Unión Europea: Una filtración revela que los Estados están dispuestos a poner en peligro a los defensores y defensoras de los derechos humanos para proteger a la industria de la vigilancia

Los Estados miembros de la Unión Europea deben respaldar las restricciones propuestas a la exportación de equipo de vigilancia a regímenes que cometen abusos, han manifestado las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras tras la filtración de documentos que reveló que varios países de la UE, especialmente Suecia y Finlandia, están presionando para que se debilite la protección relativa a los controles europeos a la exportación de tecnología de vigilancia. Los documentos filtrados fueron publicados hoy  por periodistas de derechos digitales en netzpolitik.org y Reporteros sin Fronteras.

“El actual sistema de la UE no hace rendir cuentas a los gobiernos y las empresas europeos. Es desolador ver que la protección de la privacidad de las personas y la salvaguardia de la libertad de expresión en todo el mundo no están entre las prioridades del Consejo de la Unión Europea”, afirmó Lucie Krahulcova, analista política de Access Now.

“Estas filtraciones revelan que, mientras la UE habla de derechos humanos en público, tras bambalinas sus Estados miembros están secretamente dispuestos a descuidar su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en aras de intereses comerciales. Darían rienda suelta a las empresas para que vendan a gobiernos que cometen abusos tecnologías que pueden inmiscuirse en las comunicaciones y el paradero de quienes los critican”, ha dicho Nele Meyer, directora ejecutiva de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

Gobiernos de todo el mundo utilizan tecnología de vigilancia disponible comercialmente para espiar a activistas, periodistas y disidentes.

“La disposición de algunos países a seguir funcionando como hasta ahora, suministrando a regímenes despóticos herramientas para cometer abusos contra los derechos humanos es alarmante. La muerte de Jamal Khashoggi ha puesto de relieve el nivel de presión y vigilancia que sufren las personas que se dedican al periodismo. La UE debe poner fin a la venta de instrumentos que se utilizan para espiar, hostigar y detener a periodistas. Son tecnologías que amenazan la seguridad de las personas que se dedican al periodismo y de sus fuentes, y por tanto las obligan a autocensurarse”, ha afirmado Elodie Vialle, directora de Periodismo y Tecnología de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Amnistía Internacional, Privacy International, Access Now y Reporteros sin Fronteras instan a los Estados miembros a que garanticen que sólo se exportará tecnología de vigilancia cuando la venta cumpla sólidos criterios de derechos humanos.

Información complementaria

Tras el uso de la tecnología de vigilancia para reprimir las protestas de la primavera árabe, organizaciones de la sociedad civil y parliamentarios de la UE pidieron una revisión significativa de los controles a la exportación para impedir que empresas de la UE suministren a gobiernos represivos tecnología para cometer abusos contra los derechos humanos. En 2016, la Comisión Europea propuso reformas al sistema actual de control de las exportaciones —el reglamento sobre productos de doble uso— con el propósito de “impedir las violaciones de derechos humanos asociadas a ciertas tecnologías de cibervigilancia”.

Los documentos filtrados hoy revelan que varios Estados miembros están rebajando sistemáticamente las protecciones de derechos humanos propuestas por la Comisión y el Parlamento.

Amnistía Internacional, Privacy International, Access Now y Reporteros sin Fronteras son algunas de las ONG que defienden el fortalecimiento de varias de estas protecciones con medidas como reforzar las salvaguardias en materia de derechos humanos, ampliar el alcance del reglamento para que abarque las nuevas tecnologías de vigilancia, incrementar la transparencia y proteger la investigación en materia de seguridad.

Muchas de estas reformas quedaron reflejadas, de alguna manera, en la propuesta adoptada por el Parlamento Europeo a comienzos de 2018.

Para que la revisión se convierta en realidad, las tres instituciones de la UE deben acordar un texto definitivo mediante negociaciones interinstitucionales (trílogos), una vez que los Estados miembros del Consejo lleguen a una postura conjunta.

Como demuestran los documentos internos filtrados del gobierno alemán y el Consejo de la UE, un grupo de Estados miembros tumbaron la denominada cláusula cajón de sastre, una salvaguardia crucial que exigía a las empresas que informaran a la Comisión cuando detectaran riesgos en materia de derechos humanos relacionados con las exportaciones de vigilancia.

Actualmente son cada vez más los Estados miembros —encabezados por Suecia y Finlandia— que combaten otro elemento central de la reforma: la lista de tecnologías de vigilancia para las que sería obligatorio un proceso de autorización.

Se trata de un trabajo legislativo contrarreloj, pues si el reglamento revisado no se aprueba a comienzos de 2019, se corre el peligro de que se retrase al menos otro año a causa de las próximas elecciones de la UE. Las próximas negociaciones en el Consejo tendrán lugar en noviembre de 2018.