Túnez: Ante la pandemia de COVID-19, se debe dejar en libertad a las personas recluidas por motivos de inmigración

Las autoridades tunecinas deben dejar en libertad con urgencia a las personas migrantes que se encuentran recluidas en terribles condiciones en el Centro de Recepción y Orientación de Ouardia, en Túnez capital, y garantizar que tienen acceso a servicios esenciales, incluidos alojamiento y atención de la salud adecuados, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Varias personas migrantes recluidas en el Centro de Ouardia han hablado a Amnistía Internacional de las terribles condiciones existentes allí, como el hacinamiento, pues alrededor de 50 personas comparten cinco celdas, dos cuartos de aseo y un zona común para comer. La organización ha examinado fotografías y vídeos en los que aparecen personas hacinadas en celdas, donde duermen en colchonetas y muy cerca una de otras.

“En el marco del plan general de lucha contra la COVID-19, las autoridades tunecinas deben reducir la población de sus centros de detención y, con carácter inmediato, dejar en libertad a las personas migrantes recluidas en Ouardia y garantizar que tienen acceso a servicios de salud esenciales. La detención únicamente por motivos de inmigración sólo debe permitirse en las circunstancias más excepcionales y de ninguna manera puede justificarse en el contexto de una pandemia mundial como la COVID-19”, ha señalado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para el Norte de África. 

“Las autoridades tunecinas parecen haber hecho algunos intentos de abordar los riesgos que entraña la COVID-19 para las personas migrantes detenidas, pero no son en absoluto suficientes. Las condiciones existentes en Ouardia hacen imposible aplicar medidas preventivas para impedir la propagación de la enfermedad dentro del centro de detención, lo que pone en gran riesgo la salud de quienes viven o trabajan allí, así como de la comunidad en general.”

Amnistía Internacional entrevistó a seis personas recluidas actualmente en el Centro de Ouardia, que es un lugar de detención para personas extranjeras administrado por el Ministerio del Interior. El Centro acoge en la actualidad a decenas de personas, entre ellas seis mujeres y al menos un menor de edad. Muchas de ellas desconocen la base legal de su detención, y otras han sido acusadas de delitos, encarceladas y recluidas luego en el Centro en espera de su deportación. El grupo incluye a personas de Costa de Marfil, Senegal, Camerún y Marruecos, muchas de las cuales parecen ser migrantes, así como al menos una persona que había presentado una solicitud de asilo. 

El 15 de abril vistió el Centro una delegación del gobierno. Según dos de las personas recluidas con las que Amnistía Internacional habló después de la visita, las autoridades del Centro entregaron luego a cada una de las personas recluidas una mascarilla de papel y un gel antibacteriano.

Explicaron que temían por su salud, pues en marzo y abril las autoridades habían llevado allí a más personas, en algunos casos directamente desde el aeropuerto, sin aislarlas ni hacerles pruebas para ver si habían contraído el virus. Algunas personas están en la actualidad en huelga de hambre para exigir que las pongan en libertad, porque temen que el hacinamiento y la falta de higiene las dejen aún más expuestas a contraer la COVID-19. Otras piden que las devuelvan a sus países de origen.

Cuatro de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron a la organización que no sabían por qué estaban recluidas, pues no las habían informado de ninguna orden de detención que pudiera haberse dictado contra ellas ni estaban acusadas de ningún delito. Aunque estas afirmaciones no han podido verificarse, suscitan honda preocupación, porque algunas de las personas del Centro de Ouardia podrían hallarse detenidas arbitrariamente, lo que contraviene tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes para Túnez. Dos de las personas entrevistadas dijeron que llevaban muchos años viviendo en Túnez y que pedían que las dejaran regresar a sus casas, donde podrían autoaislarse con seguridad.

Rajabu Kilamun, hombre de República Democrática del Congo, dijo que llevaba siete años viviendo en Túnez y había fundado una asociación, Migrants sans Frontières, para ayudar a las personas migrantes en Túnez. Dijo a Amnistía Internacional que lo habían detenido el 14 de febrero y lo habían llevado al Centro de Ouardia por residencia irregular en Túnez. Explicó que el único motivo de su detención era que no había conseguido que le concedieran la residencia en el país, aunque la había solicitado muchas veces.

“No comprendo por qué ahora, tras siete años viviendo en Túnez, tengo que estar detenido aquí como un delincuente en medio de una crisis de emergencia sanitaria”, contó Rajabu Kilamun.

Fiona, una de las mujeres detenidas, con quien Amnistía Internacional habló por teléfono, dijo que algunas mujeres estaban mal de salud y parecían tener erupciones cutáneas. Cuando pidió que la viera un médico, le dijeron que esperara a que llegara el visitaba el centro cada dos semanas. Contó a Amnistía Internacional:

“Llevo ya un mes aquí y les aseguro que la situación es tan mala como cuando llegué. Ni siquiera nos dan jabón suficiente para lavarnos las manos, y si no tienes dinero para comprarlo siempre te falta. Estoy preocupada por mi salud, porque veo que otras mujeres que llevan aquí más tiempo que yo han enfermado y empiezan a tener erupciones por las colchas sucias que nos dan."

 

Una de las personas entrevistadas calculaba que al menos 20 de las personas recluidas en Ouardia habían sido ya acusadas formalmente de delitos y estaban a la espera de que las deportaran a sus países de origen. Un hombre explicó a Amnistía Internacional que estaba en el Centro de Ouardia desde finales de marzo, tras haber pasado un tiempo en prisión preventiva. Dijo que estaría detenido hasta que pudieran enviarlo a su país de origen. Explicó que la mayoría de las personas recluidas se estaban quedando sin dinero, por lo que no iban a poder ya comprar productos ni artículos de limpieza.

“Si hay personas que de verdad quieren regresar a sus países de origen, las autoridades tunecinas deben hablar con los gobiernos pertinentes para garantizar su retorno voluntario, digno y en condiciones de seguridad, respetando plenamente, por supuesto, el principio de no devolución (non-refoulement)”, ha afirmado Amna Guellali.