China: Familiares de hasta un millón de personas detenidas durante una campaña de “reeducación” masiva exigen respuestas

China debe poner fin a la campaña de represión sistemática y revelar la suerte de hasta un millón de personas, en su mayoría musulmanas, detenidas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En el último año se ha intensificado la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y los miembros de otros grupos étnicos de la región, en su mayoría musulmanes. La mayoría de las familias de las personas detenidas desconocen la suerte de sus seres queridos y a menudo tienen miedo de alzar la voz.

“No debe permitirse que el gobierno de China continúe esta brutal campaña contra las minorías étnicas en el noroeste del país. Los gobiernos de todo el mundo deben hacer que las autoridades chinas rindan cuentas por la pesadilla que se está viviendo en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang”, ha dicho Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental.

“Las familias ya han sufrido bastante. Esta represión masiva ha destrozado a cientos de miles de ellas. Están desesperadas por saber qué ha pasado con sus seres queridos y ya es hora de que las autoridades chinas les den respuestas.”

En su nuevo informe, China: Where are they? Time for answers about mass detentions in Xinjiang Uighur Autonomous Region, Amnistía Internacional pone de relieve la angustia de quienes han perdido el contacto con sus familiares y amigos en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y temen que hayan sido detenidos.

La organización ha entrevistado a más de 100 personas fuera de China cuyos familiares en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang todavía se encuentran en paradero desconocido, así como a personas que fueron torturadas cuando se encontraban recluidas en campos de detención en la misma región.

Detención masiva

El internamiento de grupos étnicos, en su mayoría musulmanes, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang se ha intensificado desde marzo de 2017, cuando se aprobó la “Normativa Antirradicalización” en dicha región. Las muestras públicas —o incluso privadas— de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba “extraña”, cubrirse la cabeza con un velo o un pañuelo, orar frecuentemente, ayunar o evitar el alcohol, o tener libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur pueden considerarse conductas “radicales” en virtud de esta normativa.

Otros motivos importantes de sospecha son viajar al extranjero por trabajo o estudios, en especial a países de mayoría musulmana, o estar en contacto con personas fuera de China. Hombres y mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada, residentes en zonas rurales y urbanas... Todos corren peligro de ser detenidos.

Los ubicuos controles de seguridad, que ahora forman parte de la rutina diaria en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, ofrecen amplias oportunidades para buscar contenidos sospechosos en los teléfonos móviles de la gente o comprobar su identidad utilizando programas informáticos de reconocimiento facial.

Las personas pueden ser identificadas como sospechosas a través del control rutinario de mensajes enviados en aplicaciones de redes sociales como WeChat, que no usan la encriptación de extremo a extremo. El uso de aplicaciones de mensajería que sí utilizan la encriptación, como WhatsApp, también puede ser en un motivo de detención.

Las autoridades se refieren a los campos como centros de “transformación a través de la educación”, pero mucha gente simplemente los llama “campos de reeducación”. Las personas recluidas en los campos de detención no son sometidas a juicio ni tienen acceso a asistencia letrada o derecho a impugnar la decisión. Pueden permanecer detenidas durante meses, ya que son las autoridades quienes deciden cuándo la persona se ha “transformado”.

A Kairat Samarkan lo enviaron a un campo de detención en octubre de 2017 tras regresar a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang después de una visita breve al vecino Kazajistán. La policía le dijo que estaba detenido porque se lo acusaba de tener doble nacionalidad y de haber traicionado a su país. Quedó en libertad en febrero de 2018.

Kairat dijo a Amnistía Internacional que, cuando lo detuvieron, lo encapucharon, le pusieron grilletes en los brazos y las piernas y lo obligaron a permanecer de pie en una posición fija durante 12 horas. Había cerca de 6.000 personas recluidas en el mismo campo, donde se las obligaba a cantar canciones políticas y a estudiar los discursos del Partido Comunista Chino. No podían hablar entre ellas y, antes de las comidas, debían corear “larga vida a Xi Jinping”. Kairat contó a Amnistía Internacional que el trato recibido lo llevó a intentar suicidarse justo antes de ser puesto en libertad.

Quienes se resisten o no demuestran que han cambiado lo suficiente se enfrentan, según informes, a castigos que van desde los insultos a la privación de alimentos, la reclusión en régimen de aislamiento, las palizas, y el uso de instrumentos de coerción y posturas de tensión. Se han recibido informes de muertes en los centros, incluidos casos de suicidios de personas que no han podido aguantar los malos tratos.

Las autoridades justifican estas medidas extremas basándose en la necesidad de luchar contra el terrorismo y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, las medidas dirigidas a proteger a los ciudadanos de ataques deben ser necesarias y proporcionales, y lo más concretas y restringidas posible para hacer frente a una amenaza específica.

“Los centros de detención masiva son lugares de lavado de cerebro, tortura y castigo. El hecho de que por enviar un mensaje a tus familiares en el extranjero puedas acabar detenido pone de manifiesto lo absurdas, injustificadas y totalmente arbitrarias que son las acciones de las autoridades chinas”, ha afirmado Nicholas Bequelin.

Familias destrozadas

Durante meses, los familiares de las personas que se encuentran en paradero desconocido ocultaron su angustia. Tenían la esperanza de que la pérdida de contacto con sus seres queridos fuera algo temporal. Temían empeorar las cosas si buscaban ayuda externa. Ahora, sin que se vislumbre un final claro a su tormento, cada vez más personas están dispuestas a alzar su voz.

Bota Kussaiyn, una estudiante kazaja de la Universidad Estatal de Moscú, habló por última vez con su padre, Kussaiyn Sagymbai, por WeChat, en noviembre de 2017. Su familia, originaria de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, se reasentó en Kazajistán en 2013.

El padre de Bota regresó a China a finales de 2017 para recibir atención médica, pero las autoridades le confiscaron el pasaporte cuando llegó a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. Bota supo más tarde a través de sus familiares que lo habían enviado a un “campo de reeducación”.

Tal era el miedo de su familia en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang a convertirse en sospechosa si mantenía el contacto que, después de aquello, cortaron toda comunicación con ella.

Bota dijo a Amnistía Internacional: “Mi padre es un ciudadano corriente. Antes de que lo detuvieran, éramos una familia feliz. Nos reíamos juntos. Ahora ya no lo hacemos y no podemos dormir por la noche. Vivimos con miedo todos los días. Esto ha hecho mucho daño a mi madre. No sabemos dónde está. Ni siquiera sabemos si está vivo. Quiero volver a ver a mi padre.”

Muchos familiares y amigos en el extranjero indican que se sienten culpables porque son precisamente estas conexiones internacionales las que, en muchos casos, parecen ser la causa de que sus seres queridos en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang estén bajo sospecha. Las autoridades los acusan de tener vínculos con grupos externos que, según el gobierno chino, promueven opiniones religiosas “radicales” o planean “actividades terroristas”.

Para evitar despertar sospechas, las personas de etnias uigur y kazaja, y otras en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, han cortado todo vínculo con sus amigos y familiares que viven fuera de China. Han advertido a sus conocidos de que no llamen y han eliminado sus contactos de fuera del país de las aplicaciones de redes sociales. Al no poder obtener información fiable de casa, muchas personas que viven en el extranjero inevitablemente se temen lo peor.

Cuando se llevan a los padres, son los hijos e hijas quienes sufren, y muchas familias atraviesan dificultades económicas. Los niños y niñas mayores pueden ser enviados a centros estatales de formación profesional, y los más pequeños pueden acabar en uno de los “centros de asistencia” masivos que se han construido desde 2017.

Espionaje

La presión sobre quienes residen en el extranjero se ve acentuada por los esfuerzos agresivos de los funcionarios de seguridad para reclutar a espías en las comunidades fuera del país. A quienes son blanco de los funcionarios de seguridad, según informes, se los amenaza con detener a sus familiares en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang si no cooperan. Por el contrario, si lo hacen, se les promete que se tratará a sus seres queridos con indulgencia.

El hecho de no saber qué miembros de la comunidad en el extranjero informan a los funcionarios de seguridad de China siembra la sospecha y la desconfianza, y fomenta aún más la sensación de aislamiento y temor.

“La campaña sistemática de represión de las autoridades chinas tiene un efecto devastador en las vidas de millones de personas. Es hora de que las autoridades digan la verdad sobre los campos y permitan que las familias se reúnan,” ha dicho Nicholas Bequelin.