos y la explotación generalizados de los trabajadores y trabajadoras migrantes, y ha incluido el trabajo forzoso.

Aunque hoy día la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ya no necesitan el permiso de su empleador para salir del país, siguen necesitando un “certificado de no objeción” de su empleador para cambiar de empleo en Qatar. Muchos empleadores se niegan a conceder esos certificados, y los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a continuar hasta que vencen sus contratos, un plazo que puede durar hasta cinco años.

Los trabajadores y trabajadoras que dejan sus empleos sin el permiso de su empleador pueden ser denunciados como “fugados”, lo que entraña un cargo penal que puede dar lugar a la detención y la deportación. Esto contraviene el derecho y las normas internacionales sobre el trabajo.

Algunos empleados siguen también reteniendo el pasaporte de los trabajadores y trabajadoras, una práctica muy afianzada que puede no ser ilegal en determinadas circunstancias gracias a la laguna creada por la Ley núm 21 de 2016.

Las autoridades de Qatar deben garantizar que los empleadores no utilizan tácticas tales como la confiscación del pasaporte o las prohibiciones arbitrarias de viajar para impedir que los trabajadores y trabajadoras abandonen el país, ahora que ya no se requiere el permiso de salida para la mayoría de la gente.

“El legado de la Copa Mundial de Qatar puede ser la transformación de su sistema laboral, de uno que promueve la explotación a otro que sirva de ejemplo a la región. Aún queda muchísimo por hacer, y la abolición total del permiso de salida debería ser uno entre otros muchos pasos para conseguirlo”, ha manifestado Stephen Cockburn.

“Los derechos de trabajadores y trabajadoras no deben estar en manos de sus empleadores.”

Información complementaria

Las reformas anunciadas ayer forman parte de un Proyecto de Cooperación Técnica, de tres años de duración, acordado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en octubre de 2017, tras los abusos laborales descubiertos por organizaciones como Amnistía Internacional. En virtud de este proyecto, Qatar se comprometió a revisar sus leyes de acuerdo con las normas laborales internacionales y, en última instancia, reformar sustancialmente el sistema de patrocinio.

Existen sistemas de patrocinio similares en otros países del Golfo, Jordania y Líbano, aunque Arabia Saudí sigue siendo el único otro país que mantiene el permiso de salida.

En mayo de 2018, Qatar ratificó dos tratados internacionales de derechos humanos relacionados con los derechos de los trabajadores y trabajadoras: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece el derecho a la libertad de circulación (pero en el que Qatar incluyó una “reserva” que rechazaba el derecho de los trabajadores y trabajadoras migrantes a formar sindicatos), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece el derecho a unas condiciones de trabajo decentes.