Brasil: El gobierno de Bolsonaro está transformando la retórica contra los derechos humanos en medidas concretas

El martes 21 de mayo, casi cinco meses después desde que el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro llegó al poder, Amnistía Internacional lanza la acción “Brazil for Everyone” (Brasil para todo el mundo), en la que presenta sus principales motivos de preocupación sobre el país y emite un mensaje de alerta: el discurso antiderechos humanos que ha marcado la trayectoria política del presidente, incluida la campaña electoral de 2018, está comenzando a concretarse en medidas y acciones que amenazan y violan los derechos humanos de todas las personas de Brasil.

“En octubre de 2018, en cuanto acabó el proceso electoral, avisamos de que las posturas Bolsonaro representaban un peligro real para los derechos humanos en el país. Hemos seguido con atención la actividad de su gobierno y, lamentablemente, nuestra preocupación empieza a hacerse realidad: el gobierno de Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio de la población brasileña, tanto rural como urbana, que lo que desea es una vida digna y sin miedo”, afirmó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, que agregó: “Son medidas que pueden afectar a millones de personas. Y para nosotros, un país justo no excluye a su ciudadanía. Un Brasil justo es un Brasil para todo el mundo”.

En la acción que presenta el martes 21 de mayo, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las siguientes medidas y acciones del gobierno de Jair Bolsonaro:

• flexibilización de la regulación sobre tenencia y posesión de armas, que puede contribuir al aumento del número de homicidios en Brasil:
• nueva política nacional sobre drogas, que endurece su carácter punitivo y atenta contra el derecho a la salud
• medidas negativas para los derechos de los pueblos indígenas y los quilombolas;
• intento de injerencia indebida en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que operan en Brasil;
• diversas disposiciones de la ley anticrimen (como, por ejemplo, la flexibilización de la regulación de la legítima defensa de la policía, y del uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de ésta);
• medidas contrarias a los derechos a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos por el Estado durante el régimen militar;
• ataques a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
• mantenimiento de una retórica hostil a los derechos humanos por parte de las autoridades de alto nivel —incluido el presidente de la república—, que podría legitimar distintas violaciones de derechos humanos.
  
  El 21 de mayo visita Brasilia una delegación de Amnistía Internacional compuesta por la directora de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, y la directora de la oficina de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas. Allí, la delegación intentará entregar al presidente Bolsonaro y a otros representantes del gobierno una carta en la que se exponen las ya mencionadas preocupaciones y se formulan recomendaciones para garantizar, promover y proteger los derechos humanos en el país.
  
  “Algunas de las medidas adoptadas o propuestas por este gobierno durante estos cinco meses suscitan grave preocupación: pueden agravar el riesgo de homicidios por arma de fuego, legitiman una política de seguridad basada en el uso de fuerza letal, violan los derechos de los pueblos indígenas y de los quilombolas, basan la política de drogas en prácticas punitivas e ineficaces, pueden conducir a un incremento injustificado del control de las ONG y niegan el derecho a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas del régimen militar. Todo ello acompañado de una retórica claramente hostil a los derechos humanos, que se suma a las preocupaciones de Amnistía Internacional con respecto a la situación de esos derechos en Brasil”, explicó Jurema Werneck.                             
  
  “En 2017, Amnistía Internacional reveló que Brasil se había convertido en uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de derechos humanos, y Global Witness destacó que era el más peligroso del mundo para los derechos humanos relacionados con la tierra y con el medio ambiente. Es urgente que el presidente Jair Bolsonaro adopte medidas para revertir esta situación, respete los tratados internacionales firmados por Brasil, garantice la libertad de actuación de las personas y organizaciones que trabajan por la construcción de una sociedad mejor y abandone su discurso hostil con respecto a los derechos humanos, que legitima violaciones contra determinados grupos”.
  
  Para Erika Guevara Rosas, resulta preocupante la reducción del espacio de actuación de la sociedad civil en todo el mundo, por la adopción de numerosas leyes que buscan controlar e impedir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
  
  “Lamentablemente, son cada vez más los países que tratan de controlar a las organizaciones no gubernamentales e impedir el trabajo de organizaciones cruciales por denunciar fallos, crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado. Nos preocupa comprobar cómo las medidas adoptadas por el actual gobierno sobre la supervisión de ONG van en la misma dirección. La comunidad internacional seguirá atenta a Bolsonaro y su gobierno, para ver si cumplen o no con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos”.                                                                                                                                                     
  Esta medida, como muchas otras, se da en el marco de una retórica tóxica y abiertamente hostil a los derechos humanos. A este respecto, apuntó Erika Guevara Rosas: “Últimamente, hemos presenciado en muchos países campañas de líderes políticos cuyas agendas y discursos eran claramente hostiles a los derechos humanos. En Brasil, esta retórica está empezando a traducirse en medidas concretas. Por eso, pedimos a Bolsonaro que adopte medidas firmes y decisivas para proteger y garantizar los derechos humanos en todo el país, y para cerciorarse de que las personas que los defienden y se movilizan en su defensa puedan hacerlo sin temor a represalias”.