Irán: Flagelados y ejecutados en secreto dos muchachos de 17 años, en lo que constituye una aberrante violación del derecho internacional
“Las autoridades iraníes han hecho de nuevo gala de una enfermiza disposición a ejecutar a menores de edad y de su desprecio absoluto por el derecho internacional. Al parecer, tuvieron la crueldad de mantener a ambos niños condenados a muerte durante dos años sin informarles de ello y, en los últimos momentos de sus vidas, los flagelaron, para ejecutarlos, a continuación, en secreto”, ha explicado Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Amnistía Internacional ha recibido la noticia de la flagelación y ejecución en secreto de dos muchachos menores de 18 años a manos de las autoridades iraníes, que han demostrado así una profunda falta de respeto por el derecho internacional y los derechos de la infancia.
Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat, primos entre sí, fueron ejecutados el 25 de abril en la prisión de Adelabad, sita en la ciudad de Shiraz (provincia de Fars, sur de Irán). Ambos habían sido detenidos cuando contaban 15 años y condenados por varios cargos de violación en un juicio sin las debidas garantías.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, ninguno de los dos adolescentes fue consciente de haber sido condenado a muerte hasta poco antes de su ejecución, y sus cuerpos exhibían marcas de latigazos, que atestiguaban que habían sido azotados antes de morir. Sus familias no fueron informadas de antemano de su ejecución, y recibieron conmocionadas la noticia.
“Las autoridades iraníes han hecho de nuevo gala de una enfermiza disposición a ejecutar a menores de edad y de su desprecio absoluto por el derecho internacional. Al parecer, tuvieron la crueldad de mantener a ambos niños condenados a muerte durante dos años sin informarles de ello y, en los últimos momentos de sus vidas, los flagelaron, para ejecutarlos, a continuación, en secreto”, ha explicado Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe terminantemente aplicar la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito, y hacerlo constituye un ataque en toda regla contra los derechos de la infancia. El Parlamento iraní debería haber remediado hace ya tiempo esta espeluznante situación, reformando el Código Penal para prohibir el empleo de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito”.
Irán sigue siendo el mayor verdugo de menores de todo el mundo. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado por ley a tratar como niño o niña a cualquier persona menor de 18 años, y a garantizar que no sean condenadas nunca a muerte ni a cadena perpetua.
Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat llevaban recluidos en Shiraz, en un centro penitenciario para menores, desde 2017. El 24 de abril, fueron trasladados a la prisión de Adelabad, sin que, al parecer, supieran por qué. Ese mismo día, se permitió a sus familias visitarlos, pero no se les dijo que la visita formaba parte de los preparativos para la ejecución.
Al día siguiente, 25 de abril, recibieron de repente una llamada de la Organización de Medicina Legal de Irán (institución forense del Estado), para informar de las ejecuciones y pedirles que recogieran los cuerpos.
Las actuaciones judiciales que llevaron a la declaración de culpabilidad y la condena de ambos menores habían sido injustas y conculcado abiertamente los principios de la justicia de menores. Tras su detención, habían pasado dos meses en un centro policial de detención, donde —afirmaron— habían sido golpeados. Durante la fase de investigación, no tuvieron acceso a abogados.
La práctica de someter a menores de edad a interrogatorios policiales en ausencia de un representante legal o un abogado viola la Convención sobre los Derechos del Niño, según la cual se debe facilitar sin demora asistencia jurídica a los menores en conflicto con la ley.
Entre 1990 y 2018, la organización ha registrado en Irán 97 ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito. En la actualidad, hay más de 90 en peligro de ejecución.
La falta de información pública sobre las ejecuciones de Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat hasta que Amnistía Internacional ha sabido de ellas, viene a reforzar nuestra creencia de que la cifra real de ejecuciones de menores en Irán es superior a la que tenemos registrada. Estas personas —condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad— corren peligro de ser ejecutadas si no se informa de sus casos a las organizaciones de derechos humanos para que lleven a cabo labores públicas de campaña e incidencia.
“Hemos identificado en Irán una práctica habitual de ejecutar en secreto a personas menores en el momento del delito sin notificárselo previamente a sus familiares, en lo que parece ser una maniobra deliberada para evitar la indignación internacional. Por eso, es aún más importante que agentes internacionales influyentes, como la UE, redoblen sus intervenciones diplomáticas y públicas para presionar a Irán y pedirle que deje de aplicar la pena de muerte contra personas menores de edad en el momento del delito”, ha manifestado Philip Luther.
Muchas de estas personas llevan largo tiempo en espera su ejecución, en algunos casos más de un decenio. A veces, la ejecución ha sido programada y aplazada en repetidas ocasiones, con lo que se ha intensificado su sufrimiento. Estas condiciones de incertidumbre producen profunda angustia y padecimiento mental, y constituyen trato cruel, inhumano o degradante.
El derecho internacional no permite aplicar la pena de muerte por violación, ya que ese castigo debe limitarse a los más graves delitos que deben conllevar la muerte intencional de una persona.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.