Lunes, 08 de octubre, 2018

Islam Khalil, ex víctima de desaparición forzada, se halla sometido a detención preventiva por cargos falsos desde el 10 de marzo. El 27 de febrero, el Tribunal Penal de El Cairo prorrogó su detención 45 días más


Del 10 de marzo al 1 de abril no se supo nada de la suerte y el paradero de Islam Khalil. Su familia lo vio por última vez el 10 de marzo en Asuán, ciudad del sur de Egipto. Recibió información sobre su paradero el 2 de abril, cuando una persona que había ido a hacer una visita a la prisión de investigación de Tora, en la gobernación de El Cairo, dijo que lo había visto allí. Desde entonces permanece sometido a detención arbitraria por cargos infundados de “pertenencia a un grupo ilegal” y “difusión de noticias falsas”. Se cree que los cargos, de los que Islam Khalil sostiene que es inocente, se han presentado contra él como represalia por su presunto activismo político. El 27 de agosto, el Tribunal Penal de El Cairo prorrogó su detención otros 45 días Revisará otra vez la orden de detención el 8 de octubre.

Islam Khalil está acusado junto con otras tres personas contra quienes se han presentado los mismos cargos y que niegan conocerlo. Dos de ellas son activistas políticos, detenidos en el contexto de la misma causa, debido presuntamente a sus publicaciones en Facebook animando a boicotear las elecciones presidenciales. Quedaron en libertad el 9 de septiembre.

El hermano de Islam Khalil ha explicado a Amnistía Internacional varias incoherencias del registro de detención, donde se afirma que fue detenido en los alrededores de su casa, en Gharbeyya, cuando lo cierto es que lo detuvieron en Asuán. También se afirma en el registro que fue detenido el 30 de marzo, un día antes de su comparecencia ante el fiscal, cuando lo cierto es que fue detenido el 10 de marzo y sometido a desaparición forzada.

Según su familia, el fiscal de la Seguridad del Estado interrogó a Islam Khalil el 1 de abril sin la presencia de un abogado. No se permitió a la familia visitarlo hasta 12 días más tarde. Islam Khalil afirma que fue torturado y sometido a otros malos tratos durante su desaparición forzada del 10 de marzo al 1 de abril. Según su hermano, el 10 de marzo fue detenido y recluido en el aeropuerto militar de Berenice, donde lo sometieron a agresiones físicas durante una hora. Luego lo trasladaron a la sede la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo y, posteriormente, a la ciudad de Tanta, donde lo golpearon, colgaron, electrocutaron y sometieron a amenazas de violación y de muerte.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma, a las autoridades egipcias:

  • instándolas a dejar en libertad a Islam Khalil, que se encuentra detenido arbitrariamente, y a retirar los cargos contra él;
  • pidiéndoles que garanticen que, hasta que quede en libertad, está protegido contra la tortura y otros malos tratos y tiene unas condiciones de reclusión acordes con las normas internacionales, lo que incluye tener acceso a agua y comida;
  • instándolas a llevar a cabo con prontitud una investigación efectiva e imparcial sobre su presunta tortura y otros malos tratos y sobre las circunstancias de su desaparición forzada del 10 de marzo al 1 de abril, para hacer rendir cuentas a los responsables en un juicio justo.

Envíen llamamientos antes del 16 de noviembre de 2018 a:

 

Fiscal
Public Prosecutor

Nabil Sadek

Office of the Public Prosecutor, Dar alQada

al-Ali, Down Town

Cairo, Egipto

Fax: +202 2577 4716

Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Counsellor

 

Presidente
President

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, Egipto

Fax: +202 2391 1441

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

 

Y copias a:

 

Viceministro Adjunto de Relaciones Exteriores para los Derechos Humanos

Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs for Human Rights

Ahmed Ihab Gamal-Eldin

Ministry of Foreign Affairs Corniche el-Nile, Cairo, Egipto

Fax: +202 2574 9713

Correo-e: contact.us@mfa.gov.eg

Twitter: @MfaEgypt

 

