El proceso de paz no debe ir en detrimento de los derechos humanos

Desde hace ya más de 40 años, la población afgana soporta incesantes violaciones de derechos humanos. Ha sufrido graves abusos y violaciones de derechos humanos, como las víctimas civiles causadas por todas las partes en los conflictos, ya sea en ataques contra la población civil o contra objetivos civiles, o en forma de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y destrucción de bienes. En su huida desesperada del conflicto, la población ha sido objeto de desplazamiento interno o se ha visto obligada a buscar la seguridad en otros países en calidad de refugiados. La población afgana ha perdido sus propiedades, activos y ahorros. Cuando los talibanes estuvieron en el poder de 1996 a 2001, atacaron específicamente a minorías religiosas y étnicas. En los últimos años, hemos visto cómo los grupos armados siguen atacando a las minorías de Afganistán en bombardeos en gran escala que equivalen a crímenes de guerra. Pero este catálogo de injusticias, que entra en su quinto decenio, no fue suficiente para que las autoridades de Estados Unidos o de Afganistán consultasen con las víctimas cuando decidieron hacer un llamamiento a la paz.

Rompiendo con una historia de violaciones de derechos humanos, el posterior gobierno afgano se comprometió a prescindir de los castigos brutales y medievales, dejando que las mujeres y niñas reciban educación y trabajen, y liberando a las minorías religiosas de una suerte que cruelmente las condenaba a la situación de ciudadanía de segunda clase. Se han logrado muchos avances fundamentales en estos frentes, que ahora podrían estar en peligro de quedar en nada si no se establecen las condiciones previas necesarias al negociar el acuerdo de paz.

Sin embargo, se ha prestado una atención limitada al tratamiento de los crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes en los conflictos en el país, negando a las víctimas incluso un mínimo resarcimiento. Pensemos, por ejemplo, en la consulta de ámbito nacional que llevó a cabo la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán en 2004 sobre la justicia transicional, en un intento de abordar los abusos cometidos en el pasado tal como le había encomendado el gobierno entonces en ejercicio del presidente Hamid Karzai.

Tras la consulta se publicó un informe titulado “Un llamamiento a la justicia”, que dio lugar a la elaboración del “Plan de Acción para la Paz, la Reconciliación y la Justicia en Afganistán”. Sin embargo, el gobierno no cumplió sus propios compromisos.

Mencionemos también el caso del Proyecto de Ley de Amnistía (Ley de Reconciliación Nacional, Amnistía Pública y Estabilidad Nacional) aprobado por el Parlamento afgano, que consolidó un clima de impunidad, concedió inmunidad a los acusados y acabó con las esperanzas de rendición de cuentas. En 2008, el gobierno publicó oficialmente el Proyecto de Ley de Amnistía por motivos políticos antes de las elecciones presidenciales del año siguiente. La comunidad internacional se limitó a mirar hacia otro lado.

La no implementación de mecanismos de justicia efectivos preparó el terreno para que individuos razonablemente sospechosos de responsabilidad penal por crímenes atroces, entre los que había destacados señores de la guerra, fueran elevados a puestos de poder. En parte por falta de capacidad, el gobierno de Afganistán no pudo investigar y enjuiciar a las personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno de Unidad Nacional establecido en 2014 dio continuidad a esta pauta de falta de atención. En 2016, el presidente Ashraf Ghani comenzó a tratar de ganarse a Gulbuddin Hekmatyar y concluyó un acuerdo con el antaño fugitivo, en un acuerdo que después se exhibió ante los talibanes como prueba de que el gobierno estaba dispuesto a olvidar los excesos del grupo armado a condición de que estuviera dispuesto a entablar negociaciones para el reparto de poder. Presos del Hezb e Islami de Hekmatyar quedaron en libertad en virtud del acuerdo de 2016, sin investigación alguna sobre su posible implicación durante decenios en crímenes previstos en el derecho internacional. El mensaje a las víctimas fue claro: sus reclamaciones no serán atendidas. Pese a su condición de Estado parte en la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Afganistán no está tomando medidas relevantes para facilitar las investigaciones de la Corte sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2003, año en el que Afganistán se unió a la CPI.

Las valerosas y dignas acciones de quienes marchan por la paz demuestran que hay un deseo claro y urgente de poner fin a las hostilidades que han causado tanto derramamiento de sangre y dolor en Afganistán durante los últimos cuatro decenios. Pero los esfuerzos para lograr una paz sostenible no pueden pasar por alto ni afianzar la impunidad, ni deben perpetuar las mismas violaciones de derechos humanos que han alimentado el conflicto. Una paz sostenible exigirá rendición de cuentas, y no recompensas a quienes son culpables de negar la educación a las niñas, la capacidad de hacer su trabajo a los periodistas y la capacidad de moverse libremente y de trabajar a las mujeres, ni a quienes discriminan y atacan a minorías étnicas y religiosas al tiempo que niegan espacio a los defensores y defensoras de los derechos humanos para luchar por los derechos de quienes no pueden hablar por sí mismos.

Afganistán merece una paz en la que los derechos humanos de la población afgana ocupen un lugar central. Sin la protección de estos derechos, ¿merecerá siquiera el proceso de paz ese nombre?

Zaman Sultani es investigador sobre Asia meridional de Amnistía Internacional.

• Artículo publicado orginalmente en ToloNews