Venezuela: Autoridades deben parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza

El Estado venezolano usa la fuerza intencionalmente letal contra la población más vulnerable y excluida socialmente, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en esta situación, cuando debería de estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

“El gobierno del Presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitárselas a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas. El Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.

El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios – tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad – fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.

En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia, más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo en ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro otras.

Para el 2017, el gobierno venezolano dio cifras imprecisas en una lámina de PowerPoint colgada en un tweet sin datos desagregados ni fiables que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.

Amnistía Internacional ha observado que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas. Más bien, han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial.

Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos.

Una de las consecuencias más notables las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas. La ONU estima que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014.

“Venezuela atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos en su historia. La lista de delitos bajo el derecho internacional en contra de la población va en incremento. Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usan un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Erika Guevara Rosas.

“El gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, en pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de derechos humanos”.

Amnistía Internacional llama al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.