Información complementaria

Islam Khalil estuvo sometido a desaparición forzada del 10 de marzo al 1 de abril. Según su familia, la última vez que supieron algo de él fue el 10 de marzo, cuando estaba en Asuán. Tras perder el contacto con él, la familia preguntó en una comisaría de policía de Asuán para ver si estaba bajo custodia, pero los agentes negaron que estuviera allí. El 15 de marzo presentaron una queja ante el fiscal por lo sucedido, pero no recibieron respuesta. También preguntaron en la fiscalías de Hurgada, al sureste de El Cairo, y de Asuán. Sin embargo, ambas negaron que estuviera bajo su custodia. La familia no conoció su paradero hasta el 2 de abril, cuando las autoridades reconocieron que se hallaba detenido en la prisión de investigación de Tora.

Según el hermano de Islam Khalil, la administración de la prisión le impidió recibir libros y comida y le negó las vistas familiares durante un mes. En determinado momento lo trasladaron a una celda llena de bichos y le negaron el acceso a agua y comida adecuada. Luego lo llevaron a otra con reclusos que le obligaban a rezar y no le dejaban fumar ni leer determinados libros.

Islam Khalil había sufrido ya tortura y otros malos tratos bajo custodia anteriormente, según su propio testimonio e información proporcionada por su familia y su abogado. El 24 de mayo de 2015, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional se lo llevaron secuestrado de su casa, en Al Santa, Al Gharbiyah. Fue sometido a desaparición forzada, durante la cual las autoridades se negaron a reconocer que estaba privado de libertad y ocultaron su suerte y su paradero durante 122 días. Según Islam Khalil, durante ese tiempo fue torturado por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional con el fin de que “confesara” delitos que afirmaba no haber cometido. Lo dejaron en libertad el 31 de agosto de 2016, 10 días después de que el fiscal ordenara su libertad con fianza. Fue acusado de pertenecer al grupo prohibido Hermandad Musulmana, incitar a la violencia y atacar a las fuerzas de seguridad.

Se considera desaparición forzada la detención o secuestro de una persona por agentes del Estado o por individuos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguidos de la negativa a reconocerlo o del ocultamiento de la suerte y el paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley. La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional.

Amnistía Internacional ha documentado ampliamente el uso que hacen las fuerzas de seguridad egipcias de las desapariciones forzadas como instrumento contra activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes pacíficos, incluso estudiantes y menores de edad (véase https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/4368/2016/en/). Centenares de personas sometidas a desaparición forzada fueron detenidas arbitrariamente y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención secreta, sin acceso a abogados ni a sus familias y sin supervisión judicial externa. Esta constante de abusos se hizo especialmente patente a partir de mediados de marzo de 2015, cuando el presidente Abdel Fatah al Sisi nombró al general Magdy Abd el-Ghaffar ministro del Interior.

Se entiende por detención arbitraria la que se practica sin ninguna razón legítima o sin que medie un procedimiento legal.

Las autoridades intensificaron la represión de quienes se muestran críticos en diciembre de 2017, en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Durante los últimos 10 meses, las fuerzas de seguridad han detenido y recluido arbitrariamente al menos a 111 personas exclusivamente por expresar pacíficamente opiniones críticas sobre las autoridades o por convocar o participar en protestas o reuniones políticas. Al menos 70 de ellas continúan encarceladas y se enfrentan a cargos que comportan penas de hasta 15 años de prisión. Se ha condenado en juicios colectivos injustos a centenares de personas, en algunos casos a muerte. Los tribunales continúan basándose considerablemente en información de la Agencia Nacional de Seguridad y en pruebas no válidas, como confesiones obtenidas por medio de tortura, al dictar sentencia. Se sigue sometiendo a civiles a juicios injustos ante tribunales militares.

 

Índice: MDE 12/9203/2018