El huracán María reveló problemas de derechos humanos desatendidos durante años en Puerto Rico
Aunque la respuesta al huracán María fue la mayor y más prolongada en la historia de la agencia FEMA, habría sido mucho más eficaz si las autoridades hubieran invertido previamente en la modernización de la infraestructura de la isla, que ya tiene 50 años de antigüedad, y en servicios públicos. En lugar de eso, el huracán dejó fuera de servicio la red eléctrica arcaica y las líneas de comunicación de Puerto Rico, lo cual supuso un gran obstáculo para la respuesta ante la emergencia
Cuando uno se traslada en coche por San Juan, la vista de las lonas azules es casi ineludible. Clavadas sobre los tejados de las casas, esas lonas siguen brindando a decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas el único refugio disponible un año después de que el huracán María devastara la isla y causara graves daños en hogares, hospitales y escuelas.
Es escandaloso que tantas personas se vean obligadas a vivir en una situación así de precaria, más aún cuando forman parte de uno de los países más ricos del mundo. Durante décadas, las autoridades han hecho caso omiso de los graves problemas de derechos humanos que han dejado a las comunidades marginales desproporcionadamente expuestas y, claramente, mal preparadas para resistir los estragos de uno de los mayores desastres que Puerto Rico ha padecido en un siglo.
Sin embargo, para algunos de los activistas con los que habló Amnistía Internacional, el huracán María no fue sólo un desastre, sino también un recordatorio del poder de la comunidad.
Modesta, una lideresa comunitaria de Loiza, recordó que los líderes comunitarios comenzaron a organizarse inmediatamente después del paso del huracán. Juntos, hicieron censos de las necesidades y numeraron las casas, para estar preparados cuando llegara la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) estadounidense.
Muchas veces, las comunidades locales saben exactamente lo que necesitan. No obstante, al repasar la historia reciente de Puerto Rico, queda lamentablemente claro que, al tomar decisiones que afectan a la vida en esas comunidades, no se les ha prestado atención o se han desestimado sus impresiones.
Desde por lo menos 2016, personas de todo tipo se han unido para manifestarse contra las dolorosas medidas de austeridad, adoptadas para hacer frente a una grave crisis económica provocada por la enorme deuda externa de la isla.
La respuesta de las autoridades, según la ha documentado Amnistía Internacional, ha sido dispersar con violencia esas protestas, empleando una fuerza excesiva para reprimir el derecho de la población a expresar libremente su disconformidad.
Mientras tanto, siguen los profundos recortes del gasto público en servicios cruciales, como salud y educación.
Aunque la respuesta al huracán María fue la mayor y más prolongada en la historia de la agencia FEMA, habría sido mucho más eficaz si las autoridades hubieran invertido previamente en la modernización de la infraestructura de la isla, que ya tiene 50 años de antigüedad, y en servicios públicos. En lugar de eso, el huracán dejó fuera de servicio la red eléctrica arcaica y las líneas de comunicación de Puerto Rico, lo cual supuso un gran obstáculo para la respuesta ante la emergencia.
Esos fallos no deben repetirse. Si las autoridades tienen alguna esperanza de salvar vidas mediante la prevención y reducción del impacto en Puerto Rico de huracanes que son cada vez más potentes, deben actuar ahora. En un contexto de cambio climático, es probable que sean frecuentes las tormentas violentas, como María.
Si las autoridades de Puerto Rico quieren aprender del huracán María, deben asegurarse de que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas y garantizar la transparencia de sus procedimientos de toma de decisiones.
Dado el descubrimiento de existencias de agua potable sin distribuir, la controversia sobre la cifra de personas muertas y el fracaso en términos de garantizar un alojamiento digno, así como el hecho de que no se haya consultado a las comunidades afectadas, las autoridades puertorriqueñas y las autoridades federales estadounidenses deben poner en marcha una investigación independiente sobre su respuesta al huracán María.
Sin embargo, necesitamos ver respuestas con más visión de futuro en apoyo de los derechos humanos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Durante la reconstrucción de la isla, tanto el gobierno federal como el puertorriqueño, así como la Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso de Estados Unidos, deben mostrar mayor transparencia en la toma de sus decisiones.
Y hay otro aspecto igual de importante: en vez de reprimir violentamente a la gente de a pie que protesta por las medidas de austeridad, como hizo en mayo, el gobierno de Puerto Rico debe comprometerse a aumentar el diálogo con su ciudadanía, que aún lucha por recomponer su vida tras un año de sufrimiento y dolor.
El gobierno de Puerto Rico, en particular, tiene la responsabilidad de crear más espacios para involucrar activamente a las comunidades en la preparación para desastres futuros, la adaptación al cambio climático y la respuesta eficaz ante los huracanes.
Me alegra poder decir que, antes de abandonar San Juan, me reuní con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que accedió a crear un grupo de trabajo con Amnistía Internacional y otras organizaciones locales para abordar las preocupaciones de esas instituciones en materia de derechos humanos como la libertad de expresión y la transparencia sobre el gasto fiscal.
Es un avance importante, pero las palabras deben dar paso a los hechos. Estaremos atentos.
Por Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional