Marruecos: Tras un juicio plagado de irregularidades debe impartirse justicia en el recurso de apelación
“Las autoridades judiciales de Marruecos deben garantizar que este proceso judicial no termine convertido en otra farsa, envuelto en denuncias de tortura y otras violaciones del derecho a un juicio justo. Si quieren demostrar que se toman en serio la justicia", declaró Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Decenas de periodistas, manifestantes y otras personas detenidas en relación con el movimiento de protestas pacíficas del Rif (Hirak en árabe) se han visto privadas de su derecho a un juicio justo ante el tribunal de primera instancia de Casablanca, ha afirmado Amnistía Internacional, que acaba de publicar un análisis sobre las graves deficiencias del juicio, ahora que comienza la segunda vista del recurso de apelación.
En junio de 2018, en una causa judicial sobre los actos de protesta de 2016 y 2017 en Alhucemas, un tribunal de Casablanca declaró culpables de delitos contra la seguridad a un total de 54 personas vinculadas a esas protestas, y las condenó a penas de hasta 20 años de cárcel. En agosto, 11 de ellas se beneficiaron de un indulto concedido por el rey, mientras que las 43 restantes comparecen en la actualidad ante el tribunal de apelación de Casablanca, que tras una primera sesión, había aplazado el juicio hasta el 17 de diciembre.
En su análisis sobre el juicio, Amnistía Internacional expone varias violaciones del derecho a un juicio justo, como la admisión de confesiones obtenidas mediante tortura a la hora dictar condena. Asimismo, la organización detalla en el documento los nombres de las personas detenidas, los cargos que se les imputan y las condenas que han recibido.
“El resultado del primer juicio fue un clamoroso error judicial. Sin embargo, el gobierno marroquí aprovechó este irregular proceso judicial para castigar y silenciar a destacados manifestantes pacíficos que defienden la justicia social, y para intimidar y silenciar a otras personas”, ha declarado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades judiciales de Marruecos deben garantizar que este proceso judicial no termine convertido en otra farsa, envuelto en denuncias de tortura y otras violaciones del derecho a un juicio justo. Si quieren demostrar que se toman en serio la justicia, las autoridades marroquíes deben tomar medidas concretas para rechazar toda confesión extraída mediante tortura o amenaza de tortura, y garantizar el respeto a todos los derechos procesales durante el proceso de apelación".
Al tratarse de un juicio sobre actos de protesta —que en algunos casos desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad— la fiscalía ha presentado cargos graves y desproporcionados, que llevan aparejadas las más duras penas contempladas en el Código Penal de Marruecos. Valga como ejemplo el cargo de “conspirar para socavar la seguridad del Estado”, que puede ser castigado con pena de muerte.
De las 43 personas cuyos casos está viendo el tribunal de apelación de Casablanca, cuatro quedaron en libertad provisional en junio y julio de 2017. Las restantes 39 están cumpliendo condena en la prisión Ain Sabaa 1 (Okacha) de Casablanca. Entre ellas, cabe señalar figuras destacadas, como Nasser Zefzafi —líder del movimiento del Rif— y Nabil Ahamjik; así como otros manifestantes pacíficos, como Mohamed Jelloul y Achraf Yakhloufi; periodistas, como Hamid el Mahdaoui y Rabie Lablak; y activistas de periodismo ciudadano, como Mohamed el Asrihi, Rabie Lablak, Hussein el Idrissi, Fouad Essaidi y Abd el Mohcine el Attari.
Para su análisis, Amnistía Internacional entrevistó a seis abogados de la defensa y la fiscalía y a seis familias de detenidos. Asimismo, estudió el pliego de cargos, los argumentos de la fiscalía, la sentencia e información sobre el caso facilitada por organizaciones nacionales e internacionales, y por los medios de comunicación.
Todo ello permite deducir que el juicio presentó graves irregularidades, como la admisión de pruebas dudosas.
Además, ninguna de las personas condenadas tuvo acceso a su abogado en el momento de la detención. A continuación, fueron trasladadas a más de 600 kilómetros de Casablanca, lo que dificultó la preparación de una defensa adecuada por parte de sus abogados y las visitas de sus familias. Varias personas aseguraron haber firmado “confesiones” extraídas bajo tortura o amenaza de tortura cuando se encontraban bajo custodia.
Nasser Zefzafi declaró ante el Tribunal de Apelaciones de Casablanca que el 29 de mayo de 2017, cuando fue detenido, los agentes de policía lo habían golpeado y le habían amenazado con violar a su anciana madre delante de él. Por su parte, el periodista Rabie Lablak explicó al tribunal que le habían metido en la boca un trapo empapado de un líquido maloliente y lo habían desnudado, tras lo cual habían aparecido unos hombres enmascarados que amenazaron con violarlo en grupo y luego violarlo con una botella si no firmaba una confesión.
Tanto los interrogatorios como las declaraciones que firmaron estaban en árabe, lengua que 22 de los hombres, procedentes de una región de lengua bereber, hablan mal o no hablan.
Para decidir su fallo, el tribunal se basó en estas "confesiones” firmadas como única prueba admisible, pese a que todos los acusados se retractaron.
Éstos han calificado de inhumanas sus condiciones de reclusión, y algunos han permanecido en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. NasserZefzafi pasó más de 15 meses en régimen de aislamiento, en condiciones constitutivas de tortura, mientras era investigado por cargos relacionados con la seguridad. De igual forma, Hamid el Mahdaoui pasó más de 470 días en régimen de aislamiento, periodo tan prolongado que es también constitutivo de tortura.
En el tribunal, los acusados asistieron al juicio desde una celda de muros altos y cristal tintado, una práctica degradante que socava la presunción de inocencia.
Además, antes del juicio, que comenzó en septiembre de 2017, el tribunal no facilitó a la defensa pruebas clave presentadas por la fiscalía, como vídeos y publicaciones aparecidas en las redes sociales. Asimismo, el tribunal se negó a aceptar testimonios de más de 50 testigos de la defensa. De los 34 testigos que comparecieron en total, solo aceptó 12 de la defensa.
Información complementaria
El movimiento de protestas del Rif (Hirak) comenzó en la septentrional ciudad de Alhucemas y las zonas limítrofes en octubre de 2016, después de que un camión de basura atropellara y matara a un pescador cuando intentaba recuperar el pescado que le habían confiscado las autoridades locales. Los manifestantes piden que se deje de marginar a sus comunidades, y reivindican medidas de justicia social.
Entre mayo y julio de 2017, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a cientos de personas relacionadas con las protestas del Rif, entre ellas manifestantes pacíficos, como El Mortada Iamrachen y Nawal Benaissa, y 12 menores. El tribunal de Alhucemas ha seguido condenando a cientos de manifestantes, periodistas y defensores o defensoras de los derechos humanos en juicios que incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos.