COVID-19: Vigilancia y amenaza para tus derechos

Personas de todo el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia de salud global sin precedentes debido al brote de COVID-19. La tecnología puede y debe desempeñar un papel importante durante este esfuerzo para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, en nombre de la lucha contra la enfermedad, algunos gobiernos se apresuran a ampliar el uso que hacen de las tecnologías de vigilancia para llevar a cabo el seguimiento de personas e incluso de poblaciones enteras.

Si no se ponen límites a estas medidas y se las cuestiona, podrían cambiar sustancialmente el futuro de la privacidad y otros derechos humanos.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud y de prevenir, tratar y controlar las epidemias. Con este fin, pueden restringir temporalmente algunos derechos humanos para responder a situaciones de emergencia de salud de manera puntual y coordinada. Sin embargo, el incremento de las medidas de vigilancia será ilícito si no cumplen unos criterios estrictos. Los gobiernos deben ser capaces de mostrar que las medidas que se aplican están previstas en la ley y son necesarias, proporcionadas, de duración limitada y se aplican con transparencia y supervisión adecuada.

En la práctica, esto significa que las medidas de vigilancia deben ser las menos intrusivas de que se disponga para lograr los resultados deseados. No deben causar más daños que beneficios.

La historia reciente nos enseña que existe el peligro real de que las medidas de vigilancia se conviertan en elementos permanentes. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el aparato de vigilancia gubernamental se amplió de forma considerable. Una vez establecidas estas capacidades e infraestructuras, los gobiernos casi nunca tienen voluntad política de retirarlas.

Muchos países utilizan datos de los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de las personas en su respuesta a la pandemia de COVID-19. Austria, Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania están recopilando, según informes, datos de localización anónimos o agregados de las compañías de telecomunicaciones para ayudar a rastrear contactos de coronavirus.

Otros países usan los datos de los teléfonos móviles pero sin las protecciones añadidas de anonimato o agregación. Por ejemplo, informaciones de medios de comunicación sugieren que el gobierno de Ecuador ha autorizado la localización por GPS para hacer cumplir la cuarentena. La iniciativa de las autoridades de Israel de permitir que los servicios de seguridad usen los datos de los teléfonos móviles de personas infectadas ha planteado ya motivos de preocupación relacionados con la privacidad. Al parecer, este sistema está ya operativo, y 400 personas han recibido recientemente mensajes SMS en los que se les advertía de posibles contactos con personas infectadas.

En Corea del Sur, las autoridades envían textos orientativos sobre salud que van acompañados de datos personales de pacientes infectados, incluidos enlaces que dirigen a datos pormenorizados sobre sus movimientos. Esta medida ha hecho saltar las alarmas porque quebranta la confidencialidad médica y alimenta el estigma contra las personas que tienen el virus. No parece que cumpla las condiciones exigidas para que la vigilancia sea lícita y es una violación del derecho a la privacidad.

Estas medidas plantean importantes interrogantes sobre la manera en que se recopila, utiliza y comparte nuestra información personal. Una vez recopilados los datos personales, existe el peligro real de que se compartan y utilicen con fines distintos del seguimiento de la salud.

Varios Estados recurren a la inteligencia artificial y las tecnologías de macrodatos para combatir la COVID-19. China está usando, según informes, una mezcla de escáneres términos “inteligentes” y tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos para rastrear la propagación del virus. El gigante tecnológico chino Alibaba ha puesto en marcha una función de seguimiento de la salud que usa datos sobre la salud personal y asigna un estado de salud con códigos de colores a la persona. El verde significa “seguro”, el amarillo requiere una cuarentena de 7 días, y el rojo indica una cuarentena de 14 días. Este sistema se usa para determinar el acceso de las personas a espacios públicos. Es preocupante que la aplicación comparta estos datos con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

En Polonia, el gobierno ha puesto en marcha una aplicación que pretende garantizar el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria. Según los informes, envía indicaciones para cargar selfis que después se verifican mediante reconocimiento facial y datos de localización para asegurarse de que la persona en cuestión no ha incumplido las órdenes de cuarentena. Se ha informado de la puesta en marcha de aplicaciones semejantes en otros países, entre ellas una en India que solicita selfis geoetiquetados.

Las tecnologías de inteligencia artificial también podrían aumentar las posibilidades de discriminación ilícita y pueden perjudicar de forma desproporcionada a comunidades ya marginadas. Muchas de las tecnologías que se están introduciendo usan algoritmos opacos con datos sesgados cuyo uso en la toma de decisiones afianza la discriminación de ciertos grupos.

Los gobiernos no deben usar tecnologías de vigilancia que recopilar formas de datos más allá de los que sean legítimamente necesarios para contener la enfermedad. Además, los gobiernos deben abordar los motivos de preocupación relacionados con la protección de datos y la discriminación.

Aunque la colaboración entre el sector público y el privado puede ofrecer soluciones creativas necesarias para hacer frente a las crisis de salud, muchos gobiernos recurren a empresas de vigilancia que presentan historiales profundamente preocupantes en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, los controvertidos proveedores de vigilancia Clearview AI y Palantir mantienen, según informes, conversaciones con autoridades de Estados Unidos. La compañía de vigilancia israelí NSO Group, que tiene un historial de venta a gobiernos que cometen abusos, vende ahora una herramienta de análisis de macrodatos que afirma que rastrea la propagación de la enfermedad mapeando los movimientos de las personas.

Al igual que NSO Group, muchas empresas de vigilancia tienen un historial de actividades en la sombra y siguen sin rendir cuentas por sus abusos contra los derechos humanos.

Es esencial que las compañías que intervienen en la lucha contra la COVID-19 identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas respecto a cualquier riesgo para los derechos humanos que pueda derivarse del contexto de la pandemia en relación con sus operaciones, productos y servicios. Las empresas no deben utilizar la crisis de COVID-19 para eludir sus responsabilidades en materia de derechos humanos.